Luis Gutiérrez Rodríguez
Con definiciones que varían en diferentes países del mundo de-mocrático, se acepta en términos generales que el Estado es la organi-zación jurídica de una nación conformada por tres elementos: 1) un territorio físico que incluye riquezas naturales del suelo y del subsuelo, islas y mar patrimonial, es fuente de recursos, lugar para el desarrollo de ac-tividades, hábitat y parte del ecosistema; 2) la población que vive en ese territorio, y 3) el poder político depositado en un gobierno que organiza y administra todo lo que el Estado representa con un objetivo superior: el bien común.
¿Por qué un gobierno? Porque, según los autores especializados, toda sociedad organizada debe regirse por normas regula-torias, concretamente una Constitución de la que derivan leyes primarias, secundarias y reglamentos.
Un Estado dispone de tres faculta-des esenciales: legislar, administrar justicia y ejecutar las políticas pú-blicas, para lo cual divide sus tareas en tres poderes: el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. El funcionamiento de estos tres poderes es interdependiente: ningún poder puede subordinar a otro. Su coordinación está de-terminada por la Constitución General de la República y su buen desempeño configura el “estado de derecho”.
El Poder Ejecutivo está vinculado a la gestión del funcionamiento estatal y garantiza el cumplimiento de las leyes elaboradas por el poder legislativo y que son administradas por el poder judicial. En México el poder ejecutivo lo encabeza un presidente electo cada seis años por los ciudadanos, a quien se le otorgan, entre otras potestades: a) la facultad de elegir a sus secretarios para que se encarguen de di-ferentes ámbitos del ejercicio del gobierno: gobernanza, educación, salud, etcétera; b) el monopolio de la fuerza pública para pre-servar la soberanía del Estado (o nación), la paz, el orden y la seguridad ciudadana, mediante el mando de las fuerzas armadas y de las corporaciones policiacas federa-les, esto es, con responsabilidad en todo el territorio nacional; y c) los recursos finan-cieros necesarios para hacer frente a costos de administración, garantizar servicios públicos y construcción de obra pública, todo ello en beneficio de los ciudadanos.
El Poder Legislativo crea, desarrolla y modifica, en nombre del pueblo, las leyes que regulan el buen funcionamiento de la sociedad. Lo integran las cámaras de sena-dores y diputados, que en conjunto forman el Congreso de la Unión. Ambas regulan los derechos y las responsabilidades de los ciuda-danos, según lo establecido por la Constitu-ción. Sus integrantes a nivel federal o estatal son representantes de los ciudadanos, sean electos por la vía directa o indirecta.
El Poder Judicial se encarga de admi-nistrar la justicia mediante la aplicación de las leyes. Debe, con absoluta imparcialidad, resolver litigios, proteger los derechos de los ciudadanos y hacer cumplir las obligaciones y responsabilidades que corresponden a cada parte de la sociedad. Al igual que el resto de los poderes, el funcionamiento del Poder Judicial, está regido por la Constitución, que reúne las normas fundamentales que regulan la actividad del Estado.
Es pertinente advertir que si el presidente de un país (esto es, el jefe del Poder Ejecutivo), comete un abuso de poder y viola los derechos de los ciudadanos, el Poder Judicial es el res-ponsable en estos casos de salvaguardar los intereses de las personas mediante diversos recursos. En cambio, si quien actúa mal es un funcionario del Poder Judicial, el Poder Legislativo tiene la facultad de someterlo a un juicio político.En México rige un sistema republicano, y en la esencia del régimen republicano la titularidad de la soberanía está en el pueblo.
Gobernanza, gobernabilidad
gobernabilidadLas sociedades, en cualquier época, tie-nen procesos que reclaman gobernabilidad y gobernanza, condiciones que surgen de conflictos políticos, económicos o sociales. El término gobernanza, de reciente imple-mentación, describe la eficacia, la calidad y la buena orientación de los actos de gobierno, que legitiman a su vez la forma de gobernar.
La gobernabilidad, señalan los clásicos, es la manera en que se implementan las acciones dentro del sistema de gobernanza estable-cido; se define como un estilo de gobierno caracterizado por un mayor grado de coo-peración e interacción entre los poderes y las instituciones del Estado y la ciudadanía. Este concepto enmarca “la capacidad de go-bierno”.
La gobernabilidad se consolida y fortalece cuando se apoya en normas, reglas y valores, que definen su calidad, a partir de un estilo de ejercicio del gobierno, que convierte la interacción y la cooperación de actores pú-blicos y privados, en una de sus columnas estratégicas para gobernar. La clave está en conciliar las tareas del Estado en su conjun-to, con los intereses del ciudadano, que es la fuente original y legítima de su poder.
El gobierno, con sus desviaciones, exce-sos e incapacidad para servir al pueblo, es el primer detonante de la inestabilidad e ingo-bernabilidad en una sociedad. En apretada síntesis, el Estado es una agrupación humana, fijada en un territorio determinado y en el que existe un orden so-cial, político y jurídico orientado hacia el bien común, establecido y garantizado por una autoridad a la que se confían poderes de coerción.
El gobierno o los órganos de gobierno son instrumentos de realización, ejecución y administración de las decisiones superiores de la ciudadanía.Si los hombres elegidos para gobernar traicionan la confianza del pueblo y fallan por ineptitud, incapacidad, corrupción o contubernio con intereses ajenos a los de la gente, entonces la sociedad está ante un “gobierno fallido”.Y es el gobierno fallido el que lesiona, traiciona y debilita al Estado. El pueblo manda