Apenas aprobada, la consulta popular enfrenta su primer dilema, ya que los partidos políticos, en lugar de respetar esta figura como una herramienta del poder ciudadano, la han tomado para fines muy ajenos y contrarios, al convertirla en una vía para simular su interés por “temas de trascendencia nacional”. ¡Qué pronto la enviciaron los políticos!
La figura de la consulta popular fue durante muchos años una de las grandes demandas de grupos de la sociedad civil y de algunas agrupaciones políticas, que buscaban que esta herramienta, (junto con otras iniciativas como las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana y la revocación de mandato), se convirtiera en el puntal de la anhelada democracia participativa.
En la reforma de 2011 se dio un paso adelante en la búsqueda de un contrapeso a la partidocracia, al adicionar en el artículo 35 de la Constitución Mexicana tres de los mecanismos que darían al ciudadano la fórmula para ejercer de forma directa sus derechos políticos: la iniciativa ciudadana, las candidaturas independientes y la consulta popular, quedando pendiente la revocación de mandato.
El 14 de marzo pasado, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Consulta Popular, la cual regula el ejercicio de este derecho. Parecía que las agrupaciones progresistas del país obtenían al fin una victoria. Sin embargo, los partidos políticos demostraron de inmediato su irrefutable poder de convertir los derechos ciudadanos en instrumentos banales.
El primero en buscarle un uso utilitario a la consulta ciudadana fue el Partido Acción Nacional, el cual se puso a colectar firmas para superar la cifra de un millón 605 mil rúbricas necesarias para llamar a consulta. El tema de trascendencia nacional que plantea es un “salario digno” para los mexicanos. Nadie podría refutar que mejorar el ingreso es uno de los grandes pendientes del país y mucho menos imaginar que los ciudadanos voten en contra. ¿Entonces para qué preguntar lo obvio?
El dirigente panista afirma que lo que buscan a través de la consulta es volver vinculante el resultado con las acciones a tomar. Pero, ¿no sería mejor tomar acciones, en vez de generar un gasto para conocer lo que ya todos sabemos?
El PRI no quiso quedarse atrás, así que encontró en la conformación del Congreso de la Unión el tema de trascendencia para solicitar su consulta popular. Según este partido es necesario preguntar a los ciudadanos si quieren reducir de 200 a 100 el número de diputados plurinominales y eliminar las 32 senadurías de representación proporcional. De nueva cuenta, todos sabemos que el número de legisladores, particularmente los que han llamado la atención por su inactividad, han sido objeto de infinidad de cuestionamientos por parte de la ciudadanía.
Al PAN y al PRI, respectivamente, se les ha cuestionado que buscan sacar raja electoral y lograr la mayoría absoluta en el Congreso. Tampoco resulta difícil creerlo. Pero definitivamente su objetivo es ensuciar el proceso que llevan a cabo tanto el PRD como Morena para solicitar una consulta popular sobre la reforma energética.
La apertura de Pemex y todas sus subsidiarias a la inversión privada es el asunto de mayor trascendencia en la actualidad. La aprobación de las reformas constitucionales y la reciente aprobación de las leyes secundarias la convierten en objeto de consulta, ya que así lo establece la misma ley.
Sin hacer una defensa a ultranza de los objetivos de la izquierda, dividida hasta en el asunto de la reforma energética, a todas luces su solicitud de consulta popular tiene una trascendencia que supera los intereses de los partidos, del poder empresarial, de las trasnacionales y de funcionarios, incluso del mismo gobierno. Se trata de un asunto de seguridad, desarrollo y bienestar nacional.
Las otras consultas son sólo pruebas de la banalización de la vida política ejercida por los partidos.