Jubilaciones y pensiones

Por considerar la importancia de hacerse cargo de la vida de las personas de la tercera edad (preocupación creciente de los gobiernos a nivel mundial), y entendiendo la importancia de que se divulguen algunos conceptos que deberán formar parte de la lucha política del país para conseguir el respeto y la concientización de los problemas sociales a que se enfrentan las y los mexicanos que llegan a esta etapa de su vida, presentaré en El Ciudadano tres publicaciones en donde trataré de dar a conocer el origen y el estado actual de este problema, así como una proyección hacia el futuro, para que se logre la participación de la sociedad en la búsqueda de una solución.

La complicación ocasionada por las pensiones y las jubilaciones es en el mundo motivo de alarma pues en todas las naciones se ha reflejado como un presupuesto que afecta gravemente la economía de los países, no importa si son del mundo desarrollado o del mundo en desarrollo.

Hay muchas razones que provocan este fenómeno, que además de su importancia social, no parece tener una solución equitativa viable en el mundo.

Los avances en la medicina, la tecnología y el desarrollo social de los países, han determinado un cambio considerable en la esperanza de vida ya que, cuando en los años ´70 estaba calculada en un promedio de 60 ó 65 años, actualmente en los países desarrollados está llegando a los 80 años, y en los subdesarrollados a un promedio de 70 ó 75, lo que da al traste con los cálculos que se tenían para el cumplimiento de las obligaciones del sistema de retiro.

A esto debe agregársele que, por la misma razón del mejoramiento de la vida social en el mundo, el control de la natalidad ha hecho que la tasa de nacimientos haya bajado a niveles generales de dos hijos por familia, lo que lleva a un enorme aumento de la población adulta que llega al período final de su vida laboral y a la falta de jóvenes empleados que ayuden con su participación a mantener los niveles económicos necesarios para el cumplimiento de los programas.

En los años en los que México estableció el compromiso de ayudar a los adultos a vivir una vejez digna una vez que concluyó su vida laboral, se decidió establecer un sistema de reparto basado en la solidaridad que debe existir entre los que más tienen y los que menos tienen.

Así se crearon la Dirección de Jubilaciones y Pensiones para los Empleados al Servicio del Estado, y para los obreros y fuerza laboral con contrato colectivo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes recibían un porcentaje de los salarios de los trabajadores, así como un parte correspondiente a los dueños de las empresas y, desde luego, una aportación gubernamental que garantizaba este indudable avance en la vida social del país.

En el tiempo en el que se hicieron los cálculos actuariales para determinar la reserva económica que debía existir para estos fines, la edad para pensionarse se pactó en 50 años para mujeres y 55 para los hombres, así como 30 años de servicio efectivo para obtener la jubilación.

Hubo además algunas variantes que se fueron obteniendo a través de las conquistas laborales ganadas por las organizaciones sindicales, que llevaron a obtener derecho a estas prestaciones con solo 500 semanas de trabajo independientemente de las otras dos causales.

Las condiciones económicas del país en los años en que estos avances se realizaron eran suficientemente buenas para administrar estos fondos, especialmente en el caso de los asegurados con el IMSS, pues por ser un instituto de nueva creación, la capitalización del fondo aumentaría en muy buena proporción para responder a las necesidades dado que faltarían muchos años para tener que cumplir el compromiso.

En el caso de la Dirección de Pensiones el fenómeno era similar, pero pronto se dieron cuenta de que no convenía tener aislados los servicios médicos y sociales para los trabajadores del Estado y una oficina diferente para las pensiones y jubilaciones, de tal manera que se decidió fundirlas en una nueva institución llamada Instituto Nacional de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, por siglas ISSSTE, que es como funciona actualmente.

Así transcurrieron los años sin que se resintiera ningún problema económico a este respecto, tanto así que en forma equivocada, en el Seguro Social se decidió utilizar las enormes reservas del RJP en la construcción de la infraestructura que necesitaba la institución para otorgar por cuenta propia los servicios a los otros ramos de aseguramiento.

La autorización fue girada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la única salvedad de que el Instituto adquiriera el compromiso de pagar los préstamos que para estos efectos tomara del Régimen, pagando además la tasa de interés establecida por el Banco de México.

Esta parte del compromiso nunca se cumplió por la falta de organización que a ese respecto existió muchos años en el IMSS, razón por la cual se descapitalizó el fondo que debía existir, ocasionando que empezaran a vivirse problemas en el cumplimiento de esta prestación.

Para las dos grandes instituciones de seguridad social, el cambio en la esperanza de vida de los adultos les llevó en un lapso corto de tiempo a declarar la imposibilidad de cumplir en tiempo y forma con el derecho ganado por los trabajadores, llegando al momento actual en que los trámites para obtener la pensión o la jubilación duran muchos meses en los cuales los solicitantes batallan para sobrevivir.

Por estas razones, en el año de 1994 se copió el modelo chileno que consistía en cambiar el esquema solidario de reparto por el de capitalización individual, y que según algunas teorías, había resuelto este agudo problema en otras partes del mundo, especialmente en Sudamérica: Uruguay, Argentina y desde luego en Chile. El sistema consiste en crear una institución que se encarga de recibir las cuotas obrero patronales más la aportación del Estado e invertirlas en proyectos sin riesgo para aumentar el capital, lo que al final de la vida les es devuelto a cada uno de los aportantes quienes, con dicha cantidad, tendrán que contratar en un seguro privado la proporcionalidad en la que deseen les sean entregados los fondos, o bien, retirarlos todos en una sola exhibición terminando así el compromiso institucional.

Este sistema ofrece la ventaja de que permite la capitalización individual, de que cada uno de los trabajadores pueda depositar en la cuenta que tiene en la AFORE, con la periodicidad que quiera, aportaciones económicas que harán crecer el monto total de la cuantía ahorrada, misma que pasará a formar parte del ahorro reunido en su vida laboral.

Al paso de los años, este sistema ha demostrado no ser en su aplicación lo que se esperaba, pues la experiencia ha reportado que el monto al que puede llegar un trabajador promedio (en términos nacionales, con un sueldo equivalente a tres salarios mínimos) al término de su vida laboral, lo más que puede obtener para su jubilación ó pensión, es la cantidad correspondiente a un salario mínimo sin importar cuál fuera el nivel económico que disfrutaba en activo.

Este resultado significa que el fracaso reconocido de este tipo de pensión necesita ser estudiado para poder cumplir con la obligación del Estado de garantizar, hasta el término de la vida, la tranquilidad económica de la que se habla en la Constitución.