El escritor, traductor y editor español Javier Marías Franco, publicó el pasado 12 de enero en El País un excelente artículo sobre el contrato o pacto social Estado-ciudadanos, titulado “La zona fantasma”, a la luz de la grave crisis económica que aún sacude a los españoles. Consideré pertinente ubicar el caso en el perturbador escenario mexicano.
Luis Gutiérrez Rodríguez
En marzo de 1995, con los auspicios de la Fundación Friedrich Naumann en México, y del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC), el Dr. Alberto Díaz Cayeros, prestigiado investigador en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Stanford y del Centro de Estudios Latinoamericanos, publicó un talentoso ensayo titulado: “Desarrollo económico e inequidad regional: hacia un nuevo pacto federal en México”.
Desde el prefacio del documento, Volker G. Lehr, representante de la Fundación Friedrich Naumann, y Luis Rubio, del CIDAC, anticipan que el objetivo fue aportar elementos analíticos y propositivos con los que se puede enriquecer y profundizar la discusión sobre federalismo y descentralización en México.
Ya en materia, Díaz Cayeros hace un severo cuestionamiento al Pacto Federal o Pacto Social que explica, entre otras cosas, el origen y propósito del Estado y de los derechos humanos: “Para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social implícito, que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que dispondrían en estado de naturaleza. Siendo así, los derechos y deberes de los individuos, las cláusulas del contrato social, y el Estado, la entidad creada para hacer cumplir con el contrato”.
Del mismo modo, prosigue el politólogo Díaz Cayeros, los hombres pueden cambiar los términos del contrato si así lo desean; los derechos y deberes no son inmutables o naturales. Por otro lado, un mayor número de derechos implica mayores deberes; y menos derechos, menos deberes.
Thomas Hobbes (1588-1679), primer filósofo en ocuparse del tema, fue claro: en su estado de libertad natural, los seres humanos ceden sus derechos individuales a un soberano fuerte a cambio de protección.
¿Cómo puede el Estado realizar su cometido? Con el poder que les confieren sus propios congéneres, con la autoridad de que son investidos por los ciudadanos y, mucha atención, con vastos recursos financieros provenientes de los impuestos.
Pero volvamos a Díaz Cayeros, de cuyo vastísimo análisis (vigente, no obstante está por cumplir 20 años), tomamos aquí tan solo unas cuantas líneas. Dice el investigador: “[…] un mayor número de derechos implica mayores deberes; y menos derechos, menos deberes”. En otras palabras: me cumples, te cumplo; pero si no me cumples, te incumplo y además te relevo.
Ese es el genuino pacto social que mantiene (todavía, por fortuna), unido a México, no el fraguado entre la partidocracia y el jefe del Poder Ejecutivo.
¿Funciona el contrato social en México? ¿Funciona nuestro federalismo? El multimillonario gasto público confiado al gobierno federal, administrador del Estado, ¿funciona como mecanismo de compensación social? El articulado del pacto social está plasmado en la Constitución General de la República. ¿Tienen todos los ciudadanos mexicanos la seguridad, la justa distribución de la riqueza, la educación, el empleo, el salario digno, la justicia pronta y expedita, la salud que mandata el texto constitucional?
La respuesta es no. El Estado no está cumpliendo con su parte del contrato social. Y hay que hacerlo funcionar, porque las consecuencias pueden ser impredecibles. Los ciudadanos tienen el poder para lograrlo.
