Entrevista con el consejero electoral Arturo Sánchez Gutiérrez
Hay varias diferencias importantes. Es un Instituto con nuevas atribuciones, como participar en elecciones locales, organizar las elecciones internas de los partidos políticos cuando así lo soliciten, organizar las consultas populares, verificar los datos para las iniciativas ciudadanas al Congreso de la Unión, y registrar a otro tipo de actores como los candidatos independientes.
El Instituto tiene una conformación y una organización muy distinta a la del IFE, pero está montado sobre la misma estructura y esto le permite garantizar dos cosas: primero, la continuidad de los trabajos; y segundo, la creación de nuevas unidades y formas de gestión.
El INE va a tener unidades que no conoció el IFE; por ejemplo, una Oficialía Electoral, una Unidad de lo Contencioso y una Unidad Jurídica que va a encargarse de las quejas.
También es distinta la forma de trabajo al interior del Consejo General. Ahora somos once, hay una conducción y organización de los trabajos que permite que todos estemos participando prácticamente en todos los asuntos.
En general el IFE venía realizando bien sus funciones. De hecho la ley no cambia las tareas del INE salvo en un par de actividades, prácticamente va a ser la misma estructura.
Se modificaron dos cosas. Una es la fiscalización, que es claramente un producto de lo que pasó en la elección del 2012. La otra es que había una congestión de actividades en la secretaría ejecutiva, para lo cual se creó la Unidad de lo Contencioso, que va a descargar al Consejo General de una gran cantidad de debates.
Se presuponía que los gobernadores o los partidos en los estados tenían una injerencia directa en el nombramiento del órgano electoral local. Ahora esos nombramientos los hace el Consejo General del INE. Ya hicimos una serie de normas que van a impedir la intromisión, no nada más de los gobernadores, sino de cualquier actor externo al INE para el nombramiento de estos consejeros.
Otra presunción era que el gobierno o empresas locales metían dinero y apoyaban al partido político de sus preferencias en el estado y que no había una vigilancia adecuada, o que el mismo gobernador apoyaba con sus acciones. Por eso se modificó el esquema de fiscalización. Nos dan a nosotros la atribución de supervisar más a fondo las elecciones locales.
Cualquier elección normal en un estado se va a desarrollar por el órgano local, pero también por el INE. El INE va a fijar los criterios y con ellos los estados van a hacer la organización. El INE estará ahí para coordinar y supervisar.
Un segundo escenario es que, en cualquier momento y mediante un acuerdo del Consejo General, cuando algo no esté funcionando bien, el INE pueda atraer una función específica. La otra situación es cuando firmemos un convenio de colaboración con una entidad federativa. Ahí la Constitución y la ley prevén tiempos. El Estado tiene que avisar con un año de anticipación y decir cuáles son las condiciones. Entonces, todo el control de la elección pasa al INE.
¿QUIÉN TIENE DERECHO A ESTAR EN LA BOLETA?
El problema es quién tiene derecho a estar en la boleta. Estar en la boleta es un privilegio que por muchos años solamente se le otorgó a los partidos políticos, capaces de proponer nombres de personajes para ser electos. Ahora, cualquier ciudadano lo puede hacer, pero subir a la boleta implica, desde el punto de vista de los legisladores, tener las garantías de que no sea cualquiera, con el ánimo de no pulverizar la votación. Estar en la boleta implica que se trata de personajes que acreditan ciertas características mínimas para merecer ser electos.
o de presencia a nivel nacional, que no sea cualquier ciudadano que diga: “Yo quiero”.
¿Cómo se resuelve ese problema? Pues presentando un número de firmas repartidas en toda la república que lo acrediten como alguien que ha hecho un trabajo político, que tiene una oferta, que hay quien lo apoya.
Ahora, como las candidaturas independientes están abiertas no sólo a presidente de la república, sino también a diputados y senadores, tanto a nivel federal como local, esto implicaba poner una serie de criterios para acreditar a los candidatos.
¿Es justa esa retribución? Pues los legisladores así lo decidieron. ¿Es mucho o es poco? Pues, por lo pronto a nosotros no nos toca juzgar eso, sino aplicarlo.
Podría ser el caso de que algún ciudadano proteste contra esas normas. Si lo hace y gana, pues también nosotros cambiaremos el criterio, porque tendrían que cambiar la ley.
Ese es un tema interesante, porque de qué te sirve ser candidato si no tienes prerrogativas. Hacer una campaña, sobre todo a nivel presidencial, resulta extremadamente caro.
Se les van a dar a los candidatos independientes dos prerrogativas básicas: financiamiento y tiempo en los medios de comunicación.
En términos de dinero se les dará lo que se le daría a un partido de reciente creación; pero no a un candidato en particular, sino al conjunto de candidatos. Si hay cinco candidatos, esa bolsa se repartirá entre los cinco. Si hay un sólo candidato, ese candidato se lleva toda la bolsa.
Dependerá de cómo se conformen las opciones. Y en el acceso a los medios de comunicación, igual: se les va a dar tiempo, pero como si fueran un partido en su conjunto.
Atrás de esto hay una polémica muy grande: a la luz de muchos observadores, sigue manteniéndose una especie de inequidad para poder participar. Eso es, otra vez, lo que dijeron los señores diputados y senadores, suponemos que habrá acuerdo al respecto y en consecuencia, cuando se presenten los casos, veremos si están contentos.
Ya tenemos experiencias de esas en Zacatecas y en Quintana Roo. Hubo polémica pero la elección finalmente se realizó. Incluso hay un candidato independiente que ganó en Zacatecas. Entonces, el sistema parece funcionar, pero vamos a verlo ahora a nivel federal.
En cuanto al 50 por ciento de candidaturas para las mujeres, ¿cómo se evitarán casos como las “juanitas” y qué puede hacer el INE ante este tipo de conductas de los partidos?
Hay ahora una gran cantidad de candados que se pusieron en relación a las candidaturas de las mujeres.
Los partidos son responsables de ofrecer 50 por ciento de candidaturas de cada género. Si el partido hizo elecciones internas y ganaron puros hombres, que el partido lo resuelva como estime, pero el INE no va a registrar a los candidatos si no es 50 y 50 por ciento.
Si un partido quiere poner en los diez primeros lugares de representación proporcional a puros hombres o puras mujeres, no se puede. Tiene que ser uno y uno, al igual que en mayoría relativa.
En segundo lugar, el propietario y el suplente, tienen que ser del mismo sexo. Ya no hay forma de que renuncie la mujer para que entre el hombre, o viceversa.
Y tercero, se incrementó el porcentaje de recursos que cada partido le tiene que dar, de sus prerrogativas, al desarrollo de la proyección política de la mujer. Entonces, hay muchos recursos y un énfasis especial puesto en esa dirección y así será como se operará este proceso. Creo que va a funcionar. Es un reto para los partidos, porque van a tener que hacer un esfuerzo para encontrar buenas candidatas y candidatos en toda la República.
Para los partidos no es una cuestión necesariamente fácil, sobre todo porque enfrentarán más adelante otro reto, que es el de la reelección. Va a haber ciudadanos que querrán reelegirse y el partido tendrá que decidir si les permite optar por ese camino o no, porque tienen que salvaguardar la cuota de 50 y 50. Esas serán decisiones internas de los partidos.