Luis Gutiérrez Rodríguez
Hace casi cinco lustros se suscitó un pleito sordo entre el Procurador General de la República y el Secretario de la Defensa Nacional, porque sus equipos operativos chocaban con frecuencia en el desempeño de su lucha contra el narcotráfico. Este enfrentamiento estuvo a punto de terminar en escándalo de gabinete, porque el Secretario de la Defensa le pidió a un editor, de hecho casi se lo exigió, que publicara una vitriólica carta personal dirigida al mismísimo Presidente de la República con expresiones muy alejadas de los buenos modales políticos.
Preocupado por la pretensión de que el medio fuera usado para dirimir encontronazos internos del poder público, y porque además no tenía vela en el entierro, el editor recurrió al Secretario de Gobernación, quien enterado del asunto cumplió escrupulosamente con su trabajo: concilió entre las partes y evitó el escándalo.
Por esa época, el mismo Secretario de la Defensa invitó al Procurador del DF a presenciar unas prácticas castrenses para combatir el terrorismo. Ya en el Campo Militar Número Uno, magnavoz en mano, un general coordinador del operativo anticipó las maniobras (se trataba del rescate de presuntas víctimas de unos secuestradores), más o menos con estas palabras: “Van ustedes a presenciar el grado de eficiencia y capacitación logrado por nuestro ejército, para enfrentar exitosamente a bandas criminales en situaciones críticas provocadas por la ineptitud de nuestras autoridades civiles”.
El Procurador del DF, quien confió la experiencia al autor de estas líneas, salió del Campo Militar Número Uno “cabizbundo y meditabajo”, como diría Cantinflas.
El hecho es que la presencia castrense (con todo y su peligroso déficit en materia de derechos humanos) avanza en el país en la misma medida en que se derrumba la confianza en nuestras fuerzas de seguridad pública. Ni siquiera hay necesidad de citar algunos ejemplos de ineptitud monumental ante el crimen.
A mediados de diciembre de 2013, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer su Programa Sectorial 2013-2018, que incluye la Meta Uno: “México en Paz”, del Plan Nacional de Desarrollo.
Después de analizar el programa, en puntual reseña (publicada el 23 de diciembre de 2013 en el periódico digital sinembargo.mx), la investigadora del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación independiente, Jaqueline Sáenz Andujo, afirmó, entre otros señalamientos: “…El Ejército demanda un marco legal que dé certidumbre a las instituciones militares y civiles: una Ley de Seguridad Interior, una de Defensa Nacional y otra más de Inteligencia del Estado mexicano”, al tiempo que reafirma que “el acotamiento de la jurisdicción militar atenta contra las Fuerzas Armadas, ya que la falta de una disciplina militar sólida, obra en detrimento para el cumplimiento cabal de sus atribuciones legales y restaría operatividad a las mismas”.
Según el Programa Sectorial, el Ejército y Fuerza Aérea mantendrán la “presencia permanente en el territorio nacional, para cumplir las misiones de protección y vigilancia del país”…”Para esos fines, mantendrán un despliegue operativo de 30,000 efectivos de forma permanente y continuarán realizando operativos con cuatro finalidades: reducir la violencia, erradicación intensiva en las áreas de mayor cultivo de enervantes, intercepción para inhibir el tráfico de armas y todo tipo de drogas, y seguridad en las instalaciones estratégicas que proporcionan el desarrollo y funcionamiento del país.
Se proponen además completar 467 mil 500 horas de vuelo en operaciones de vigilancia en seis años; 36 operaciones para reducir la violencia (seis por año) de acuerdo a las necesidades de seguridad y de orden interno que imperen en el país; y al menos una operación por año para proteger la frontera sur a fin de mantener el control de mercancías, flujos migratorios, inhibir las actividades de organizaciones criminales y el tráfico de drogas y armas.
A la luz de estos objetivos, es indudable que las fuerzas armadas cumplirán con sus metas. Llenarán vacíos allí donde “la autoridad civil” esté ausente o demuestre ineficiencia. Incrementarán de 32 a 72 por ciento la cobertura del espacio aéreo del territorio nacional; incrementarán su movilidad táctica en un 20 por ciento, mediante la adquisición de 3 mil 67 vehículos terrestres; incrementarán la movilidad estratégica de las tropas en 50 por ciento mediante la adquisición de 172 aeronaves y tres sistemas aéreos no tripulados; fabricarán 121 mil fusiles automáticos FX-05; y para apoyar a la población civil (dice otro apartado), tendrán dos helicópteros, tres cocinas comunitarias, 50 equipos de radio, cinco ambulancias, cuatro excavadoras y cuatro tractocamiones.
Para reflexionar…
