Alejandro Chanona Burguete.
En el actual contexto internacional, la seguridad energética se concibe más allá de la garantía al acceso a los recursos energéticos. Se trata de un concepto que integra además la competitividad económica y la protección del medioambiente.
Tal y como lo señala el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la seguridad energética “es un término que se aplica a la disponibilidad de energía en cualquier momento en diversas formas, en cantidades suficientes y a precios accesibles; sin un impacto irreversible contra el medio ambiente.” En el caso de México, a estas consideraciones hay que agregar el papel que el petróleo ha jugado como palanca del desarrollo y a Pemex como un referente de la soberanía nacional. Situación que explica que tradicionalmente la política energética del país ha estado centrada en el sector de hidrocarburos.
¿Cuáles son los principales retos que enfrenta México para garantizar su seguridad energética? ¿Por qué es necesaria una reforma?
La capacidad de producción de petróleo crudo de México ha disminuido de forma considerable, al pasar de 3 millones 384 mil barriles diarios en 2004 (año en que se alcanzó el nivel máximo de producción), a 2 millones 546 mil barriles diarios para noviembre de 2012. Las reservas probadas del país (1P) alcanzan 13,810.3 millones de barriles, equivalentes a 10 años de producción, con una tasa de restitución de 101.1%. El petróleo de fácil extracción se está agotando y Pemex necesita tecnología para la perforación en aguas profundas y para la exploración de los nuevos yacimientos.
Pemex aporta el 37% del presupuesto del gobierno federal, durante 2011 estos recursos alcanzaron $62,615 millones de dólares, prácticamente 80% de sus ingresos netos. En consecuencia, la empresa presenta márgenes negativos de rendimiento, ha tenido que recurrir al endeudamiento y no tiene posibilidades de invertir en desarrollo tecnológico, ni en planes de exploración y perforación más ambiciosos.
México importa el 50% de la gasolina que consume, lo que ha generado fuertes presiones sobre las finanzas públicas: en noviembre de 2012, el subsidio a las gasolinas y el diésel alcanzó 206,000 millones de pesos, el doble de lo ejercido por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
El desarrollo de energías alternativas limpias avanza de forma gradual. La matriz energética mexicana está constituida por combustibles fósiles principalmente. En 2011 esas fuentes de energía constituyeron el 86.8% del total del consumo de energía (44.7% petróleo crudo y petrolíferos y 42.1% gas natural y condensados), con su consecuente impacto en materia de emisión de Gases Efecto invernadero a la atmósfera.
¿Cómo hacer que el sector energético contribuya de forma decidida al desarrollo del país? ¿Cómo conciliar nuestras necesidades de crecimiento económico y uso intensivo de la energía con los compromisos del país en materia de reducción de Gases Efecto Invernadero para la mitigación del cambio climático? La próxima reforma energética debe ser integral y progresista, a partir de tres pilares: garantía del abasto, promoción del desarrollo nacional y compromisos con el medioambiente.
Es momento de buscar soluciones de carácter integral que atiendan tanto las necesidades más urgentes, pero que sienten las bases de un proyecto a largo plazo. “El país tiene que resolver el dilema de Pemex, lo que implica que el gobierno cambie su relación con la empresa y que se le otorgue autonomía de gestión”, como escribe el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en su texto, “Pemex: capacidades actuales y estrategias para el futuro”.
Ello necesariamente implica que progresivamente se despetrolicen las finanzas públicas a través de una reforma fiscal y se revise la relación y compromisos con su poderoso sindicato en relación a este rescate virtual de la empresa para hacerla competitiva. Es previsible que nuevamente se abran los debates sobre la participación del capital privado en PEMEX con el objeto de allegarse tecnología de punta e inversiones suficientes.
Desde nuestra perspectiva, cualquier reforma debe garantizar la propiedad de la nación sobre los recursos naturales en su territorio; que la política energética esté claramente rediseñada por el Estado a favor de las necesidades e intereses del país; y que se mantenga la rectoría del Estado en los planes de esta industria.
El Estado tiene la responsabilidad de aprovechar este recurso estratégico y de tomar decisiones orientadas a maximizar los beneficios para la sociedad mexicana.
Hay que revisar las experiencias exitosas de Noruega, Brasil y Colombia e incluso la de Cuba y su relación con empresas como Repsol (España), Petrobras (Brasil), Statoil (Noruega), ONGG (India), Zarubezhneft (Rusia) y PDVSA (Venezuela). Debemos aprender, en un marco comparado, de otros ejemplos en el que el Estado no pierde la rectoría frente a particulares, ni mucho menos compromete las ganancias de un bien público. Lo cierto es que se debe ser certero en el diagnóstico y evitar las tentaciones simplistas que descalifican o dogmatizan posiciones. Lo que no se puede permitir es la renuncia del Estado a favor de intereses particulares.
En cuanto a los compromisos con el medioambiente, una reforma integral tendrá que incluir el tema relacionado con las energías limpias y el impulso de la economía verde. En este sentido, queda claro que cualquier reconsideración de la industria de los hidrocarburos como palanca del desarrollo nacional, tendrá que hacerse bajo criterios de sustentabilidad.
Finalmente, México no puede dejar de considerar el papel que juega en el tablero de la seguridad energética norteamericana. El país tendrá que definir claramente sus prioridades en la materia y delinear estrategias para contrarrestar lo que hasta ahora ha sido una tendencia: fungir como un garante de la seguridad energética estadounidense y ser incapaz de asegurar la propia, haciéndose cada vez más dependiente de las gasolinas y el gas provenientes del mercado estadounidense las gasolinas y el gas provenientes del mercado estadounidense.
