Entrevista con el Dr. Guillermo Martín
Las dádivas petroleras compran votos, silencios y omisiones
Ante la confusión mediática y versiones contradictorias que han rodeado a las protestas en Venezuela, el Dr. Guillermo Martín, crítico tanto del gobierno como de la oposición, nos da su visión de la crisis que confronta a la sociedad del hermano país sudamericano.
De entrada, agradezco su preocupación por mi país y la oportunidad para expresarme a través de este medio.
Por razones de simplificación analítica, podríamos hablar de la crisis de lo que Hugo Chávez llamó la “Quinta República” (partido político de izquierda fundado por Hugo Chávez en 1997), en oposición a los 40 años de la democracia representativa, de 1958 a 1998.
Esta crisis no tendría su origen en el gobierno de Nicolás Maduro. Por el contrario, como Chávez era un líder carismático y ególatra siempre buscó hacerse imprescindible, rodeándose de gente incapaz de hacerle sombra; de allí que aumentase el período presidencial de 5 a 6 años e introdujese la reelección inmediata en la Constitución de 1999, para luego enmendarla en 2009, haciendo indefinida la reelección.
No fue hasta noviembre de 2012 que asumió la urgencia de designar un heredero político, entonces nombró al canciller Maduro como Vicepresidente Ejecutivo, relegando al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
El 8 de diciembre de 2012, Chávez pidió que votasen por Maduro para sucederle en caso extremo. Confinado a la Cancillería por 6 años, el expresidente de la Asamblea Nacional jamás había sido candidato para cargos ejecutivos.
Chávez, en su paranoia, escogió un sucesor que respetase los privilegios del clan Chávez. No seleccionó un político con criterio propio, sino un ejecutor de sus órdenes, ¡nada qué ver con el líder carismático!
Tras las denuncias de fraude de Capriles, y la proclamación acelerada de Maduro como presidente electo por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), se materializaba la crisis de legitimidad del régimen. Aunado a ello, algunos opositores sostienen la tesis de que Maduro sería colombiano por nacimiento y tendría doble nacionalidad, en lugar de la venezolana por nacimiento, requisito imprescindible para ser presidente de la República.
Además, la oferta de gobierno de Maduro es el mismo documento que Chávez presentó cuando fue candidato por última vez: “el Plan de la Patria”, una serie de enunciados sobre la formación de comunas y otras entidades político-territoriales no contempladas en la Constitución, tendentes a erosionar la autonomía de estados y municipios.
Con 93% de crímenes impunes, el promedio de un asesinato cada 20 minutos, servicios públicos deficientes, inflación, escasez y desempleo, ¿quién va a estar feliz en Venezuela?
Desde 2000, el régimen lleva a cabo una política de instauración de “hegemonía comunicacional”; esto es, en la práctica, la creación e imposición de la “verdad” oficial, valiéndose de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).
Tras revocar la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV) en 2007, CONATEL hizo lo propio con 34 emisoras de radio y televisión en 2009, incluyendo el Circuito Nacional Belfort (CNB). Por añadidura, CONATEL presionó a las operadoras de cable para sacar de su oferta de programación a RCTV Internacional en 2010 e indujo la autocensura en Venevisión y Televén, y utilizó el control de cambio para doblegar la línea editorial de los medios impresos urgidos de bobinas de papel.
Con Globovisión y la Cadena Capriles, el gobierno forzó -mediante sanciones fiscales y acoso- la venta, favoreciendo a presuntos testaferros del oficialismo; ello se tradujo en la purga de los periodistas y productores de medios más incómodos para el gobierno.
El pasado 12 de febrero, NTN24 sufrió el mismo destino de RCTV Internacional. Luego las acusaciones de “guerra mediática” apuntaron hacia la cadena CNN.
Lamentablemente, debido al silencio comunicacional las redes sociales –sobre todo Twitter- han llenado el vacío informativo. Digo lamentablemente porque eso de “periodismo ciudadano” no existe; una persona con un teléfono móvil de última generación o una cámara digital carece de la formación profesional de un reportero y fácilmente puede caer en la propagación de rumores.
