Luis Gutiérrez Rodríguez
La Reforma Energética y Pemex
El viernes 18 de marzo de 1938, por la noche, el presidente Lázaro Cárdenas anunció en conferencia de prensa efectuada en el Palacio Nacional, la expropiación “por causa de utilidad pública y a favor de la Nación”, de la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanque, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los bienes muebles e inmuebles de 17 compañías extranjeras dedicadas al “descubrimiento, captación, conducción, almacenamiento, refinación, y distribución de los productos de la industria petrolera”.
El primer artículo del decreto expropiatorio incluyó los nombres de las empresas afectadas: Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, Huasteca Petroleum Company, Sinclair Pierce Oil Company, Mexican Sinclair Petroleum Corporation, Penn Mex Fuel Company, Richmond Petroleum Company de Mexico, California Standard Oil Company of Mexico, Consolidated Oil Company of Mexico y Sabalo Transportation Company, entre otras.
Lázaro Cárdenas fue más allá en su objetivo nacionalizador. El 30 de diciembre de 1939 promulgó la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de Petróleo, cuya publicación oficial ocurrió el 9 de noviembre de 1940. Es importante recapitular aquella ley reglamentaria.
El artículo primero definió: “Corresponde a la Nación el dominio directo de toda mezcla natural de carburos de hidrógeno que se encuentran en su yacimiento, cualquiera que sea su estado físico. Esta ley comprende con la palabra petróleo a todas las mezclas naturales de hidrocarburos que lo componen, lo acompañen o se deriven de él”.
El artículo 6 precisó: “El petróleo a que se refiere el artículo 1º será explorado y explotado por la Nación […] mediante trabajos realizados en forma directa”. El artículo 7 estipuló: “podrán celebrarse contratos con los particulares, a fin de que estos lleven a cabo por cuenta del gobierno federal, los trabajos de exploración y explotación, ya sea mediante compensaciones en efectivo o equivalentes a un porcentaje de los productos que obtengan”.
Pero el artículo 9 de aquella reglamentación no dejó lugar a dudas: “Los contratos de que hablan los artículos anteriores, solo podrán celebrarse con nacionales o con sociedades constituidas íntegramente por mexicanos”.
Para mayor precisión, el artículo 12 dejó en claro que la Secretaría de Economía Nacional “podrá otorgar concesiones para la construcción de refinerías y de oleoductos y para la distribución del gas”, pero (inciso I): “Solo podrán expedirse a las personas de que habla el artículo 9”. En síntesis:
1.Lázaro Cárdenas expropió y nacionalizó empresas petroleras extranjeras.
2.Lázaro Cárdenas reglamentó (no reformó) el Artículo 27 constitucional, que autoriza celebrar contratos con particulares para trabajos de exploración y explotación, pero “solo podrán celebrarse con nacionales o con sociedades constituidas íntegramente por mexicanos”.
Después de 75 años, Enrique Peña Nieto y su gobierno conducen al país hacia una nueva política petrolera que implica el retorno de las empresas extranjeras al negocio de los hidrocarburos mexicanos. Y no solo eso: Peña Nieto y sus voceros dicen que se cumple así, “casi al pie de la letra” con los principios del ex presidente Lázaro Cárdenas, plasmados en la reglamentación del 27 constitucional, aprobada en 1940.
¿De qué tamaño será el trasfondo de la reforma propuesta por Peña Nieto, cuando llega al grado de invocar a Lázaro Cárdenas para propósitos tan opuestos a la vista? ¿Privatización a secas? Hace años que el sector privado participa en la cadena petroquímica, que es la que da valor agregado a los productos petroleros.
El tema es trascendental, y más allá de estridencias mediáticas, merece un debate con amplia participación social, como lo ha propuesto Movimiento Ciudadano. También hemos propuesto: a) que se modifique el régimen fiscal de Pemex para que tenga autonomía presupuestal y de gestión, y deje de ser la caja chica del gobierno; b) que se fortalezca a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos; c) que Pemex disponga de sus propios recursos y destine los excedentes a inversiones productivas; d) invertir más en investigación y desarrollo para incrementar la reserva petrolera probada.
No menos importante que reflexionar sobre la transición energética que lleve a México de los hidrocarburos a otras fuentes de energía no contaminantes, es la transición económica que implicará quitarle al gobierno su caja grande: de Pemex sale actualmente el 40 por ciento del gasto público anual del gobierno federal.
Y después del debate esperemos, lupa en mano, las iniciativas de reformas a la legislación secundaria con las que arropará el gobierno la reforma petrolera de Enrique Peña Nieto.