Entrevista con el abogado Federico Scheffler Kuhlmann.
Soy de la opinión de que el mayor problema de la reforma es que no es estructural o integral como la que se había anunciado. La reforma que se esperaba, me parece, debía contener una simplificación administrativa y fiscal, así como un aumento importante en la base de contribuyentes para que el Estado pudiera contar con más recursos para asignar al gasto público y tener una balanza fiscal más sana.
Es un tema que históricamente se ha politizado y trae aparejados costos políticos. Un tema básico que no toca la reforma fiscal es la generalización del impuesto al valor agregado (IVA) en alimentos y medicinas. Esto es algo que eventualmente se tendrá que reformar si se quiere que México tenga una tasa efectiva de recaudación igual a otros países de la OCDE. Un dato interesante: en su reforma fiscal para el 2014, aprobada recientemente, el gobierno de Japón aumentó el impuesto al consumo (equivalente a nuestro IVA). Nuestra reforma fiscal va exactamente en el sentido contrario.
Un aspecto positivo es la eliminación del impuesto empresarial a tasa única (IETU), que afectaba a contribuyentes en algunos casos de manera importante, y cuya complejidad requería asignar recursos para el cumplimiento de obligaciones fiscales. Desafortunadamente, las familias (especialmente las de clase media), serán las más afectadas por la reforma, pues incluye, por ejemplo: una limitación al monto de las deducciones personales, una tasa progresiva del impuesto sobre la renta (ISR) que puede llegar hasta el 35%, un gravamen sobre dividendos repartidos por sociedades y, sobre todo, limita la deducibilidad de las prestaciones de previsión social para las personas morales.
No necesariamente estoy de acuerdo. Me parece que disminuir los impuestos no es por regla la solución para acelerar la economía del país, ya que ello no genera forzosamente un mayor consumo ante una situación de incertidumbre como la que se vivió y de alguna manera estamos viviendo. En este sentido, ante una recaudación mayor, el Estado puede direccionar los gastos hacia las áreas que considera estratégicas.
Pero independientemente de la política fiscal que decida aplicar el país, lo que hay que considerar es que al inversionista en general, pero específicamente al extranjero, tal vez no le resulte atractivo invertir en un país que constantemente hace cambios repentinos y drásticos en su régimen fiscal. Ejemplos: la eliminación del IETU, creado hace menos de cinco años; las modificaciones al régimen fiscal para maquiladoras; la eliminación de beneficios fiscales para las Sibras (Sociedad de Inversión de Bienes Raíces); limitaciones para la deducción de gastos; así como un nuevo impuesto del 10% a dividendos, entre otros. Esta incertidumbre dificulta los planes de negocios y no estimulan la inversión.
Sin duda es elemental contar con un régimen que regule la manera en que los recursos de los contribuyentes son asignados y auditados. En este sentido, la reciente legislación en materia de fiscalización y rendición de cuentas aplicables a los estados es un paso muy importante para combatir este tema. Por otro lado, la reforma constitucional en materia de transparencia, que pretende dar autonomía al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), recientemente aprobada por el Congreso y sujeta a la aprobación de las legislaturas de los estados, es un avance muy significativo.
