Diputada Nelly Vargas Pérez
El bullying o acoso escolar, se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas, que ocurren sin una razón clara, adoptadas por uno o más estudiantes en contra de uno o varios compañeros. Este fenómeno no distingue raza, religión ni posición social, por lo que cualquier estudiante está expuesto a padecerlo en cualquier momento, ya que actualmente no se cuentan con los mecanismos legales para contrarrestar dicho problema que aqueja a la sociedad a nivel mundial.
A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona, o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de provocar lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo, privaciones e incluso la muerte. El maltrato o violencia infantil, también suele ser definida como: toda conducta de acción u omisión, basada en la concepción de superioridad y/o en el ejercicio abusivo de poder, que tiene como objeto producir un daño físico, psicológico o sexual, perjudicándose el desarrollo del menor de edad, ya sea en primer término en el seno familiar, en la escuela, o en el medio social.
El bullying es una enfermedad social que no reconoce fronteras, presente en todos los sectores y clases sociales, que afectan el desarrollo armónico, íntegro y adecuado de un menor, comprometiendo su educación y, consecuentemente, su desenvolvimiento escolar, con disturbios que ponen en riesgo su socialización y, por tanto, su conformación personal, social y profesional.
De acuerdo a un estudio realizado por la secretaría general de la ONU sobre la violencia entre los niños, en el año 2007, en México el 65% de los niños y niñas en edad escolar han declarado haberlo sufrido, esto quiere decir que 7 de cada 10 niños y jóvenes han sufrido bullying en alguna etapa de su vida escolar.
Hoy en día el 50% de los suicidios entre jóvenes están relacionados a este fenómeno. Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), revela que nuestro país se encuentra en el primer sitio a escala internacional en cuanto al número de casos de acoso escolar en nivel secundaria.
El estudio denominado “El bullying o acoso escolar” refiere que de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 11 % de los estudiantes mexicanos de primaria han robado o amenazado a algún compañero. El brote de violencia en las escuelas puede condicionar una infracción futura, pues sabemos que el bullying es la antesala del pandillerismo y la delincuencia, ya que el maltrato infantil impacta no sólo en la calidad de vida del individuo, sino también en su desarrollo social, sin considerar los daños físicos, que pueden llegar a ser permanentes.
El vacío legal en la materia se ha convertido en un obstáculo para el resguardo de los derechos infantiles; sin embargo, al detectar estas lagunas legales, algunos países fueron construyendo un marco jurídico que les permitiera proteger a los niños.
En 2012, la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República reveló que, a escala nacional, existe un registro de 5 mil personas que perdieron la vida por acoso escolar, de las cuales 4 mil 201 eran varones y 989 mujeres. Debido a lo anterior vale la pena destacar que, en la búsqueda de prevenir este tipo de conductas, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar, que se publicó el 31 de enero del 2012, quedando establecido en su artículo 32 el maltrato entre escolares de la siguiente forma:
“Se considera maltrato entre escolares, las conductas de maltrato (sic.) e intimidación, discriminación entre estudiantes de una comunidad educativa. Asimismo, genera entre quien ejerce violencia y quien la recibe una relación jerárquica de dominación sumisión, en la que el estudiante generador de maltrato vulnera en forma constante los derechos fundamentales del estudiante receptor del maltrato pudiendo ocasionarle repercusiones en su salud, bajo rendimiento en su desempeño escolar, depresión, inseguridad, baja autoestima, entre otras consecuencias que pongan en riesgo su integridad física y mental”.
Sin lugar a dudas, el fenómeno del bullying en nuestro país ha alcanzado cifras alarmantes, que han hecho que diversos sectores de la sociedad fijen su atención en atender la violencia en los centros escolares.
Debemos darnos a la tarea de incluir a los tres órdenes de gobierno, desde sus respectivas competencias, para que desarrollen e implementen programas y acciones para prevenir, detectar y atender el acoso escolar, o cualquier otra forma de maltrato físico y/o psicológico entre y hacia los estudiantes, así como que se incluya a todos los agentes involucrados en el entorno escolar, a fin de impulsar el derecho a una educación libre de violencia.
Otra línea de acción con la que podemos contar para atenuar este severo problema es la identificación, y consecuente sanción penal, de aquellos maestros que violenten de manera física y psicológica a nuestros niños y jóvenes. Es de suma importancia recalcar que en casa se educa y en el aula se imparten conocimientos básicos, de los cuales la tarea más importante es la construcción y anclaje de emociones de respeto, amor y solidaridad, en nuestros jóvenes.
