Arturo Sánchez Meyer
Abordar el contenido de la reforma a las telecomunicaciones necesariamente debe remitirnos a otros temas que, sin ser técnicos ni contar con un alto nivel de complejidad y especialización, se ubican en el centro de las preocupaciones de la sociedad. Entre otros aspectos que deben revisarse paralelamente al análisis de dicha reforma están: la democracia, participación ciudadana, elecciones, libertad de expresión, poderes fácticos y partidocracia.
Esta pretendida reforma refleja una lucha de poder entre el duopolio televisivo (Televisa y TV Azteca, ya que ambos concentran más del 90 por ciento de las concesiones) y un actor dominante en telefonía fija y móvil (Telmex-Telcel), que busca incorporarse al mercado de contenidos y televisión. En dicho enfrentamiento se suma el poder presidencial, al pretender ser el árbitro de la contienda, pero también buscando fortalecer y ampliar sus intereses políticos particulares.
En efecto, el planteamiento del gobierno federal, lejos de propiciar la eliminación de los monopolios y los poderes fácticos en el sector de telecomunicaciones, se encamina a fortalecer el poder presidencial por encima de los concesionarios.
La propuesta del ejecutivo federal no se perfila como un mecanismo legal y políticamente adecuado para democratizar a los medios —televisión, radio, Internet, telefonía móvil y fija; uso satelital aplicado a la vida económica, social, educativa y de salud del país—, porque no se definen criterios ni medidas que promuevan, y mucho menos garanticen, una real apertura que genere competencia en el sector. Tampoco se vislumbra un fácil acceso a contenidos que ofrezcan opciones de enseñanza y cultura para los ciudadanos.
Por tanto, existen más incertidumbres que certezas en la reforma a las telecomunicaciones. Y no podría ser de otra forma, considerando que ésta es concebida dentro de un marco de negociación política, en la que solo tres partidos políticos en connivencia con el ejecutivo federal se encargaron de promover una reforma constitucional que, si bien pudiera presentar algunos signos positivos, éstos no tendrán efecto mientras las leyes secundarias no se aprueben en el mismo sentido de las disposiciones constitucionales.
Además, la intención de restarle atribuciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones para otorgárselas a la Secretaría de Gobernación, nos traslada automáticamente a etapas de nuestra historia ya superadas, que no debemos permitir que regresen en pleno siglo XXI.
También resulta inaceptable la propuesta presidencial en el tema de Internet, al plantear la posibilidad de que el gobierno federal ordene a una empresa bloquear un contenido en la red cuando exista una orden de la autoridad, o bien, que se exija el bloqueo de señales en momentos o lugares críticos para la seguridad pública o nacional.
Esto ha generado protestas que han motivado que el gobierno reconsidere dicho planteamiento. Sin emabrgo, por un lado ha evidenciado la visión regresiva y autoritaria del Ejecutivo Federal y, por otra parte, revela la debilidad y falta de solidez de la propuesta presidencial, cuando un amplio sector de la sociedad, sobre todo jóvenes, a través de las redes sociales cuestiona y hace rectificar la idea original del gobierno.
La reforma a las telecomunicaciones no puede pasar tal y como la envió el ejecutivo, se tiene que revisar y modificar algunos temas como: las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones; la defensa de los usuarios; la preponderancia de las empresas del sector; la propiedad cruzada; la transición digital; los medios públicos; las atribuciones que se le otorgan a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y la pretendida censura en Internet, entre otros.