Obviamente, CNN no va a cometer esos errores; además, esas imágenes falsas suelen ser colgadas en las redes por internautas pagados por el chavismo, para desacreditar al movimiento estudiantil.
En materia económica, Maduro recoge los frutos de un incontrolado gasto público sin la bonanza petrolera que tuvo su predecesor. Particularmente, el control de cambio ya tiene 11 años y, si bien temporalmente pudo justificarse para evitar la fuga de capitales, tras la incertidumbre generada por el irresponsable paro petrolero, la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) fue erigida en una instancia que asignaba dólares a clientes políticos o para favorecer el surgimiento de agencias de viaje oficialistas. Con ello, en realidad sentaba las bases de un gigantesco mercado negro de divisas, caldo de cultivo para la hiperinflación, maquillada por las cifras del BCV y por el delito de mencionar en público la cotización del dólar paralelo (Ley de ilícitos cambiarios).
Puesto que Chávez gobernaba por decreto, arreció la política de confiscaciones de haciendas, hatos y empresas importadoras del ramo agropecuario y de producción de alimentos, con el pretexto de garantizar la “seguridad alimentaria”, pero sólo generó la paralización de gran parte del aparato productivo nacional, lo que se ha traducido en escasez y desabastecimiento. Las redes gubernamentales Mercados de Alimentos (MERCAL) y PDVSA Alimentación (PDVAL) son un enorme fracaso. De no ser por Empresas Polar, una obsesión para el régimen, hace tiempo que el hambre -que ahora sufren en estados como Táchira y Mérida- se habría extendido a todo el país.
Gracias a CADIVI, según reconoció Giordani hace unos meses, se asignó más de 25000 millones de dólares a empresas fantasmas. Asimismo, la censura previa ha silenciado los escándalos de cientos de contenedores de alimentos y medicinas dañados en los principales puertos del país. Aunado a CADIVI, el régimen fracasó con el mecanismo de subastas, el cual buscaba enmascarar devaluaciones sucesivas.
Leopoldo López, economista con maestría en Políticas Públicas por la Escuela Kennedy de Harvard, fue alcalde del municipio Chacao entre 2000 y 2008. Aunque fue uno de los fundadores del partido Primero Justicia (PJ), a fines de 2006 pasó a formar parte de Un Nuevo Tiempo (UNT), organización de la que separó en 2009, para fundar semanas después a Voluntad Popular (VP). En otras palabras, si algo distingue a López es su gran ego y perfil protagónico.
Como Chávez le consideraba como el gran rival de Aristóbulo Istúriz por la Alcaldía Metropolitana de Caracas en 2008, logró que la Contraloría General –mediante un arbitrario procedimiento- le inhabilitase para ejercer cargos públicos durante tres años.
En cuanto a ideología, podría decirse que el discurso de López se encuadra más hacia la socialdemocracia y, por su formación profesional, también podría suponerse una visión neoliberal de la economía. Que conste, ni siquiera cuando López fue precandidato a las primarias presidenciales de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), su discurso fue tan explícito como para caracterizarlo debidamente.
Distanciado del comando de Capriles después de octubre de 2012, López se enfocó en promover a los candidatos de VP en distintos municipios, logrando el triunfo en 18 alcaldías en diciembre de 2013. Desde entonces, y aliado con la diputada María Corina Machado, López radicalizó su discurso, buscando forzar la renuncia presidencial.
Desde que Maduro se convirtió de facto en presidente interino el 10 de enero de 2013, Capriles ha sido esclavo de sus contradicciones, principalmente por su pretensión de monopolizar la candidatura unitaria sin abandonar la gobernación de Miranda; aunque ésta habría pasado directamente al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el supuesto que el CNE le hubiese proclamado ganador el 14 de abril de 2013, o de que el Poder Judicial le hubiese inhabilitado por radicalizar las protestas de calle tras sus denuncias de fraude.
