José Jacques y Medina
El día 5 de junio de este año, una delegación de niños ciudadanos norteamericanos, hijos de padres indocumentados en peligro de ser deportados o ya deportados de los Estados Unidos, encabezados por Saúl, hijo de la emblemática migrante Elvira Arellano, sostuvieron una reunión con miembros del Congressional Hispanic Caucus, formado por representantes y senadores de origen hispano del congreso estadounidense.
Después, los niños caminaron a las puertas de la Casa Blanca a entregar cartas de la niñez ciudadana al presidente Obama solicitando que se incluya en la iniciativa de ley la oportunidad de regularización migratoria a los padres deportados antes del 31 de diciembre de 2011.
Llegaron a Washington provenientes de varios estados de México, Centroamérica y los Estados Unidos, varias docenas de niños nacidos en la unión americana que, a más de su edad, tienen en común la posibilidad de la deportación de sus padres o el hecho trágico de que alguno de ellos, o ambos, ya fueron removidos del país por falta de documentación migratoria. Niños y jóvenes a los que involuntariamente les tocó nacer allí y por ello cuentan con la nacionalidad de ese país.
El tema de la división de familias con status migratorio mixto, donde conviven ciudadanos, indocumentados y migrantes con autorización, es tema álgido en el debate del congreso norteamericano, donde lo político supera lo humanitario. De aquí la importancia y razón principal de la presencia de la niñez ciudadana ante los legisladores de la cámara baja.
El pasado 21 de mayo, el Comité Judicial de la Cámara de Senadores aprobó por 13 votos contra 5 la iniciativa de ley Border Security, Economic Opportunity, And Inmigration Modernization Act Of 2013, que fue aprobada por el pleno del Senado el 26 de junio por 68 votos a favor y 32 en contra. Esta iniciativa pasó a la Cámara de Representantes con el propósito de ser aprobada como tal, o en su caso, sufrir modificaciones en su contenido, lo que obligaría a la realización de una conferencia de ambas cámaras para aprobar o rechazar una propuesta final que cubra sus expectativas y las de ambos partidos.
La iniciativa de ley del Senado, de entrada, ya ha dejado fuera de contexto y de su articulado una serie de cuestiones relacionadas, entre otros temas, con familias migrantes con hijos nacidos en Estados Unidos y cuyos padres fueron deportados o se encuentran bajo procesos de deportación. La ley actual, por ejemplo, solo beneficia a las familias indocumentadas cuyos padres hayan sido deportados después del 31 de diciembre del 2011 y hasta la fecha de la aprobación final de la ley de reforma migratoria.
Una de las contradicciones que saltan a la vista de la aplicación actual de la política migratoria es que continúan deportando, según cuota oficial, 1,400 migrantes diariamente (mediante la Operación EndGame 2003-2012, se dio la remoción de entre 8 y 10 millones de indocumentados en 10 años). No se explica la lógica de seguir deportando cuando la propuesta de ley, de facto, los califica para regularizar su situación migratoria. Es evidente que se requiere una moratoria en las deportaciones en tanto se defina el procedimiento de regularización aprobado por el Senado.
En el caso de quienes fueron deportados antes de la fecha señalada, no tendrán derecho a los beneficios de la reforma migratoria, incluso y a pesar de tener hijos nacidos en los Estados Unidos, y en la misma situación de inminente separación familiar se encuentran los jóvenes llamados Dreamers, a quienes se les otorgó un procedimiento de regularización llamado “acción diferida”, pero que no incluye a sus padres (este beneficio fue eliminado por votación en pleno de la Cámara de Representantes).
Todo esto tiene que ver directamente con la cuestión familiar, con su natural unidad humana, misma que está ausente de la legislación actual o del debate político en torno a la aprobación o no, de lo que el Senado está cocinando como reparación a las leyes de migración quebradas, desmembradas, injustas.
El debate político del momento sobre la iniciativa del Senado es: o se acepta la iniciativa del Senado tal cual, sin que se le haga ninguna modificación en la Cámara de Representantes, o no tendremos ninguna reforma migratoria. Esto implicaría que el tema de la unidad familiar de los migrantes sería incierto y quedaría para eventualmente resolverse en algún tiempo del futuro, quizá con otra iniciativa de ley que incluyera la posibilidad de la unidad familiar de las personas migrantes.
En 1990, durante el debate de la Convención de los Derechos de los Migrantes en la ONU, fue de gran impacto mundial el haber incluido en su título y cuerpo las palabras “y sus familiares”; sin embargo, Estados Unidos continúa sin estar obligado, habiéndose negado a suscribir y ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, el 18 de diciembre de ese año.
Actualmente, en el seno de la casa de representantes, donde la mayoría son del Partido Republicano, existe una gran actividad de cabildeo entre los propios representantes demócratas, incluyendo a los de origen latino, para que se acepte la iniciativa del Senado tal como está y que no se admitan modificaciones, sin importar que se dejen afuera los derechos faltantes, verbigracia, la aludida unidad familiar, base del tejido social de la unión americana.
Es el presidente Barack Obama quien encabeza este planteamiento, seguido por senadores y representantes demócratas quienes desde 2008 han enarbolado la bandera “Defendamos a Obama”. De esta manera, quienes se opongan a la aprobación de la ley tal como está, y se nieguen a conculcar el derecho de la niñez ciudadana a vivir acompañada de sus padres, serán considerados enemigos de la política de la Casa Blanca.
Las preocupaciones de quienes actúan con responsabilidad se sustentan en que durante la administración de Obama, se han deportado a casi dos millones de personas sin documentos, en su gran mayoría de origen latino mexicano, y casi 200 mil niños ciudadanos han sido obligados a abandonar su lugar de nacimiento y han sido forzosamente desplazados al seguir a sus padres. Desde 1976, con la Ley de Joshua Eilberg, el derecho ciudadano de peticionar a los padres como primera preferencia migratoria fue condicionado a la niñez de origen mexicano hasta que cumplieran los 21 años de edad y optaran por la nacionalidad norteamericana. La ley actual propuesta y aprobada por el Senado, no solo ratifica la anterior de 1976, sino que incluso excluye a quienes fueron removidos del país antes del 31 de diciembre de 2011.
Al parecer, cuando las consideraciones electoreras predominan, los papeles sociales se invierten: mientras la preocupación principal de la niñez debería ser usar su tiempo en dedicarse a jugar, y los políticos por su parte en cuidar las leyes y obligaciones constitucionales y humanitarias, en el mundo al revés se observa a la niñez cabildeando y custodiando los derechos humanos universales, mientras los políticos dedican su tiempo al juego, en este caso, el juego político/electoral.
La campaña de la niñez ciudadana por los derechos humanos universales plenos continúa, y sabemos de antemano que regresarán el día de mañana a reclamarlos, pues son el futuro de la lucha de las familias migrantes binacionales.
