La sociedad responde

Los sucesos ocurridos en Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato y Ostula entre otros, evidencian la desaparición forzada como una práctica recurrente; la impunidad de los asesinatos de periodistas, defensores de derechos humanos y el escándalo de la llamada casa blanca en las Lomas de Chapultepec, revelan que la corrupción y los conflictos de interés alcanzan los más altos niveles de la esfera política. La impunidad es el hilo que une a la corrupción con las graves violaciones a los derechos humanos en México, cuyas causas de fondo el gobierno federal omite y soslaya con medidas (anunciadas) que son limitadas e insuficientes.

Ante esta realidad, más de 30 organizaciones de la sociedad civil lanzaron la iniciativa La sociedad responde y presentaron 20 acciones urgentes, en materia de derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas, que ante la ausencia de propuestas presidenciales, son indispensables para revertir la crisis de corrupción, impunidad y violaciones a derechos humanos que vive el país.

A continuación se enuncian estas medidas urgentes:

1.- Adoptar medidas emergentes frente a la crisis de desapariciones. Se debe comenzar por legislar integralmente en materia de desaparición forzada, con participación de la sociedad civil y de las víctimas, incluyendo no sólo la definición de tipos penales, penas y bases de coordinación, sino también aspectos como los vinculados con un plan nacional de búsqueda y la depuración de registros.

La crisis de desapariciones que vive México demanda medidas extraordinarias y urgentes. Es apremiante iniciar el proceso para diseñar la normatividad y modificar de fondo las ineficaces políticas del gobierno mexicano frente a las desapariciones. Las familias de las víctimas y las organizaciones que las representan deben ser consultadas para garantizar que se incluya su perspectiva práctica. En este marco, es indispensable la adopción de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas.

2.- La emisión de leyes generales en materia de tortura, desplazamiento forzado y ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, redactadas en diálogo con la sociedad civil.

3.- Profundizar la asistencia técnica que brindan los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos al Estado mexicano, para centrarla específicamente en abatir la impunidad, en una modalidad similar a la de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). 

Es necesario que el Estado mexicano explore nuevas maneras de recibir asistencia técnica de las instancias internacionales de derechos humanos. La CICIG de Guatemala es un buen ejemplo, pues constituye un mecanismo subsidiario para la justicia nacional frente a las más graves violaciones a los derechos humanos y casos de impunidad. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tiende hacia ese modelo.

4.- Es imperativo desincorporar los servicios periciales del ámbito de las procuradurías de justicia y fiscalías, a efecto de garantizar su profesionalización e independencia. 

Tlatlaya y Ayotzinapa, lo mismo que incontables casos más, han demostrado las deficiencias de los servicios periciales mexicanos, así como la facilidad con que estos quedan sometidos a injerencias políticas indebidas. Cada vez es más frecuente y necesario tener que recurrir a expertos internacionales en casos emblemáticos a fin de contar con pruebas periciales independientes.

5.- Fortalecer las instancias ministeriales responsables de la investigación de delitos que constituyan graves violaciones a derechos humanos; deben crearse estructuras especializadas para ello en el tránsito de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General. 

En nuestro país las violaciones graves a derechos humanos quedan impunes. Los mecanismos internacionales señalan la falta de resoluciones judiciales que responsabilicen a los servidores públicos que torturan, privan de la vida o hacen desaparecer a personas. Es indispensable que las procuradurías o fiscalías cuenten con instancias especializadas para la investigación y persecución de delitos que constituyan graves violaciones a derechos humanos, como lo hacen los órganos investigadores de diversos países de la región.

6.- Retirar inmediatamente las reservas a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, a fin de que el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU pueda conocer de casos individuales. 

Al retirar las reservas a este instrumento internacional el Estado mexicano tendría pleno ingreso al sistema internacional de derechos humanos en el ámbito de la ONU y permitiría a los familiares de las víctimas de desaparición forzada acudir a la justicia internacional.

