Eduardo Mendoza Ayala
Por alguna curiosa razón del destino, en el curso de una mañana del reciente mes de marzo “topé” consecutivamente con cuatro comentarios similares en varios medios de comunicación, en los que se solicitaba a las autoridades su “enérgica intervención”, con el fin de acabar con las numerosas marchas de protesta que desde hace décadas han caracterizado el comportamiento social en nuestro país.
En lo particular, cuando surge un debate me agrada tratar de ir al análisis de fondo , esto es, las causas por las que los ciudadanos en nuestro país se han “acostumbrando” a salir a las calles a protestar, lo que inevitablemente lastima y afecta los derechos de terceros, como el del libre tránsito, por ejemplo.
Creo que a muchos –sobre todo a aquellos que resultan afectados por las manifestaciones públicas– se les ha olvidado algo fundamental en torno a su legítima molestia: la mayoría de las personas que deciden “salir a la calle” a exhibir su inconformidad, lo hacen hartos y fastidiados de tener que lidiar con autoridades francamente inútiles, que no les atienden, tampoco les resuelven, y que sólo se encuentran “de adorno”.
Si la mayoría de los mexicanos contáramos con gobiernos municipales, estatales y, desde luego, el del ámbito federal, en los que se caracterizara la genuina vocación de servicio de sus integrantes, así como el real interés por abordar y resolver temas comunes, los ciudadanos no tendríamos necesidad de organizarnos para salir a protestar bloqueando vialidades. ¿Y por qué tenemos invariablemente este escenario contemporáneo de marchas que a muchos irritan? Porque cuando los individuos tenemos la oportunidad de decidir qué tipo de autoridades queremos que nos gobiernen, preferimos evadir la responsabilidad de hacerlo.
Las consecuencias son muy claras entonces, con esa actitud elegimos involuntariamente y dejamos permanecer en los cargos a gente sin talento, capacidad y profesionalismo, que en lugar de desplegar su potencial de servicio hacia sus semejantes, se dedica a medrar y a especular a través de los cargos públicos.
Ese peligroso círculo vicioso debemos convertirlo en círculo virtuoso a través de la decidida participación individual en los asuntos de nuestra comunidad.
El domingo 7 de junio se presenta propicia la ocasión para ello. Ésta vez, por cómo andan las cosas hoy en día en todo el país, nadie debe faltar a la cita cívica y así, con nuestra opinión en las urnas, propiciar que surjan autoridades bien respaldadas y, después, mejor supervisadas por la propia sociedad. Si así ocurriera, no habría necesidad de andar proponiendo “controlar” o impedir las marchas, como últimamente se está exigiendo, dado que la mayoría no tendría razón de ser, al contar con gobiernos de calidad.