A pesar de contar con un código de ética, los despachos de cobranza han ido implementando malas prácticas como el acoso y hostigamiento, apoyados en insultos y amenazas.
En nuestro país es evidente la voracidad de las instituciones bancarias. En primer lugar, al usuario lo enganchan insistiendo en otorgarle algún tipo de crédito (los más comunes son los hipotecarios y personales, así como las famosas tarjetas de crédito), sin previamente realizar un estudio real de los ingresos y la capacidad que el cliente tiene, para posteriormente mantenerlo cautivo con el pago de intereses altísimos que conllevan a un sobreendeudamiento que nunca tiene fin.
En segundo lugar, y no menos importante, están las malas prácticas de cobranza que en los últimos años se han endurecido y que hoy en día están basadas en el acoso y hostigamiento por parte de los despachos de cobranza. Estas prácticas se han incrementado inusitadamente, y van desde insultos y amenazas, hasta insinuar que por no realizar el pago se despojará a la persona de sus bienes e irá a la cárcel.
Es necesario tener en cuenta que los despachos de cobranza no son un medio conciliatorio, sino más bien sus funciones deben quedar limitadas a llamar con la única finalidad de reestructurar la deuda contraída o generada. Además, dichas llamadas deben realizarse en un horario accesible y con un lenguaje prudente.
Muchos de los casos en que se hacen estas llamadas se tratan de un simple retraso o un cobro no reflejado; empero, el abuso de los despachos de cobranza es desmedido, a toda hora, y sin verificar realmente el caso y los datos de cada persona, como confirmar si el usuario aún vive en el mismo domicilio.
Cabe recalcar la responsabilidad que tienen las instituciones bancarias al insistir en otorgar líneas y/o tarjetas de crédito, incluso a sabiendas de que la persona no tiene la capacidad suficiente de ingresos comprobables para pagar una anualidad, intereses, o hasta un pago mínimo.
Debemos contemplar estas prácticas como un delito en sí mismo, ya que se pueden tipificar como acoso, porque las prácticas que realizan los despachos son totalmente irregulares y afectan la tranquilidad de las personas.
En tercer lugar, además de este acoso, los deudores también tienen que enfrentar la situación de encontrarse en el Buró de Crédito, instancia que maneja la información de todos aquellos que alguna vez han sido sujetos de una línea de crédito. En caso de no haber cubierto de manera satisfactoria con los pagos, se boletina al deudor para que le sea negado cualquier crédito hasta regularizar su situación.
Hoy sabemos que parte de la culpa de este endeudamiento la tiene el usuario, pero es necesario cuestionarse la responsabilidad de la institución otorgante, así como la forma en que vende el producto al cliente, bajo atractivas posibilidades de pago mínimo y con facilidades en cuanto al tiempo para realizar dicho pago, ya que en la gran mayoría de los casos, el de los plásticos en especial, los créditos han sido otorgados sin conocer la solvencia económica del nuevo usuario, únicamente solicitando una identificación oficial.
No debemos omitir un factor predominante, que es la crisis del sistema financiero a nivel mundial, y que tiene un impacto mayor a nivel nacional con las constantes reformas en el sector financiero-bancario, así como con la pésima implementación y manejo de los indicadores micro y macro económicos en nuestro país, que repercuten en la calidad de vida de los mexicanos con el aumento de la pobreza y el desempleo, principalmente.
En cuarto lugar, están los casos en que un tarjetahabiente, a pesar de realizar los pagos correspondientes a fin de liquidar su deuda con el banco, aumenta de la nada su línea de crédito, o peor aún, se le emite una tarjeta alterna así como la posibilidad de solicitar adicionales para quien el titular decida.
Es por ello que en días pasados, presenté una iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados a fin de tipificar el acoso y hostigamiento con violencia e intimidación a través de las instituciones bancarias o cualquier otra institución crediticia, a fin de que los deudores no padezcan este tipo de prácticas.