7.- Garantizar la correcta implementación del nuevo sistema de justicia penal adversarial y oral, mediante el cambio no sólo de normas sino también de prácticas; por ejemplo, mediante la inclusión de contenidos de derechos humanos en los exámenes de control de confianza de funcionarios, o la homologación de los sistemas de registro de personas detenidas respecto de todas las procuradurías y fuerzas de seguridad.

8.- Retirar a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad que hoy realizan; en este ámbito deben reconducirse las políticas hacia el paradigma de la seguridad ciudadana, con énfasis en la rendición de cuentas.

9.- Constituir una comisión civil que con perspectiva interdisciplinaria revise, corrija y actualice el informe final de la hoy extinta Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en Contra de Personas Pertenecientes a Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), pendiente desde sexenios pasados. Este informe deberá ser publicado y difundido ampliamente, a efecto de que aumente el reconocimiento social sobre la recurrencia de las desapariciones en México.

Las violaciones a derechos humanos de hoy son, en buena medida, consecuencia de que México no haya culminado un verdadero proceso de justicia transicional, en el que el país se hiciera cargo del legado de décadas de autoritarismo. 

10.- Reformular las políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, mediante el desarrollo de estrategias específicas para la violencia generada por agentes estatales, como en el caso de la tortura sexual. 

A pesar de que es abundante la institucionalidad y la normatividad relacionada con la erradicación de la violencia de género, aún no se cuenta con políticas públicas integrales o efectivas para erradicar esta práctica. Es indispensable, por tanto, reformular las políticas públicas en la materia.

11.- Aprobar los marcos normativos pendientes en materia de transparencia, archivos y datos personales, con altos estándares de protección de los derechos humanos que regulan, en procesos abiertos y con participación ciudadana, y asegurar suficiencia presupuestaria para su implementación.

12.- Garantizar procesos de designaciones públicas transparentes, con instrumentos de evaluación y participación ciudadana, especialmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para avanzar en el nombramiento de personas especializadas e independientes de los poderes públicos y fácticos.

Es indispensable que todos los procesos para la designación de cargos públicos estratégicos en el país, se lleven a cabo mediante una metodología previamente definida con elementos de transparencia, instrumentos técnicos de evaluación y participación ciudadana y eliminar la práctica del reparto de cuotas partidistas. 

13.- Realizar una investigación independiente del presunto conflicto de interés del Presidente de la República y del Secretario de Hacienda y Crédito Público, mediante la activación de la facultad de control y fiscalización con la que cuenta el Poder Legislativo con participación de la sociedad civil.

Debe crearse una Comisión de Investigación Bicameral –en la que no tenga mayoría el grupo parlamentario del partido en el poder–, que investigue el conflicto de interés derivado de la situación patrimonial del Presidente de la República y del Secretario de Hacienda y Crédito Público. Dicha comisión debe fijarse una ruta de trabajo sólida, con etapas y plazos definidos, reunirse con la sociedad civil e informar periódicamente de los avances. Para demostrar que la ley y la procuración de justicia son universales y no selectivas, así como restaurar la confianza en las instituciones, deben aclararse los casos de conflicto de interés y en su caso ser sancionados mediante una investigación cuyo responsable pueda actuar sin ataduras, sin posibilidad alguna de coerción.

14.- Cumplir con el proceso de homologación contable en las entidades federativas para mejorar el proceso de asignación y uso de los recursos públicos de los gobiernos locales, mediante la creación de un grupo de trabajo que informe periódicamente a la sociedad civil.

Nombrar un grupo de trabajo técnico compuesto por integrantes del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), que se reúna con la sociedad civil e informe periódicamente de los avances en los que está cada estado, creando un tablero de control que permita comparar la situación de cada entidad federativa y explicaciones, justificaciones y rutas para corregir los rezagos cuando existan. Comparar con mayor facilidad las acciones y cifras de los entes públicos, en todos los niveles de gobierno, implica mayor transparencia presupuestaria, lo que debe contribuir a una mejor asignación y uso de los recursos públicos.

