Eduardo Mendoza Ayala
Desde que surgió en el Distrito Federal de manera impositiva el sistema de verificación vehicular, allá por 1994, bajo el manido argumento de reducir la contaminación ambiental, la verdad es que muchos pensamos que era un simple pretexto para exprimirle el bolsillo a los ciudadanos.
A 20 años de su creación y en medio del actual autoritario forcejeo público gubernamental contra la sociedad, en lo personal no me queda la menor duda de que este programa ha sido, y continuará siendo, la “caja chica, mediana y grande” de nuestras autoridades, sin que nos beneficiemos, al menos, de un aire mejor para respirar.
Comparto al respecto un par de elementos que desenmascaran por completo a las autoridades responsables del señalado programa anticontaminante, que disfrazado de una buena intención se ha convertido en un auténtico negociazo para todos los involucrados en él.
Operar un centro de verificación en México es posible gracias al esquema de concesión gubernamental existente, que por experiencia ya sabemos, sólo privilegia a los cuates y conocidos de quienes se hallan en la reservada esfera del poder público. A partir de ahí se puede desmenuzar toda la serie de vicios y corrupción que rodea la actividad, todo a costillas del ciudadano.
Pocos se han preguntado -por ejemplo- por qué razón los automóviles nuevos deben realizar la verificación y obtener la calcomanía doble cero. ¿No se supone que un automóvil recién manufacturado no va a contaminar? La respuesta es muy simple: el interés es sacar recursos a costa de lo que sea, aunque ello signifique explotar necesidades creadas, como resulta ser justamente la “verificación” vehicular.
Desde luego que ningún concesionario va a alzar la voz para defender al ciudadano ante ese abuso, porque dicha maniobra significa jugosos ingresos y ganancias para compartir con quienes les permiten operar un centro verificador. ¡Vaya inmoralidad y falta de ética conjunta!
Cinco horas es el tiempo promedio diario que duerme una mujer adulta, por estar al tanto de su familia y de las múltiples responsabilidades que adquiere, en función de afrontar los retos que la vida le impone.
Otro fehaciente ejemplo de que el programa “Hoy No Circula” se ha desviado por completo de su teórico objetivo inicial, es que obligan al ciudadano a verificar su automóvil dos veces al año, bajo el pretexto de que contamina, cuando es el gobierno federal –vía PEMEX- el único proveedor de las gasolinas que utilizan los automotores de esta nación, gasolina que por cierto manda a refinar al extranjero, culpándonos luego absurdamente a nosotros.
¿Por qué castigar al ciudadano ante la clara ineficiencia gubernamental? Porque lo que importa es el negocio, tristemente. ¿Sabemos acaso los gobernados, con claridad y transparencia, en qué aplica la autoridad toda la catarata tributaria que se establece impunemente a la industria automotriz? Por supuesto que no, lo cual es absolutamente indigno y ofensivo. Y lo que es peor, ni siquiera lo invierten en mejoras tangibles que permitan reducir la contaminación ambiental, como podría ser -por ejemplo- contar con un mejor transporte público.
En alguna ocasión un asambleísta del DF puso en serio predicamento al gobierno federal, al exigir cuentas –a finales de la década de los noventas- del arbitrario impuesto aplicado a las gasolinas. Se prometió que se haría pública la cantidad y en qué se estaba utilizando para mejorar el medio ambiente. Eso fue auténticamente “flor de un día”, porque la Secretaría del Medio Ambiente lo hizo una vez y después “olvidó” tal compromiso.
Total amigo lector, que como te podrás percatar, al igual que en el viejo oeste seguimos siendo víctimas de políticos bandoleros, sin la menor sensibilidad, que se aprovechan de la nobleza de una sociedad mexicana que a veces perdona, en ocasiones se resigna y muchas otras, olvida. Es hora de no callar y exigir compromisos; sólo así vamos a reencauzar a nuestros gobiernos y obligarlos a que cumplan cabalmente con sus responsabilidades.
