Promovemos y sometemos a la consideración del Congreso del Estado, la propuesta de iniciativa de “Ley de la Revocación de Mandato en Yucatán”, como el derecho ciudadano de destituir a cualquier representante electo por medio del voto directo, dando por terminada una orden que los mismos confirieron, fundamentando su solicitud en el incumplimiento de promesas de campaña, al Plan de gobierno, o a los lineamientos que manda el orden jurídico.
En estos tiempos resulta indispensable ampliar y profundizar los mecanismos mediante los cuales, con la participación consciente y organizada de la ciudadanía, se trascienda la democracia representativa y se construyan los cimientos de la democracia participativa en nuestro país, para perfeccionarla con mecanismos de democracia directa, que sean capaces de resarcir las deficiencias del sistema.
Por ello, quienes conformamos el Partido Movimiento Ciudadano, así como ciudadanos integrantes de otros esfuerzos sociales, comprometidos en democratizar nuestra vida pública, presentamos la propuesta considerando que nuestra entidad, y el país, requieren nuevos instrumentos que amplíen las posibilidades de una mayor participación ciudadana para erradicar el sentido demagógico y deshonesto con el que actúan quienes han considerado, y/o consideran, que los recursos públicos son su patrimonio personal, y actúan desentendiéndose de los compromisos hechos con el electorado.
Esta herramienta tiene el propósito de hacer del cumplimiento de la voluntad ciudadana una forma de vida. Creemos que este tránsito democrático debe de estar respaldado por dispositivos de sanción y participación ciudadana, que doten al electorado del poder de restituir o dejar sin efecto el mandato, otorgado mediante el voto, de aquella autoridad que no cumpla con los requerimientos y las expectativas de la población.
Este recurso ciudadano ha posibilitado que las personas de otras latitudes del orbe amplíen y profundicen sus niveles de participación democrática, para así, evitar y prevenir los perjuicios que para su presente y su futuro pudieran generar los gobernantes que no están cumpliendo con la encomienda surgida de las urnas. Esta medida ha tenido una gran aceptación y proliferado en los países constitucionalistas contemporáneos como un complemento de la vida democrática, ya que permite al ciudadano intervenir para interrumpir el periodo para el que fue electo el gobernante incompetente, deshonesto, irresponsable o que no responde a la ciudadanía.
No sería necesario que un funcionario cometa un delito grave para ser destituido. La revocación es una opción de defensa ciudadana para combatir el influyentismo, el compadrazgo, el nepotismo y el todo tipo de complicidades, para evitar que los que nos representan sirvan a otros fines, sabiendo que de no desempeñarse de manera debida, serán susceptibles de ser destituidos.
La revocación es una alternativa al juicio político. El juicio político se activa a través del aparato legislativo, y la revocación es un mecanismo de democracia semi directa o participativa, que es activado directamente por los ciudadanos, a través del Instituto Electoral del Estado, por lo que no necesita la aprobación del poder legislativo.
La revocación de mandato es un derecho o facultad que asiste a los electores con fundamento en la teoría: “sólo quien otorga un mandato está facultado para revocarlo”, por lo que, al aplicarse, deja sin efecto la representación popular.
El respeto al federalismo en aras de la consolidación de la nación, ha dejado territorios que hoy son tierra fértil para abusos de gobernantes que distan de respetar el estado de derecho, por lo que en la actualidad se requiere, de manera urgente, marcar altos a aquel gobernante que tenga un mal desempeño en el ejercicio del poder público.