Y si el CNE convalidó un fraude en los comicios presidenciales, ¿cómo era posible que él (Capriles) llamase a votar en las elecciones municipales de diciembre pasado? Lo más grave es que, al criticar indirectamente a López y Machado por crear expectativas irreales sobre la salida inmediata del régimen, Capriles haya “olvidado” que él mismo vendió los comicios municipales como un “plebiscito”.
Luego de la entrega de López (acusado por el gobierno de incitar a la violencia y que se entregó voluntariamente el pasado 28 de febrero), Capriles ha vacilado entre criticar “la falta de foco” del movimiento estudiantil y pedir su continuidad.
Como los estudiantes no pueden ser tildados de corruptos ni están haciendo campaña electoral, su protesta cuenta con mayor aceptación en el resto de la sociedad.
Subyugados los medios de comunicación, el movimiento universitario ha mostrado al mundo que Venezuela no es un paraíso. No hace falta que venga una potencia extranjera para que uno se queje de un gobierno que no hace su trabajo y discrimina en función de militancia partidista.
Señalar presuntos enemigos externos es tanto una táctica de distracción como una expresión patética de irresponsabilidad. El Gabinete de Maduro es la continuidad del séquito de aduladores e incapaces que Chávez mantuvo durante 14 años, con todos los vicios que pueda generar el nepotismo.
Chávez se encargó de acabar con el profesionalismo de las Fuerzas Armadas Nacionales. Inconstitucionalmente, no sólo cambió su nombre a Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), sino que sustituyó el Estado Mayor Conjunto, con comandantes identificados para las cuatro armas (Ejército, Aviación, Marina Armada y Guardia Nacional), por un Estado Mayor General, del cual era el Comandante Supremo –único en la práctica -, al punto de disfrazarse de uniforme militar con bastón de mando de general cuando apenas llegó a teniente coronel y estaba en situación de retiro.
Desde 1999, involucró al estamento militar en labores distintas a sus competencias de seguridad y defensa, otorgándole presupuesto para programas sociales, práctica que fomentaba la corrupción castrense y reducía los recursos de los gobiernos subnacionales. Gracias a la purga de 2002, primero tras el golpe de abril y luego con la declaración de militares en “desobediencia civil”, pudo terminar de convertir al estamento castrense en el partido armado de la Revolución.
Otro elemento que contribuyó a erosionar el profesionalismo militar fue la conversión de suboficiales en oficiales técnicos, acabando con la jerarquía y cadena de mando tradicionales. El establecimiento de la Reserva, luego Milicia, como ejército particular del oficialismo agravó más la crisis del estamento castrense.
Cuando un oficial dice ser “antiimperialista y profundamente chavista”, hay que dudar de su comportamiento institucional. Asimismo, suponiendo que haya militares chavistas convencidos, cabría esperar que la polarización de la sociedad venezolana también haya permeado los cuarteles. De modo que una eventual intervención de los militares venezolanos podría traducirse en el intento de establecer una dictadura sangrienta, de derecha o izquierda.
Valga el antecedente de las “zonas de seguridad” decretadas por Chávez para inhibir la protesta ciudadana en Caracas y el establecimiento de Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), que agrupan varias Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI).
A través de las REDI, se imparte órdenes a cada una de las 24 ZODI, correspondientes a los estados y el Distrito Metropolitano de Caracas; esto implica un esquema de superposición de teatros de operaciones.
José Vielma Mora, tras afirmar en medios radiales que no era parte del régimen porque fue electo por el pueblo, terminó retractándose (previa reprimenda de Cabello). No obstante, el intento de Vielma Mora de deslindarse de la represión en el Táchira podría ser interpretado como su reconocimiento de que el esquema de REDI y ZODI está siendo aplicado para enfrentar a los “enemigos internos” de la Revolución; es decir, todos quienes se atrevan a protestar.
