Hace muchos años que la realidad nacional, captada por especialistas y estudiosos del creciente problema social de México, reclama que se ponga atención en un tema soslayado por los partidos políticos dominantes en el Congreso de la Unión: la urgencia de cambiar un modelo económico disfuncional y renovar el pacto federal.
La retórica de nuestros gobernantes, todo un derroche de frases y cuentas alegres, se estrella todos los días con la realidad aludida: pobreza, bajo nivel educativo y cultural, jóvenes sin horizonte seguro, profunda inequidad regional, bajo crecimiento económico, creciente desempleo, legalidad (o lo que queda de ella) desafiada; una Constitución irreconocible, llena de parches y remiendos a modo para la clase gobernante en turno; un aparato judicial ineficiente, enredado en los embrollos que le deja el Poder Legislativo; una política fiscal deficiente, violatoria de la soberanía de los estados; estructuras caciquiles sobre las cuales sigue sustentado el autoritarismo de muchos gobernadores; burocracias dominadas por tecnócratas con escaso o nulo oficio político y un sinfín de etcéteras.
El primer paso hacia ese cambio debe ser una reforma política genuina. La creación inteligente de contrapesos al poder presidencial; transformaciones reales, no reformismo ocurrente; una ciudadanía más y mejor informada, más crítica y mejor dotada de conocimientos para ejercer a plenitud su derecho a decidir; la revisión cuidadosa, exhaustiva y firme, de nuestro federalismo.
Y esa reforma política no puede, no debe, ser mangoneada por los partidos dominantes, que ya probaron su ineficacia en el ejercicio del poder. Los partidos de oposición deben fortalecerse como alternativas políticas viables. La oposición es un derecho consustancial a las democracias modernas, que además legitima a todo gobierno que se asuma democrático.
Hoy que se dirime la reforma política en el Congreso, los partidos tradicionales deben entender que México reclama con urgencia un cambio de modelo. Y los legisladores aceptar que la democracia no es para ignorar o excluir a la minoría, sino para proteger sus derechos políticos, inclusive el que le brinde la posibilidad de convertirse en mayoría y en gobierno.
