Alejandro Baltazar Reynoso
El gobierno está más preocupado por desmovilizarlos que por enfrentar al crimen organizado
A más de un año de iniciar la lucha de los grupos de autodefensa en Michoacán, son visibles los resultados y efectos de la autoorganización ciudadana, en uno de los temas más sensibles para cualquier sociedad: la seguridad. Pero además, han logrado evidenciar a un gobierno estatal ausente y a un gobierno federal con severos vacíos que se aferra a estrategias fallidas y un modelo económico desigual, que por décadas dejó en el total abandono a una de las regiones más ricas de Michoacán.
Seguridad es una tarea que le corresponde por mandato constitucional y legal, el gobierno federal se valió de los grupos de autodefensa, al menos en un primer momento, al aceptar en diversas ocasiones que fueran ellos quienes realizaran la labor operativa y de inteligencia.
Sin embargo, en una segunda etapa, cuando la tarea de desmantelar a las estructuras criminales aún no está concluida, el gobierno busca desarticular a estos grupos de ciudadanos, sin resolver los problemas de fondo: miseria y falta de oportunidades.
Según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), los municipios más conflictivos de la entidad, coincidentemente, son los que tienen mayores índices de miseria.
El pasado mes de abril en la glorieta de Cuatro Caminos, bajo la estatua de Emiliano Zapata, José Manuel Mireles, líder y precursor del movimiento de autodefensas, aseguró que la federación no ha garantizado la seguridad a los pueblos michoacanos y, aun así, insiste en arrebatarles las armas. En este mismo evento declaró que el gobierno está más preocupado por desmovilizarlos que por enfrentar al crimen organizado, lo que los dejaría expuestos a represalias por parte de los criminales.
La historia de los grupos de autodefensa podría llegar a su fin a mediados de mayo con su regularización, como fuerzas rurales y, por ende, la burocratización de las mismas, lo que a su vez podría provocar en un corto plazo que se agudice el problema de violencia.
