De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, la Cruzada Nacional contra el Hambre “es una estrategia integral que conjuga los esfuerzos de la sociedad y el gobierno, para erradicar la pobreza extrema y la carencia alimentaria en 7.4 millones de mexicanos”.
En una primera etapa del programa, la Sedesol ha seleccionado a 400 municipios del país para la aplicación de los programas de la Cruzada, dentro de los que se incluyeron cuatro delegaciones del Distrito Federal: Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y Tlalpan.
De acuerdo al Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, las cuatro delegaciones con mayor porcentaje de personas en pobreza extrema son Milpa Alta, con el 6.2 por ciento de su población (6 mil 239 personas); Tláhuac, con el 3.4 por ciento (13 mil 547); Iztapalapa, con el 3.2 por ciento (63 mil 17), y Xochimilco, con el 2.7 (11 mil 886). Por otra parte, las cuatro delegaciones que incluye la Cruzada son las que –en términos absolutos– acumulan el mayor número de personas en pobreza extrema ( 120 mil 52).
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Dr. Miguel A. Mancera, ha dado a conocer que se buscará la firma de un convenio entre las delegaciones y la Sedesol para que sean incluidos los puntos de vista de los jefes delegacionales. Al respecto, por ejemplo, Jesús Valencia, Jefe Delegacional en Iztapalapa, ha señalado que es imposible separar el problema del hambre del de la falta de líquido vital, por lo que ha propuesto al Presidente de la República que el uno por ciento del presupuesto de la Cruzada Nacional contra el Hambre sea destinado a resolver el problema del desabasto hídrico en la delegación más poblada de la capital del país. Es decir que de los 289 mil millones de pesos que tiene presupuestados, 2 mil 890 millones se destinen para resolver en tres años, tres ejercicios fiscales, el problema del agua.
Diversos comentarios han sido vertidos en torno a la Cruzada Nacional, desde los muy optimistas hasta los más críticos. Para Movimiento Ciudadano, preocupan fundamentalmente dos aspectos:
1. Se han dado a conocer diversos convenios con empresas privadas, como el caso de Nestlé, en el que se anunció que capacitarán a 15 mil mujeres para vender sus productos–que no cumplen con las características nutricionales recomendables–, lo cual resulta sumamente grave. Estamos ante una privatización de los programas sociales que, además, va en contra de la promoción de una alimentación saludable; se privilegia a empresas transnacionales, sin resolver un problema de producción local y con el agravante de promocionar alimentos que no resuelven el problema de la desnutrición, sino que lo agravan.
2. El uso de la Cruzada como un programa de promoción y cooptación del voto, como ha quedado lamentablemente expuesto en el caso de Veracruz, donde diversos funcionarios estatales y de la Secretaría han sido públicamente exhibidos en una maniobra de esta naturaleza, lo que ha llevado a que la titular de la Sedesol sea citada a comparecer ante el Senado de la República.
Es indispensable determinar reglas claras para la operación de la Cruzada, estableciendo lineamientos jurídicos, políticos y sociales que resulten en una aplicación transparente de los programas, de forma que realmente beneficien a la sociedad y no a un partido político. De lo contrario, estaremos otra vez ante esfuerzos que, por su opacidad y malos manejos, se queden en el cada día más grande y extenso capítulo de la simulación.