Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa fueron asesinados, heridos y otros desaparecidos, por parte de policías del municipio de Iguala, en conjunto con paramilitares.
A nivel mundial, este caso ha colocado a México de manera vergonzosa, porque son actos de salvajismo que enlutan a todo el país y ref lejan la saña contra jóvenes inocentes.
La ciudadanía todavía no puede encontrar la razón de tanta violencia aplicada en el asesinato de los normalistas, menos aún cuando quienes intentan encontrar esa explicación son los padres, quienes se niegan a creer que ya no están con vida, porque, hasta donde se sabe, boteaban y habían secuestrado tres autobuses para viajar a la ciudad de México, actos que en repetidas ocasiones realizaban, con el fin de asistir al acto conmemorativo del 46 aniversario de la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968.diputados-quote
Si la disposición gubernamental era acabar con las normales rurales del país, no fue acertado recurrir al crimen y al atropello con que actuaron quienes cometieron el homicidio y la desaparición de estos normalistas.
En la actualidad vivimos actos de inconformidad de los estudiantes de diferentes escuelas rurales como, la normal rural “Luis Villarreal” El Mexe, que cada año protestaba por diversas situaciones, como mejorar las condiciones de su escuela, obtener mayor número de becas para alumnos, hasta que el gobierno acordó cerrar el plantel y crear la Universidad Politécnica Francisco I. Madero.
Dicha situación fue un hecho en donde se habló sobre la intención del gobierno por reducir al mínimo la educación normal rural y posteriormente, lograr su desaparición. De 29 escuelas creadas durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, la cantidad se había reducido a 16 y tras el cierre de la normal de El Mexe, la cifra se limitó a tan sólo 15 escuelas.
Este tipo de educación es, en muchas ocasiones, la única opción de aquellos jóvenes, no sólo del medio rural, sino del urbano, cuyas condiciones son de pobreza, ya que, en esos planteles encuentran diversos apoyos como: educación, alimento y hospedaje. En estas escuelas se forman maestros dedicados a atender a la población de las zonas más pobres del país, de ahí tanta indignación con lo que ocurre en Guerrero.
Ante esta situación, el pueblo puede y debe alzar la voz y clamar justicia, hasta lograr que quienes tienen esta labor la hagan valer. De acuerdo con las investigaciones de la PGR, el viernes 26 de septiembre, cerca de las 21:00 horas, decenas de normalistas llegaron a Iguala, donde fueron atacados y perseguidos por policías municipales. Estos los llevaron a su cuartel y de ahí, con ayuda de agentes de Cocula, los trasladaron a Pueblo Viejo, donde presuntamente los entregaron al grupo delictivo Guerreros Unidos.
A cuatro meses, el gobierno federal quiere hacerle creer a la población mexicana que los jóvenes fueron asesinados y que sus cuerpos fueron quemados, aunque incoherentemente, las autoridades todavía esperan análisis de ADN que confirmen esta conclusión. Mientras tanto, los familiares dudan de esa versión por considerar que existen demasiadas inconsistencias en tales declaraciones.
Con una patética reconstrucción de los hechos, existen elementos que enlistan la participación de las autoridades tanto de policías, como del alcalde de Iguala, el Ejército, paramilitares y un médico cirujano, que se negó a atender a uno de los estudiantes que había perdido la boca de un balazo en el ataque.
La participación del procurador, Jesús Murillo Karam, al dar a conocer avances de la investigación, muestra lo que para muchos es resultado de diversos ensayos y actuaciones amañadas de representantes de la justicia, que lejos de proteger a la población, parece que protegen a los delincuentes al poner trabas a dichas investigaciones.
Este caso ha generado indignación, reclamos, críticas hacia las autoridades, detenciones, tropiezos de funcionarios e incluso crisis al interior de algunos partidos políticos; diversas movilizaciones, paros y cierres de carreteras, así como toma de casetas, han sido los recursos de la población para presionar, sin que hasta el momento haya resultados convincentes y favorables.
Iguala de la Independencia y Cocula, son presentados como municipios sin ley donde el narcotráfico tiene más poder que el mismo gobierno, ya que muchos integrantes se han encontrado coludidos con la delincuencia, neutralizando la ejecución de la verdadera justicia.
La versión de la PGR en relación con la quema de los cuerpos resulta ilógica para quienes saben, dado el tiempo y la intensidad del fuego que se necesitan para quemar un cuerpo, sobre todo tomando en cuenta que se habla de 43.
Los mexicanos y el mundo ya no creen en la justicia de este país, no hasta que se esclarezca este caso, que sin duda duele y lastima el alma de cualquier ser humano.