15.- Eliminar el fuero político de los servidores públicos, puesto que ha sido una figura utilizada por la clase política de nuestro país como garantía de impunidad. 

Cualquier persona debe poder ser investigada y sujetada a un proceso judicial, sin que intervenga ni influya su posición como servidor público.

16.- Difundir versiones públicas de declaraciones patrimoniales, de interés y de impuestos, principalmente de los legisladores, líderes de bancada, candidatos a ocupar puestos de elección popular de todos los partidos y funcionarios públicos de alto nivel. 

Mediante esta medida se habilitaría la posibilidad de ejercer control ciudadano y exigir mejor rendición de cuentas por parte de la ciudadanía, al revisar la situación patrimonial y los intereses particulares de las y los servidores públicos; sería de gran utilidad para prevenir, detectar y reducir la arbitrariedad y la corrupción en el ejercicio de la función pública.

17.- Cumplir con los compromisos pendientes asumidos por el gobierno federal en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA): plataforma internacional de colaboración entre sociedad civil y gobierno presidida por México durante 2015.

El cumplimiento de los compromisos del gobierno mexicano en los planes de acción no sólo es necesario por su contenido específico sino para mostrar el potencial del alcance del diálogo y de la construcción colectiva de acuerdos entre las autoridades y la sociedad civil.

18.- Transparentar y regular los gastos en publicidad oficial de los tres ámbitos de gobierno, para impedir la censura sutil o indirecta.

19.- Aprobar la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, así como las leyes que deriven de ella mediante procesos abiertos y con participación ciudadana.

20.- Evitar el avance de legislaciones federales y locales con las que, de manera directa o indirecta, se pretende imponer regulaciones al ejercicio de la libertad de expresión y a los derechos de reunión y asociación. 

Desde 2013 cerca de 20 iniciativas de legislaciones locales y federales fueron impulsadas en nuestro país. Todas tienen en común un marcado rechazo a la manifestación social, así como proclividad a la criminalización de quienes participan en ellas. Es fundamental garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y los derechos de reunión y asociación.

Entre las organizaciones que presentaron esta agenda de 20 propuestas ciudadanas en el pasado mes de marzo, y que están vigentes, se encuentran el Centro PRODH, Fundar, Amnistía Internacional, Artículo 19, la FLACSO, la Universidad Iberoamericana, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la UNAM, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro Fray Francisco de Vitoria, La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, La Red de Todos los Derechos para Todos, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, CEJIL, La Fundación para el Debido Proceso, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Colectivo por la Transparencia, Iniciativa Sinaloa, Gente Diversa, Sonora Ciudadana, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, México Infórmate, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, entre otras.

Esta iniciativa no pretende agotar todos los temas cuyo análisis demanda México; su objetivo es profundizar el debate público sobre rutas ignoradas para salir de la crisis que hoy agravia a toda la sociedad. Convoca a las diferentes fuerzas políticas a dialogar con la sociedad civil para revertir la crisis en la que se encuentra México, e impulsar iniciativas que atiendan los problemas de fondo que enfrentan los ciudadanos.

Movimiento Ciudadano es un proyecto de los ciudadanos y para los ciudadanos, en el cual el diálogo con la sociedad civil es fundamental. Este movimiento ciudadano avala las propuestas de la sociedad civil, confirma que los derechos humanos tienen un papel de primer orden en las políticas públicas para enfrentar la crisis en la que se encuentra México.

Movimiento Ciudadano buscará marcar la diferencia en el Congreso de la Unión, en las legislaturas estatales y en los gobiernos locales; sus principios básicos de trabajo son: el combate a la corrupción, a la impunidad y la defensa los derechos humanos, la protección del medio ambiente y nuestros recursos naturales, entre muchos otros.