Provocará un desastre ambiental con repercusiones irreversibles
Tabasco, estado del sureste mexicano con un potencial de desarrollo extraordinario, ha sido favorecido por la geografía al ser uno de los territorios con mayor actividad petrolera del país. Sin embargo, resulta una ironía que más de 2.3 millones de tabasqueños padezcan pobreza y subdesarrollo a causa de la corrupción y abandono de las autoridades que han descobijado y desprotegido a la población para velar por sus propios intereses.
Según datos de la Secretaría de Energía, este año el barril de crudo en Tabasco se cotiza aproximadamente en 95 dólares y del mismo salen alrededor de 400 mil barriles diarios. Sin duda, se podría pensar en una mala administración, pero también debemos recordar los casos recientes donde los pozos se han convertido en auténticos infiernos terrenales, que retumban la tierra y cubren el cielo de un gris tóxico.
Por si no fuera suficiente, la cereza en el pastel llegó con las reformas estructurales del ejecutivo federal, que traen consigo la “reforma estrella”, la cual ha echado abajo todo un legado histórico en materia de hidrocarburos. Por supuesto, me refiero a la mal llamada y mal querida Reforma Energética.
México está convulsionado, en una encrucijada de cambios entreguistas, bajo las falsas ilusiones estadistas de progresividad. Dentro de la gran transformación y obstáculos que representa la Reforma Energética en nuestro país, la cual ha roto y violentado elementos de identidad nacional, existe un punto que no debe perderse de vista dentro de esta supuesta “revolución energética”: la responsabilidad ambiental dentro de la legislación para la generación, explotación y producción de hidrocarburos y energías sustentables.
En un futuro a corto plazo, México estará pisando terrenos no aptos para su alcance en materia de regulación ambiental. La nueva responsabilidad que recaerá en manos de los legisladores será analizar con lupa las obligaciones del Estado mexicano y las modificaciones legislativas necesarias, para garantizar la viabilidad en el marco de los proyectos de explotación de hidrocarburos no convencionales, como el aceite y el gas de lutitas.
De acuerdo con un diagnóstico del Programa Sectorial de Energía 2013-2018, contamos con un potencial, aún por delimitar, de hidrocarburos prospectivos de gas y aceite en lutitas cuantificados en 60.2 miles de millones de barriles de petróleo crudo. De los cuales 53 por ciento correspondería al aceite, mientras que el 47 por ciento restante estaría dividido en una proporción de gas húmedo y otra de gas seco.
México tiene como asignatura pendiente el ejercicio de la legislación secundaria en materia energética. Tema escaparate para toda la nación, ya que, después de todo, la necesidad del erario público dentro de los tres niveles de gobierno dependen en un 34 por ciento del ingreso del petróleo nacional, y por ende, está en juego el motor del desarrollo.
En total se tendrán que discutir y desahogar 23 leyes reglamentarias en la nueva agenda legislativa sobre la Reforma Energética. A todo esto, nos preguntamos ¿A caso México está listo para contener el desastre ambiental que inevitablemente conlleva la apertura de la explotación de hidrocarburos?
Es necesario que el Estado mexicano se someta a evaluaciones ambientales estratégicas ante esta apertura y mantenga evaluaciones sobre el ciclo de vida de todo el proyecto.
En este sentido, es fundamental tener un manejo responsable de la legislación para proteger y fomentar la sustentabilidad. De otra manera, no solo se expondrá nuestro patrimonio nacional, también provocará un desastre ambiental con repercusiones irreversibles.
De no atenderse apropiadamente la estructura orgánica de la legislación se condenará a la propia industria, que arrastrará consigo el desarrollo, la economía y a cada uno de nosotros.