Vielma Mora, militar retirado, habría quedado como un jarrón chino, un mandatario sin capacidad de tomar decisiones en el territorio donde supuestamente gobierna.
En la Venezuela del “socialismo del siglo XXI”, es más fácil hallar armamento y pertrechos de guerra que comida y medicinas; es un secreto a voces el tráfico y alquiler de armas por parte de funcionarios policiales y militares, incluso dentro de las cárceles. Además, el discurso agresivo del régimen, su política de confiscación de tierras y empresas -y de apoyo a invasiones- ha incentivado la proliferación de grupos armados.
A semejanza de los comités de defensa de la Revolución (CDR), de Cuba, Chávez buscó establecer una red de control sociopolítico en cada vecindario. Como los “círculos bolivarianos” generaron mucha desconfianza, los consejos comunales fueron vistos como una alternativa más factible.
Dado que –según la ley de la materia- los consejos comunales, deben poseer un mínimo de 14 comités de trabajo, los colectivos armados han podido camuflarse, simulando actividades culturales y teniendo acceso a recursos públicos.
Por otro lado, en estados fronterizos, el gobierno nacional sólo denuncia la presencia de paramilitares colombianos pero deja actuar a sus anchas a los guerrilleros. Dada esta realidad, sería ingenuo suponer que militares y policías retirados no hayan sido reclutados por empresarios o hacendados para organizar su propia versión de las autodefensas.
Génesis fue herida de bala por colectivos armados que vestían indumentaria con el logo del PSUV, luego que un tweet desde la cuenta del gobernador Francisco Ameliach llamase a sus partidarios a propinar un “contraataque fulminante”. Al día siguiente, también en Valencia, un funcionario de la Guardia Nacional disparó –dos veces- perdigonazos a la estudiante y deportista Geraldine Moreno en la cara. Ambas quedaron ciegas y murieron horas después.
La Organización de Estados Americanos (OEA) está representada por un secretario general, José Miguel Insulza, indolente y negligente, y casi todos sus países miembros también integran la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), organizaciones creadas y financiadas por el régimen chavista para minimizar el peso de Estados Unidos y Canadá en el seno de la OEA. Las dádivas petroleras -a través de PETROCARIBE- o la ayuda financiera a varios países compran votos, silencios y omisiones.
La Carta Democrática Interamericana y el sistema interamericano de derechos humanos, el cual abandonó el régimen de Maduro en 2013, a semejanza de Fujimori, han sido ignorados por gobernantes vecinos preocupados por su reelección, como Juan Manuel Santos, quien ha hecho caso omiso de la proximidad de la guerrilla colombiana con el régimen chavista; o la propia Dilma Rousseff, tentada a reprimir las protestas que pondrían en vilo la celebración del Mundial de Fútbol o los Juegos Olímpicos de 2016.
En días recientes, ciudades como Valencia o Maracay, capital del estado Aragua, han sido escenarios de saqueos con la mayor complicidad de los efectivos policiales y de la Guardia Nacional. Además los días de asueto adicionales al Carnaval, buscando calmar las manifestaciones, han agravado la escasez y el desabastecimiento.
En muchas localidades, el mercado negro es el único mecanismo para adquirir harina de maíz y de trigo, aceite, café, azúcar, productos de higiene personal y leche en polvo. Lo peor de todo es el que el régimen insiste en aplicar el “Plan de la Patria”; es decir, el Estado comunal y repetir los mismos errores cuyos efectos sólo paliaba la bonanza petrolera. Ahora el país enfrenta un severo déficit fiscal y la deuda externa es casi nueve veces mayor a la que Chávez encontró en 1999.
Que conste, urge tomar medidas económicas impopulares; entre ellas la devaluación expresa y el aumento del precio de la gasolina (que en Venezuela es casi gratis), así como la reducción de la burocracia nacional. Obviamente tales medidas generarían más descontento y este gobierno solo, sin apoyo de la MUD, el empresariado y los gremios, será incapaz de seguir adelante.