El pasado 1° de septiembre, lo que debería ser un acto simbólico del equilibrio de poderes se convirtió en un retroceso de nuestra democracia. El Congreso de la Unión se reunió para dos hechos relevantes: inaugurar el periodo de sesiones ordinarias del segundo año de actividades de la LXII Legislatura y recibir el informe que el Presidente de la República está obligado a entregar sobre el estado general que guarda la administración pública del país, lo cual no ocurrió.
Al Palacio Legislativo de San Lázaro, que se encontraba bajo estado de sitio por parte de agentes policiales, acudió el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien en representación de Enrique Peña Nieto entregó los dos gruesos volúmenes que contienen el Informe de Gobierno de la actual administración. Con este hecho, el Ejecutivo dio por concluida su obligación de rendir cuentas ante el Congreso de la Unión.
Satisfecho con realizar el “protocolo” de entrega del informe, efectuado por supuesto ante las cámaras de televisión y fotográficas de los medios de comunicación, el Gobierno Federal ignoró lo que la ley establece: que es el Presidente de la República quien debe presentar el informe y no un representante.
Para que no queden dudas, cito textualmente el artículo 69 de nuestra Constitución Política:
“En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país…”
En concordancia con nuestra Carta Magna, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos también especifica lo relativo a la presentación del Informe de Gobierno, en el primer párrafo del artículo 7:
“El primero de septiembre de cada año, a la apertura de las sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe de conformidad con el artículo 69 de la Constitución.”
Tanto en la Constitución Política como en la Ley Orgánica del Congreso General se detalla que será el Presidente de la República el obligado a presentar el informe, en ningún caso señala que sea un integrante del Poder Ejecutivo, como lo es el Secretario de Gobernación, o un representante.
No conforme con evadir su responsabilidad, Peña Nieto armó en la residencia oficial de Los Pinos el 2 de septiembre, es decir, fuera del lugar y del tiempo reglamentados por la ley, su propia ceremonia para rendir el informe.
Ahí, rodeado de los integrantes del Gabinete, correligionarios, legisladores afines y amigos, y sobre todo alejado de las expresiones de rechazo de los maestros contra la regresiva reforma educativa que había sido aprobada en un albazo legislativo durante una sesión nocturna el mismo 1° de septiembre, el Presidente se sintió muy a gusto para presumir “todos sus logros” y hacer nuevas promesas de que se seguirán aprobando reformas estructurales “indispensables para el desarrollo de México”.
Como lo hacía en sus mejores tiempos el viejo régimen priísta, el “informe” de Peña Nieto se dio bajo el siguiente formato: diagnóstico positivo de su gestión, aplausos; halago a sus decisiones, aplausos; promesas de más acciones, aplausos. Todo bajo un escenario controlado, sin opositores, sin manifestaciones o protestas, sin legisladores incómodos o discursos críticos. Lejos de la realidad.
Estas acciones reflejan fielmente los tiempos que vivimos, en los cuales resurgen prácticas que parecían haber quedado atrás, donde las conciencias se alinean ante el poder y los sectores afectados por la autoritaria forma de gobierno son golpeados, tanto física como mediáticamente. Son días complejos que nos demandan mayor compromiso. Movimiento Ciudadano lo sabe y está listo y dispuesto a seguir con la lucha.