Un Estado que se considera democrático no puede darse el lujo de permitir que la confianza ciudadana, necesaria para que los asuntos que conciernen a la Nación marchen por buen camino, se desquebraje y en consecuencia contamine la gobernabilidad.
La ciudadanía y los medios de comunicación, que deben ser interlocutores responsables de aquella con el gobierno, tienen todo el derecho para cuestionar, criticar, dudar, reprobar y aún rechazar los actos o las decisiones del poder que, cobijados por la opacidad, no merezcan crédito público.
El gobierno no puede, no debe, asumir que esta democrática conducta signifique una amenaza para la estabilidad del Estado. Todo lo contrario, debe incluso alentarlas. Cuando el gobierno no advierte que las voces críticas y disidentes son las que lo alejan del autoritarismo y lo encauzan por senderos democráticos, acaba por caer en el despotismo y en la autocomplacencia, lejos de los intereses y las preocupaciones del pueblo que lo eligió; rodeado solamente de aplausos, espejos y silencios cómplices.
Tal ocurre, y es de lamentarse, con la criminal desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa,Guerrero. La autoridad investigadora ha llamado “verdad histórica” a sus muy particulares indagaciones, derivadas casi todas ellas de dichos sin sustento científico. Y presenta su “verdad histórica” como fallo inapelable, indiscutible, a contrapelo no sólo de señalamientos como los que consigna el Dr. Jorge Arturo Talavera González, experto antropólogo forense, en esta edición de El Ciudadano, sino de numerosas opiniones fundamentadas, vertidas por autoridades en criminología y antropología dentro y fuera del país.
Ante las dudas, el gobierno federal debe optar por la certeza clara, convincente, sin elucubraciones pretendidamente filosóficas cuando está ante un hecho que se suma a lo que ya es vergüenza de México ante el mundo: la desaparición forzada (criminal e impune) de miles de seres humanos en nuestro país.
La gobernabilidad de la nación está en riesgo. Y lo estará aún más en la medida en que “la verdad histórica” se convierta en peligrosa “verdad sospechosa”.
