A partir de octubre, representantes de los diferentes pueblos afectados ante el derrame de tóxicos en los ríos Bacanuchi y Sonora provenientes de la minera Buena Vista del Cobre, se reúnen para compartir opiniones y manifestar sus inconformidades en torno a la tragedia ambiental ocurrida el pasado 6 de agosto del 2014.
Desde la falta de agua, hasta la reflexión sobre los saldos de un sistema negligente e irresponsable, capaz de arruinarle la vida a 22 mil personas sin sentir una pisca de remordimiento, son algunas de las denuncias que realizan sus pobladores.
Los Derechos Humanos que se violentan por el derrame en el Río Sonora
La madre del menor eligió esta fecha porque hace dos años y un mes Peña Nieto les prometió, durante su campaña, revisar el caso de la tragedia suscitada en Hermosillo.
La contaminación del Río Sonora por parte del Grupo México afectó de manera directa y generalizada a siete municipios (Arizpe, Bacanuchi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviacora y Ures). En este hecho no solamente se manifestó la irresponsabilidad de dicho consorcio, sino que se dejó entrever la complicidad del Estado mexicano tanto por omisión como por acción.Las afectaciones por el derrame no se limitan a las que padece únicamente el ambiente, sino a aspectos de ámbito social, económico, laboral y de salud. En este escenario la lectura que da la defensa de los derechos humanos, permite ver cómo la privación del vital líquido afectó directamente al derecho a la vida y por ende a los pueblos. Esto se debe a que el principio de interdependencia de los derechos humanos, el cual consiste en que todos los derechos se encuentran vinculados entre sí, hace que la transgresión hacia uno sólo, como es el caso del derecho al medio ambiente sano, impacte de manera directa en todos los demás.
En México la reforma constitucional del 2011 establece este derecho en el artículo 4, el cual se relaciona con el Protocolo de San Salvador, en su artículo 12, y el pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 11. La contaminación actual del río Sonora viene de años atrás, y no fue prevenida ni atendida a tiempo a pesar de que la misma Conagua advirtió sobre los graves niveles de contaminación, que se encuentran fuera de la norma oficial.
Situación actual
El 21 de noviembre del 2014, Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que concluyó la fase de emergencia por el derrame de 40 mil litros de tóxicos de la minera Buena Vista del Cobre, de Grupo México, en los ríos Bacanuchi y Sonora. En esa misma conferencia de prensa el funcionario declaró que ha sido superada la fase de emergencia y que ahora se comienza con la etapa de remediación.
Navarrete Prida aseguró que en la fase de contención hubo una inversión de 500 millones de pesos del fideicomiso creado para atender la contingencia y que ésta se repartió en instalación de tinacos en casas y escuelas, abastecimiento de agua potable para garantizar que ya no existen desechos tóxico en el Río Sonora, así como indemnizaciones a productores y personas afectadas en su salud.
Sin embargo, la situación que describe el funcionario federal dista mucho de lo que sucede realmente en los pueblos afectados, en donde los pobladores han dejado ver su molestia por la inequitativa repartición de los tinacos y los apoyos económicos del fideicomiso. Prueba de lo anterior han sido las diferentes manifestaciones de indignación en las poblaciones afectadas, una de ellas ocurrida el 17 de octubre en el palacio municipal de Ures. A estas manifestaciones también las han acompañado bloqueos en la carretera y las reuniones de la asamblea de los pueblos del río.
En cuanto a la remediación ambiental, Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la SEMARNAT, anunció el 15 de noviembre que se prepara un estudio para cuantificar los daños provocados por el derrame. Según los cálculos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc) los costos de la emergencia y la remediación podrían ascender a 20 mil millones de pesos.
Hasta ahora, del fideicomiso de los dos mil millones de pesos acordado con Grupo México, únicamente se han entregado mil millones, que son insuficientes para cumplir lo estimado para la fase de remediación.
