La negociación política de Reformas Constitucionales en México se desarrolló, a lo largo del año 2013, en un ambiente de opacidad y desinformación. El discurso reformista que acompañaba al Pacto Por México fue una farsa más: ni el ciudadano ni el país tendrán beneficios de estos acuerdos entre “políticos”.

Partidos y legisladores aprobaron a ciegas y en forma expedita, reformas que cambiaron de manera negativa el rumbo del país y que afectarán el futuro de la gente sin siquiera conocer los proyectos de leyes secundarias que las acompañaban. ¿Por qué ceder lo más a cambio de lo menos? ¿Por qué avalar cambios constitucionales sin conocer sus alcances e implicaciones? ¿Por qué dejar pasar por los estrechos de la mayoría calificada reformas que serían imposibles de detener en la ancha puerta de la mayoría simple?

Aprobaron reformas que dañan a los mexicanos y detienen las reformas del único tema en que necesitábamos cambiar.

La iniciativa de leyes secundarias del gobierno federal en materia de telecomunicaciones, presentada el pasado 24 de marzo, representa un retroceso para el país y va en contra de la tendencia mundial en la comunicación. Dan un paso atrás y detienen el avance en la reforma de un tema que el país necesita y que beneficiaría a los ciudadanos y ciudadanas. Nos detienen para seguir beneficiando los intereses de unos pocos.

Se pretende que una ley secundaria haga retroceder cambios constitucionales consumados, que la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) vaya en reversa y que esta institución subordine sus criterios y alcances a las secretarías de Gobernación, Comunicaciones y Transportes y Hacienda. En otras palabras, se abre la puerta a la censura y se cierra a la competencia real de sectores que hasta hoy operan de forma monopólica.

Ante estos elementos, ciudadanas y ciudadanos libres se movilizan para detener esta reforma, que ha sido elaborada y negociada no en los cauces institucionales del Poder Legislativo, sino en el territorio y bajo las reglas de los poderes fácticos.

A su vez, en este escenario, diputados y senadores deben actuar con integridad, responsabilidad y escuchar la voz de los ciudadanos.

Las cámaras del Congreso de la Unión no deben seguir legislando al vapor, ni con la prisa reformista que el Ejecutivo Federal le ha impuesto al Pacto por México. Es obligación de los representantes populares hacer una revisión exhaustiva de las propuestas de la sociedad civil, a partir de la “Iniciativa Ciudadana de Ley Convergente en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión”, que presentó la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, A.C (AMEDI).

¿Cuáles son los señalamientos de la AMEDI respecto de la iniciativa de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso, que han encontrado consensos a favor en amplios sectores de la sociedad mexicana?

1. Pervierte la finalidad de la reforma constitucional. El eje de la propuesta está muy alejado de la finalidad que le dio origen; es decir, no satisface los derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación; tampoco ofrece condiciones para una efectiva competencia en los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Ni siquiera existe una definición expresa sobre su naturaleza como servicios públicos de interés general.
2. Propicia un IFETEL débil, supeditado a los intereses del Ejecutivo Federal, que con las leyes secundarias invade facultades autónomas del órgano regulador. Peor aún: permite que la Secretaría de Gobernación conserve la supervisión de los contenidos de radio y televisión: se pretende, además, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes opine indebidamente sobre el programa de trabajo y los informes de labores del regulador.
3. Viola principios básicos de derechos humanos porque permite la interferencia de comunicaciones sin un estricto control judicial.
4. Deja al arbitrio de los concesionarios los tiempos del Estado. Pretende mantener la insana política de que la SEGOB escuche previamente a los concesionarios y de acuerdo con ellos fije los horarios de transmisión.
5. Ignora derechos de las audiencias. Contraviene la disposición constitucional que ordena establecer legalmente cuáles son los derechos de las audiencias así como mecanismos para su protección. A cambio, enlista un reducido catálogo de principios generales y pretende que la promoción y defensa de dichas prerrogativas ciudadanas estarán en los códigos de ética de los concesionarios.
6. Ignora la importancia de los medios públicos y de uso social. La iniciativa omite y desestima los principios a que se refiere el artículo Décimo Transitorio sobre los medios públicos, para que tengan: independencia editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. Además, excluye en los medios de uso público a los de las instituciones de educación superior. En contra de la obligación legal de introducir un régimen favorable para el desarrollo de los medios públicos, comunitarios e indígenas, se les asfixia con requisitos discrecionales, propios de un sistema autoritario, además de prohibiciones para contar con fuentes de financiamiento; es más, no introduce un mecanismo expedito para el otorgamiento de concesiones para los medios de uso social y les impone un régimen de acceso a las frecuencias inequitativo y arbitrario al ponerles las mismas condiciones que a los medios de uso público.
7. Establece la iniciativa un régimen entreguista para los medios comerciales, a los que se les otorgan incentivos en materia de publicidad, contenidos y multiprogramación, entre otras cosas, además de promover la subasta como mecanismo para decidir al ganador de una licitación, procedimiento que ya fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al amparo de un supuesto cumplimiento constitucional, se introduce una compleja regulación de la concesión única, que promueve la prestación de servicios adicionales y convergentes sin precisar con claridad los requisitos para su autorización, además de otorgarlas por 30 años de vigencia. Esto significa un grave retroceso que permitiría omitir procesos de licitación para la convergencia de servicios.
8. Diluye la obligación dispuesta por el artículo 28 constitucional, de establecer límites a la concentración de frecuencias y a la propiedad cruzada, bajo la falsa premisa de que una regulación de esa naturaleza constituiría un “abuso de control sobre los medios de comunicación que configurara una forma de censura previa indirecta”.
9. Es una regulación asimétrica: por una parte es muy puntual en las medidas que pueden imponerse a la telefonía, pero es muy limitada en el trato que en apariencia se impone a la televisión.
10. La regulación de preponderancia es contraria al texto constitucional, pues se pretende regular los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión por sectores, de tal suerte que las declaratorias que en el futuro imponga el IFETEL no se refieran a estos servicios en su conjunto, lo que permitiría una segmentación favorable a los intereses de los concesionarios.
11. Aplaza ilegalmente hasta 2017 el apagón analógico para la llamada Transición a la Televisión Digital Terrestre.
12. Por las razones expuestas, la AMEDI considera que las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones “constituyen un grosero retroceso del marco regulatorio, que diluye la reforma constitucional del 2013”.

Sin la participación ciudadana en este y otros casos delicados, la democracia está en entredicho. Pueden los partidos políticos dominantes simular guerras de papel, aparentar discrepancias con forcejeos mediáticos, construir falsas disidencias en la forma y coincidir en el fondo con la élite que gobierna al país.

Estos juegos del poder contienen una alta dosis de perversión. Van en contra del interés de las ciudadanas y los ciudadanos. Lisa y llanamente traicionan el interés general del pueblo de México.

Es la hora de arribar a las transformaciones reales, no cosméticas, no retóricas. Es la hora de dejar atrás esta vergonzosa etapa de la República, en la que el discurso reformista solo sirve para que todo siga igual.