La movilidad urbana es un tema de rezago y falta de planeación en la mayoría de las ciudades del país. Jalisco no es la excepción, su servicio de transporte público ha permanecido secuestrado por la mezquindad y los intereses políticos de los gobiernos estatales en turno.
Principalmente el área metropolitana de Guadalajara, ha vivido en la inmovilidad porque los intereses particulares y las redes de complicidad, han sido mucho más fuertes que la voz y las exigencias ciudadanas, que buscan construir un nuevo modelo de transporte público y un verdadero sistema de movilidad incluyente, integral y de calidad. Actualmente, 5 mil unidades de transporte público dan servicio a casi 3 millones de tapatíos, a través de un modelo rebasado, obsoleto, ineficiente e inseguro. Debido a esto, la definición de las tarifas del transporte es un tema social muy sensible y que merece el mayor compromiso de quienes toman decisiones en el estado. No obstante, sucede todo lo contrario.
Prueba de ello es que en la sesión de la Comisión de Tarifas de agosto de 2012, los transportistas del estado, en acuerdo con los alcaldes priistas metropolitanos, aprobaron incrementar de 6 a 7 pesos la tarifa del transporte, con el voto en contra de Alberto Uribe, entonces alcalde interino de Tlajomulco de Zúñiga. Esta alza estuvo amparada en estudios técnicos poco claros e incompletos, y que no contemplan la capacidad económica de los usuarios, ni tampoco establecen compromisos de mejora en la calidad del servicio. Con estos argumentos, los cinco diputados locales de Movimiento Ciudadano y el presidente de Alianza Ciudadana, Enrique Alfaro, presentaron recursos legales para combatir el aumento al transporte público. Otras organizaciones sociales también presentaron juicios, los cuales ayudaron a ganar tiempo.
El pasado 2 de abril el actual gobierno estatal, cuyo titular es el priista Aristóteles Sandoval, autorizó incrementar la tarifa a 7 pesos, argumentando que ya no había recursos legales que lo impidieran. Sin embargo, horas después del anuncio, Movimiento Ciudadano consiguió una suspensión por parte del Tribunal Administrativo del Estado (TAE) que echaba abajo este atropello a los jaliscienses. Frente a ello, el gobierno estatal emprendió una millonaria campaña mediática para intentar engañar a los jaliscienses diciendo que fue Aristóteles quien frenó el aumento y, a su vez, promovió un acuerdo con los transportistas para “transformar” el sistema de transporte público en la ciudad.
El pasado 12 de abril se reunió de nuevo la Comisión de Tarifas para “provisionalmente” dejar sin efecto el incremento. En dicha sesión, Ismael del Toro, alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, y el representante del gobierno de Puerto Vallarta, solicitaron que la tarifa se “congelara” en 6 pesos, en tanto no se definiera un plan de movilidad con compromisos específicos y se pusiera en marcha una comisión ciudadana de evaluación de la calidad en el servicio. Los representantes del gobierno del estado y del PRI se negaron.
Hoy, Movimiento Ciudadano reitera al gobernador del estado congelar la tarifa del transporte público hasta que se reconfigure el sistema de movilidad en la ciudad; que se ciudadanice el modelo de definición de las tarifas y que éstas se definan a partir de indicadores económicos, sociales y de calidad del servicio; que se transparente el acuerdo con los transportistas; y que el tema de transporte público sea considerado prioridad en la agenda del gobierno estatal.
Finalmente, Movimiento Ciudadano ya trabaja en un paquete de iniciativas para transformar el sistema de movilidad y de transporte público en las principales ciudades de Jalisco, que tenga una verdadera concepción de los derechos de los usuarios y los ciudadanos, que tenga firmeza para acabar con los poderes fácticos, que tenga visión para darle sustentabilidad a la ciudad y que tenga racionalidad para articular un modelo integral de transporte público.
