La democracia es, en primer término, el conjunto de normas y principios que hacen posible la más amplia participación de los ciudadanos en la toma de decisiones que le incumben. Pero es también un sistema de vida que busca el mejoramiento de los ciudadanos en todas sus dimensiones, sea económica, social o cultural. México debe ser un país democrático por mandato de la Constitución Política y ningún «acuerdo» puede vulnerar el derecho que tenemos todos los ciudadanos libres de saber, decidir e incidir en la vida pública. No obstante ello, PRI, PAN y PRD han convertido al Pacto por México en un medio para vulnerar los mandatos constitucionales e imponer sus acuerdos e intereses particulares sobre los derechos de los ciudadanos.
El Pacto por México (gobierno federal y cúpulas partidocráticas) se ha apoderado del Poder Legislativo para aprobar reformas y leyes contrarias a la Constitución, contrarios a los principios básicos de una democracia y a la voluntad ciudadana. El PRI, el PAN y el PRD no sólo han comprometido así la soberanía nacional, al aprobar leyes que vulneran la libertad de expresión y que benefician intereses particulares en perjuicio de la ciudadanía, sino que ahora intentan acotar la democracia en aras de una supuesta gobernabilidad.
Con acuerdos cupulares que han caracterizado esta alianza entre los partidos tradicionales, desde el 2007 han generado reformas que sólo benefician al sistema de partidos, que limitan la participación ciudadana y que tienden a excluir a los ciudadanos de la toma de decisiones.
Un elemento fundamental para cualquier democracia es la deliberación, que supone anteponer el debate y la confrontación de propuestas e ideas, a la toma de decisiones; es decir, fortalecer el debate público como el medio más eficaz para la toma de decisiones.
“(…) la deliberación supone aceptar la autoridad del mejor argumento, en vez de la autoridad jerárquica, el número, el dinero o la fuerza. De hecho, la deliberación constituye un proceso de discusión pública en que las propuestas que se ofrecen para apoyar la toma de decisiones están respaldadas por justificaciones o razones que apelan a intereses públicos”, ha dicho la prestigiada socióloga y politóloga chilena Nuria Cunill Grau.
ender a las eventuales implicaciones que ello tendría sobre la calidad democrática de un sistema político, puede convertirse en un costosísimo y tal vez irreparable daño en el funcionamiento de la democracia y, eventualmente, hacerla degenerar hacia una mera apariencia”, según el Dr. Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral.
Este es el caso de las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (artículos 167, 180, 181 y 182) que tienden a eliminar la discusión y argumentación, en beneficio de la spotización de la comunicación política.
Las reformas aprobadas vulneran los principios democráticos al limitar la comunicación de los partidos a spots de 30 segundos, de los candidatos (en elecciones) a 30 segundos, uno y dos minutos, y la del propio Instituto Nacional Electoral a spots de 30 segundos.
Con estas reformas, los partidos quedan reducidos a productores de promocionales en fragmentos de 30 segundos.
Se elimina el debate, la discusión y confrontación de propuestas e ideas, y se limita la comunicación política a la elaboración de spots publicitarios.
El PRI, PAN y PRD aprobaron estas medidas para que las contiendas electorales deban centrarse en contratar al publicista capaz de destruir a sus oponentes con una sola frase; la partidocracia pretende relegar así los programas, los principios y las plataformas electorales, para evitar que la ciudadanía las conozca y los candidatos y partidos las discutan como lo dispone la Constitución.
En lugar de que la ciudadanía pueda observar y contrastar las plataformas electorales, solo tiene acceso a producciones que ofenden su inteligencia y banalizan la deliberación pública, en beneficio de la partidocracia, que se asegura la mayor tajada en el reparto de spots e impide el debate público.
Estas reformas están hechas para legitimar que las campañas electorales se conviertan en telenovelas, en venta de imágenes y figuras para evitar una discusión razonada que informe a los ciudadanos y les dé más y mejores elementos para participar y decidir.
Las reforma que combatimos e impugnamos tiene como consecuencia que se agudice la escalada de apatía, abstencionismo e inconformidad social que la partidocracia ha traído sobre el sistema electoral.
ón Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que obligan a los partidos a propiciar la exposición, el desarrollo y la discusión ante el electorado de los programas y acciones consignados por los propios partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral.
Es por lo anterior que Movimiento Ciudadano ejerce su derecho de impugnar una normativa inconstitucional, restrictiva y perversa.
La finalidad de nuestra acción de inconstitucionalidad es la defensa del más amplio concepto de democracia. A ese reto nos enfrentamos en el actual momento histórico de la nación.
La invalidez de los artículos impugnados de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sería el principio del fin de una época en la que PRI, PAN, PRD y los poderes fácticos han sometido al Estado mexicano en beneficio de intereses particulares y de grupo.
Es aquí donde radica la responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: por un lado, hacer valer los preceptos de nuestra carta magna y, por otro, detener a los partidos políticos tradicionales que pretenden restringir la participación informada de los ciudadanos libres.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la responsabilidad constitucional e histórica de ser contrapeso frente al intento de secuestro del Estado mexicano. Confiamos en que el Poder Judicial Federal ponga orden en México.