Días pasados la Cámara de Diputados discutió y aprobó modificaciones constitucionales en materia de transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, encabezado por el diputado, Juan Ignacio Samperio Montaño, votó a favor de estas reformas con el objetivo de consolidar el camino hacia una democracia real.
La aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción es sin duda un avance para que las malas costumbres arraigadas dentro de nuestro sistema político, sean inhibidas y, con el tiempo, eliminadas.
¿Qué aprobamos? El fortalecimiento en las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano encargado de revisar la Cuenta Pública de los tres Poderes de la Unión, órganos autónomos, entidades federativas y municipios, así como a todo ente que ejerza recursos públicos federales, incluyendo a los particulares.
Antes de esta reforma, la Auditoría Superior de la Federación sólo podía revisar los recursos ejercidos de dos años anteriores, es decir, no era inmediato. Esto provocaba que disminuyera la posibilidad de castigar a los servidores públicos que hicieran mal uso de los recursos públicos, pues, muchas veces, ya ni siquiera seguían en funciones.
Con las modificaciones aprobadas se podrán realizar revisiones en tiempo real, lo cual facilita la posibilidad de que sean detectadas irregularidades sobre el mal uso de recursos públicos y así castigar a los probables responsables y contener la impunidad, mal que aqueja y del que ya estamos hartos los ciudadanos.
Un punto más, que claramente constituye un avance en el equilibrio de poderes, es que el Senado de la República podrá ratificar, modificar o rechazar en su caso, la propuesta que el titular del Ejecutivo Federal haga para ocupar el cargo de la Secretaría de la Función Pública.
Esta modificación nos dará más confianza a todos los ciudadanos pues con estas facultades otorgadas a un órgano colegiado como el Senado, se reducen posibilidades de dependencia ante el Presidente de la República y tendrá más autonomía y capacidad para ejercer sus funciones.
Hoy tenemos un país con grandes prestanombres, mafias cobijadas y protegidas por el sistema político, funcionarios protegidos por el fuero que saquean las arcas públicas y que no son sancionados porque las leyes, simplemente no los alcanzan.
No se trata de meras percepciones. Los ciudadanos vivimos día a día la corrupción, desde la “mordida”, hasta las “Casas Blancas”. Hablamos de realidades, no de imaginarios.
Tan real es el problema que, según cifras del Índice de Percepción de Corrupción que da a conocer año con año Transparencia Internacional, organismo que califica a167 países en el mundo, México ocupó el lugar 103 en el 2014. Cabe aclarar, que el primer lugar de este Índice lo ocupa el país con más baja corrupción.
Los ciudadanos requerimos que haya adecuadas y eficientes políticas públicas que coadyuven a la prevención y sanción de la corrupción, porque cuando hay impunidad, el mensaje es que se tolera ese cáncer social, que nunca pasa nada.
Un punto importante que incluye esta normatividad es que se obliga a los servidores públicos a presentar su declaración patrimonial y de interés ante las autoridades competentes.
Con esta información, las autoridades podrán detectar el enriquecimiento ilícito, así como las relaciones de interés de cada servidor público y, con ello, determinar probables conflictos de interés que imposibiliten su buen desempeño en los cargos públicos que ocupen.
Consideramos que estamos ante un buen avance en el largo camino por recorrer hacia la consolidación de una democracia plena; sin embargo, no dejaremos de ser vigilantes de las nuevas disposiciones; es nuestro deber cerciorarnos de que estos avances en materia constitucional se vean reflejados en fundamentos secundarios, para que su ejercicio permita cerrar el círculo de un efectivo Sistema Nacional Anticorrupción.
Congruentes con su Programa de Acción, Movimiento Ciudadano reconoce que la transparencia y la rendición de cuentas son elementos clave para avanzar en la construcción de una democracia sustantiva.
Con propuestas de iniciativa de ley, seguiremos impulsando la creación de un Tribunal de Rendición de Cuentas, con autonomía constitucional, que tenga la capacidad jurídica de iniciar acciones administrativas o judiciales, según sea el caso, por el manejo indebido de los recursos públicos; que se establezca una plataforma electrónica que concentre las obligaciones de transparencia de todos los sujetos obligados del país y una plataforma única para solicitar información.
Seguimos en Movimiento…