El reto de mejorar el sistema de justicia en México ha traído consigo un compromiso político y social en los legisladores federales y locales del país, que se ha traducido en una reforma constitucional federal en 2008 a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, que dio como resultado el nacimiento de un nuevo sistema de justicia penal que llegó para quedarse.
La aprobación de estas reformas se dio con la finalidad de mejorar el funcionamiento de las diferentes instituciones que integran el sistema de justicia penal en México, encargadas de la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, así como de la reinserción social.
El establecimiento de este nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, da un giro total a la forma en que se ha venido procurando e impartiendo la justicia en México desde hace décadas, en donde no solo las instituciones deben transformar la forma de impartir justicia, también el ciudadano y la sociedad en su conjunto deben vencer paradigmas sobre la manera de solucionar sus conflictos y acceder a la justicia.
En 2007, siendo Juan Manuel Molina García diputado integrante de la XIX Legislatura y Presidente de la Comisión de Justicia, fue un actor fundamental en el proceso de implementación del nuevo sistema de justicia penal en Baja California, impulsando reformas a la Constitución local, a las leyes orgánicas del Poder Judicial, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al Código Penal y de Procedimientos Penales, y a la Ley de la Defensoría Pública, en las que se sentaron las bases de lo que sería la nueva forma de impartir justicia en Baja California.
En octubre del 2013, Juan Manuel Molina García asumió nuevamente el cargo de diputado local en la XXI Legislatura por Movimiento Ciudadano, y la presidencia de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Baja California, y realizó en el mes de diciembre pasado la jornada interinstitucional de trabajo denominada “Realidades y Retos de la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Baja California”.
Dicho evento constituyó un verdadero relanzamiento del nuevo sistema de justicia penal en Baja California, pues estuvieron presentes los nuevos actores que harán posible la continuidad de la implementación en la entidad.
En el Acuerdo de Colaboración para el Fortalecimiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual fue firmado entre los poderes del estado de Baja California y la Red Nacional de Organizaciones Civiles a Favor de los Juicios Orales y el Debido Proceso, el gobernador de la entidad señaló: “Es para nosotros un gusto firmar este compromiso tan importante para fortalecer la justicia en nuestro país”.
Este evento permitió realizar un análisis desde el punto de vista ciudadano y académico de los avances que se han logrado en la implementación del nuevo sistema de justicia penal en Baja California, en donde expertos aportaron sus experiencias dirigidas a establecer compromisos interinstitucionales que permitieron definir las acciones estratégicas para avanzar y lograr su aplicación exitosa en la entidad.
Sin duda, con estas acciones, el diputado Juan Manuel Molina García, de Movimiento Ciudadano, demostró que será un actor fundamental en la consolidación del nuevo sistema en Baja California, pues abrió puertas y aseguró que todas las voces y todas las opiniones y aportaciones que vengan a abonar al avance y mejoría en la forma de procurar e impartir justicia en Baja California sean escuchadas.