El síndrome de la tragedia ocurrida en Ayotzinapa es el de una enfermedad maligna que se propaga por todo el país desde hace tiempo; cada día avanza su poder destructor. ¿Hacia dónde dirigen a la Nación nuestros gobernantes?
Estos son algunos síntomas del mal:
•Es evidente el proceso de militarización de la seguridad pública en las tres estructuras de gobierno, salpicado aquí y allá con otro fenómeno atípico: la participación de la sociedad civil en grupos de autodefensa.
•Difícilmente se puede identificar hoy la frontera entre el poder público y las bandas criminales.
•El Estado mexicano exhibe una asombrosa ineptitud para investigar, deslindar responsabilidades, castigar culpables y garantizar seguridad a la ciudadanía, como lo ordena la Constitución General de la República.
•De la mano, corrupción e impunidad destruyen cotidianamente la (cada vez menor) confianza de la gente en la vida institucional.
•La presumible existencia entre la clase dominante (funcionarios públicos de alto nivel, poderes fácticos y líderes políticos), de una ley del silencio, especie de Omertá, o código de honor siciliano, que prohíbe informar sobre los delitos, considerados asuntos que sólo incumben a las personas implicadas. En la cultura de la Mafia, romper el juramento de Omertá se castiga con la muerte; en contrapartida, la complicidad silenciosa se premia con impunidad.
•Ni el Poder Legislativo, ni el Judicial, mucho menos el Ejecutivo, han transparentado la relación, las obligaciones y las responsabilidades entre el poder civil y el militar.
•Como en los viejos tiempos de la intolerancia y del delito de disolución social, previos a la llamada “guerra sucia” que sembró de cruces pueblos y caminos de México, la protesta popular ha vuelto a ser criminalizada.
•Ya es lugar común referir que lo ocurrido en Ayotzinapa, en Tlatlaya, en San Fernando y más allá, en Aguas Blancas o Acteal, no son hechos aislados. Torturas y desapariciones forzadas ya corresponden a otro país, a otro proyecto de nación que bien podríamos llamar “la Repú-blica de Ayotzinapa”.
Pero no pasa nada más. Mientras gobernantes y políticos fallan estrepitosamente, el hartazgo social se asfixia en la impotencia. La falla es estructural. Y si no se encuentra pronto el remedio, la situación va a empeorar. La crisis de inseguridad puede convertirse en crisis de gobernabilidad. Y de ahí a la sublevación social, cualquiera que sea su expresión, no habrá más que un pequeño paso.
