Los dramáticos sucesos de Guerrero

Cuando el pasado 13 de septiembre, asumí la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero, nunca me imaginé que las cosas se complicarían tanto en la entidad y el país.

A los pocos días, la barbarie de Iguala, como la caracterizó el presidente Peña Nieto, desató la crisis política más grave que ha padecido la nación y como país nos ha expuesto a acres reclamos de la comunidad internacional.

El asesinato de tres normalistas y la desaparición de otros 43, además de la muerte de otras tres personas, detonó esta grave crisis al evidenciar de manera fehaciente cómo el narcotráfico ha logrado infiltrar los cuerpos de seguridad y justicia, hasta meterse en la vida política a niveles insospechados.

Esta vinculación entre delincuentes y autoridades estaba desde hace años en la percepción popular; pero nadie dimensionábamos su alcance y poderío. Hoy esta realidad está expuesta en toda su brutalidad y urge revertirla.

En esto están trabajando, y debemos seguir trabajando las fuerzas políticas, los gobiernos estatales y de la República, así como los poderes legislativo y judicial del país, a fin de implementar medidas e instrumentos legales e institucionales que eliminen la corrupción y la impunidad para restablecer la seguridad y la justicia, que son lo que más quiere y anhela la sociedad.

En Guerrero, el gobernador constitucionalmente electo, Ángel Aguirre Rivero, ha tenido que separarse definitivamente del cargo y como gobernador interino ha sido designado Salvador Rogelio Ortega Martínez, quien está haciendo lo posible para reconciliar a los guerrerenses y reencontrar el camino hacia la paz y el desarrollo. No la tiene fácil, por la polarización y la ira social que genera la incertidumbre sobre el paradero de los 43 desaparecidos.

El Congreso del estado ha sabido estar a la altura de las circunstancias, no obstante las presiones y agresiones de que hemos sido objeto. Los diputados locales hemos sabido abonar a la gobernabilidad, no promoviendo ni respaldando actitudes o posicionamientos sesgados o malintencionados, y cumpliendo escrupulosamente con nuestras obligaciones legislativas, aunque hayamos tenido que sesionar en días inhábiles o de madrugada.

En nuestra opinión, el gobierno federal está encauzando la atención a este conflicto en una ruta adecuada, al tomar la decisión de caminar conjuntamente con los padres de los desaparecidos, los alumnos de Ayotzinapa y la sociedad. En ese sentido abonan la decisión de continuar con la búsqueda de los desaparecidos; la firma del Convenio de Colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la integración de una comisión conjunta del gobierno y la sociedad civil para dar seguimiento a las investigaciones sobre los desaparecidos, y el compromiso de investigar y sancionar las omisiones y responsabilidades en que pudieran haber incurrido las autoridades estatales.

En términos generales, el movimiento por la aparición con vida de los normalistas desaparecidos, se ha manifestado la mayoría de las veces de manera pacífica, aunque también es cierto que grupos radicales realizan acciones que lesionan intereses de terceros y disgustan a muchos sectores sociales. Ese es su lado débil y a ellos corresponde corregirlo.

Aunque hay quienes presionan fuertemente, el gobierno debe evitar una solución militar para tratar de frenar el movimiento; sería un grave error. La solución es y debe ser política, cumplir plenamente los acuerdos pactados por el gobierno con los padres de los desaparecidos y recuperar la credibilidad de la sociedad. Como país podemos cambiar para bien, ojalá se profundice en soluciones democráticas y ampliamente concertadas, es lo mejor para todos y para México.