Iniciativa para impedir que se condicione la inscripción a la escuela pública por el pago de cuotas
Al inicio de cada año escolar es recurrente la protesta de los padres de familia porque hay que pagar una cuota de varios cientos de pesos. De no hacerlo, se impide la inscripción de sus hijos, poniendo en entredicho el principio de educación pública gratuita, hoy amenazado por las tendencias privatizadoras y porque en el presupuesto de egresos para 2014, presentado por el gobierno de Peña Nieto, se prevé una reducción de 36% en inversión para infraestructura educativa.
El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior y ésta será obligatoria”. Además, en su fracción cuarta, determina que: “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”.
No obstante el ideal constitucional, la falta de inversión del Estado mexicano ha obligado a los padres de familia a contribuir económicamente para sostener la educación de sus hijos.
En un país que ocupa los primeros 15 lugares en producción de riqueza, pero tiene un índice de desigualdad social que lo ubica alrededor del número 50, la educación es fundamental para lograr mayor equidad y movilidad social.
A principios de este año 2013, el Congreso de la Unión acordó mediante reformas a la Ley General de Educación y al artículo 215 Bis del Código Penal Federal, prohibir el condicionamiento de la inscripción a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios, y estableció una multa a los directivos escolares que incurrieran en ello.
La ley de educación en el estado de Durango también lo prohíbe desde hace años, al establecer que: “En ningún caso podrán condicionarse la inscripción o el acceso al servicio educativo público, al pago del mencionado donativo”.
Ambas disposiciones legales, local y federal, no han podido acabar con el fenómeno, porque estas “cooperaciones voluntarias” se organizan de tal manera que muchos padres se sienten presionados a pagarlas.
Por ejemplo, en la ruta de los trámites, la mesa de la cooperación se encuentra antes de la de inscripción, además de que se han dado casos en que se señala o exhibe a los alumnos cuyos padres no han pagado.
Por eso, en el Congreso del Estado de Durango presentamos la iniciativa de reforma al artículo 7 de la Ley de Educación del Estado de Durango, donde proponemos que se prohíba cobrar cualquier tipo de cuota durante el período de inscripción, y que tenga que pasar cuando menos un mes para que los padres de familia aporten a las obras de mejoramiento de las escuelas. De esta manera la cooperación se vuelve realmente voluntaria.
Lo anterior tiene una virtud adicional. Mucha de la molestia de los padres de familia es el tener que desembolsar mucho dinero en poco tiempo durante el inicio de clases. Al posponer el pago de cuotas, se quita un poco de presión a la economía familiar.
Proponemos además que los donativos sean acordados inicialmente en una asamblea, y ratificados con su firma, por la mitad más uno de todos los padres de familia de la escuela, a fin de dotarlos de legitimidad.
Y finalmente se establece que los resultados de las obras de mejoramiento se den a conocer a los padres de familia, máxime cuando hubo la intervención de alguna instancia de gobierno.
Esta iniciativa contiene una estrategia práctica para lograr, en términos reales, la garantía constitucional de educación gratuita, equilibrar más la carga de los gastos en los padres de familia, y lograr un manejo más honesto y democrático de las cooperaciones escolares. De ser aprobada esta iniciativa por el Congreso de Durango, habremos de compartir sus resultados prácticos.