Propuesta de organizaciones de familiares de personas desaparecidas en México
Laura Hernández García
La Secretaría de Gobernación reconoció que al 31 de diciembre de 2014 había en México más de 25, 230 personas desaparecidas, sin contar una enorme cifra negra de denuncias por diversos motivos, como falta de credibilidad de las instituciones, miedo de los familiares, etc.
La desaparición de personas en México en los últimos diez años ha tomado dimensiones trágicas, se trata de una crisis humanitaria que no ha sido reconocida y asumida en su verdadera extensión: a un año de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las observaciones finales aprobadas el 11 de septiembre de 2015 por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, lo confirman.
La visita de la CIDH del 28 de septiembre al 2 de octubre sobre la situación de los derechos humanos en el país, tuvo un particular énfasis en las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, acceso a la justicia de las víctimas, y la situación de periodistas y defensores de derechos humanos por el contexto de violencia. La delegación de la CIDH visitó la Ciudad de México, Guerrero, Tabasco, Nuevo León, Coahuila y Veracruz; su objetivo fue fortalecer la cooperación internacional entre México y los organismos de derechos humanos, y el diálogo con las autoridades federales y locales.
Los familiares de los desaparecidos de todo el país exigen a los poderes ejecutivo y legislativo que sus voces sean verdaderamente escuchadas para legislar en la materia, en la aplicación de la ley y en la búsqueda de sus seres queridos. Estas familias, acompañadas por organizaciones civiles de derechos humanos de todo el territorio nacional y por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, realizaron un proceso de consultas y eventos regionales y sectoriales: una consulta de la región occidente; un encuentro de las organizaciones del norte, el centro y regiones cercanas; una reunión de trabajo con quienes abordan los casos de personas migrantes desaparecidas en nuestro país; otra con familiares pertenecientes a comunidades indígenas del sur de México; y finalmente, una consulta con familiares de desaparecidos de los años 70.
El propósito de estas reuniones fue definir los puntos fundamentales que deben estar en la Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, para que ésta sea integral y su aplicación elimine efectivamente los obstáculos que las familias y organizaciones han encontrado durante el proceso de búsqueda de sus seres queridos; una ley que genere condiciones reales de investigación y búsqueda, potenciando y articulando la acciones del Estado con este propósito; que reconozca y garantice el pleno ejercicio de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación del daño y las medidas de no repetición.
Los familiares de desaparecidos y más de 40 organizaciones, entre las que se encuentran la Asociación Unidos por los Desaparecidos (Baja California), Buscando a los Desaparecidos y Desaparecidas de Veracruz, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C. (Coahuila), Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C. y Casa del Migrante Saltillo, entre otras, presentaron el 9 de septiembre a autoridades del Ejecutivo Federal y de la Cámara de Diputados, un documento en el cual señalan los principios, características y puntos fundamentales que, desde su perspectiva, no deben faltar en la Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares. El documento señala tres principios fundamentales:
I. Reconocer la problemática de las desapariciones forzadas y las desapariciones por particulares en su verdadera dimensión y profundidad: las causas estructurales, las condiciones que han generado esta crisis de derechos, y las limitaciones y vicios que existen en las instituciones, con el objetivo de dar una respuesta en la medida y alcance que se necesita para encontrar a todas las personas desaparecidas.
II. Garantizar la participación de los familiares en la formulación e implementación de la Ley, diseñando para ello los mecanismos y procedimientos adecuados para el trabajo conjunto.
III. Contemplar mecanismos de rendición de cuentas y control ciudadano sobre el desempeño de los servidores públicos y las instituciones en su implementación.
Las organizaciones hacen énfasis en temas muy concretos que los poderes ejecutivo y legislativo deben priorizar en la elaboración de esta ley, como es la adecuada tipificación del delito de desaparición forzada y desaparición por particulares, lo cual sería dar un paso al acceso a la justicia, a la verdad y a la sanción de los responsables.
Otro tema es el sistema de búsqueda y mecanismos para la búsqueda, que debe posibilitar que todos los recursos del gobierno se conjunten de manera efectiva y armónica con el objetivo de buscar y encontrar a las personas desaparecidas, y debe contar con la participación de las organizaciones de familiares de personas desaparecidas de México y Centroamérica, y con el apoyo de diferentes organismos nacionales e internacionales especializados. Este sistema debe contemplar por los menos cinco componentes:
1.- Registros nacionales (Registro Nacional de Personas Desaparecidas, Registro Nacional de Personas Vivas con Identidad Desconocida, Registro de Personas Fallecidas sin Identificar) para crear una red eficiente para el cruce de información.
2.- Mecanismos de búsqueda con base en la presunción de vida.
3.-Unidad o entidad de análisis de contextos.
4.- Coordinación interestatal e interinstitucional entre entidades federativas y fueros, e incluso con autoridades de otros países.
5.- Mecanismos de control y sanción.
Las organizaciones de familiares de desaparecidos y los ciudadanos sabemos que una ley es sólo el inicio. Se requiere de una legislación más amplia a partir de la aprobación y entrada en vigor de la misma, ya que se deben generar los procesos necesarios de armonización con todos los ordenamientos que se requieren para atacar este flagelo que tanto duele a todos los mexicanos. Movimiento Ciudadano, a través de sus órganos de dirección a nivel nacional y estatal, así como de sus diputados y presidentes municipales, estamos comprometidos con la lucha contra la impunidad y la corrupción, y nos pronunciaremos por el reconocimiento de los derechos de las víctimas y de sus familias, para que se garantice su derecho a la verdad y a la justicia.
