Luis-gutierrez
El 22 de octubre último, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), anuló por cuatro votos contra dos la elección de gobernador en el estado de Colima; causa: la intervención en el proceso del Secretario de Desarrollo Social de esa entidad, Rigoberto Salazar Velasco, con brigadas, apoyos y programas sociales, a favor del candidato del PRI, José Ignacio Peralta, en detrimento del candidato del PAN, Jorge Luis Preciado.
El triunfo del priista sobre el panista, validado en agosto por las autoridades electorales locales, había sido con una diferencia de 503 votos. El titular de Sedesol declaró públicamente que actuó con el acuerdo del gobernador Mario Anguiano Moreno.
Un tercer funcionario involucrado fue el Procurador de Justicia del estado, Marco Santana López, acusado de abuso de autoridad. Los tres funcionarios siguen en sus puestos, aunque ha sido recomendada una investigación a fondo y castigo de ley a los culpables. Además, se habrá de designar gobernador interino y convocar a nuevas elecciones.
Fueron suficientes para hacer justicia electoral una denuncia, unos videos y una confesión pública de Rigoberto Salazar Velasco: “Es una ley no escrita en política: gobernador deja gobernador, presidente deja presidente, esa es su responsabilidad”.
Otro garbanzo de a libra fue la anulación, el 20 de agosto reciente, de la elección de diputados federales en el distrito 01 de Aguascalientes, donde también el gobernador, Carlos Lozano de la Torre (candidato triunfador en 2010 de la alianza PRI-PVEM-PANAL), se despachó con la cuchara grande al presentarse en actos de proselitismo.
Pero lo ocurrido en Colima es apenas la punta del iceberg de corrupción, abuso de poder, malversación de recursos públicos y descarada impunidad de funcionarios de alto nivel, particularmente de algunos gobernadores, que prevalece en México.
Hace décadas que el partido en el poder instauró el fraude electoral sistemático para conservar sus privilegios. Aquí reseñamos, en enero del año pasado, el magno fraude cometido por el PRI en Baja California, la noche del domingo 4 al lunes 5 de septiembre de 1983, mediante un operativo que llamó “Operación Dragón”: robo de urnas, robo de boletas, falsificación de documentos…y nadie fue castigado.
Fidel Herrera Beltrán, entonces gobernador priista de Veracruz, fue grabado en la primavera de 2010 (clandestinamente, delito que no amortigua el cometido por el mandatario), cuando en pleno proceso dio instrucciones a un operador para apoyar con dinero (recursos públicos) a candidatos del PRI, porque nada menos que su candidato a gobernador “anda muy reapendejado”. El PRI arrasó. La grabación fue solo una anécdota.
Grabaciones similares se reprodujeron en un medio de comunicación: pláticas del entonces gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, convertido en gran elector, y varios actores políticos del estado. Ambas, la de Veracruz y de Oaxaca, implicaron revelaciones relacionadas con delitos penales, electorales y administrativos… siguió la impunidad. Los criminales mafiosos tienen una regla de oro para sus operaciones: “Usa siempre dinero en efectivo”.
El 30 de enero de 2012, dos empleados del gobierno veracruzano del priista Javier Duarte, fueron detenidos en el aeropuerto de Toluca con 25 millones de pesos en efectivo que llevaban a bordo de un avión oficial. La suma era para pagar a una empresa del DF (¿por qué Toluca?) que participaría en la Feria de la Candelaria, en el Carnaval de Veracruz y en la Cumbre Tajín.
El 3 de julio de 2009, la Policía Federal detuvo en el aeropuerto de Chiapa de Corzo, Chiapas, a Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, secretario de Procesos Electorales del comité estatal del PVEM en esa entidad federativa, en posesión de 1.1 millones de pesos en efectivo. Con Castellanos iba el entonces senador por el PVEM Arturo Escobar y Vega, actual subsecretario de Gobernación. Dijeron que el dinero era para pagar activistas… y punto.
Documentados están también los desequilibrios financieros por graves deudas públicas en que algunos gobernadores han dejado (y van a dejar) a sus respectivos estados. Tales son los casos de los hermanos Humberto y Rubén Moreira en Coahuila (en Estados Unidos les han incautado cuentas bancarias por 2.8 millones de dólares e inmuebles), de César Duarte Jáquez en Chihuahua, Rodrigo Medina de la Cruz en Nuevo León, todos ellos de filiación priista, así como el gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés Elías.
De una u otra manera, los casos mencionados en este último párrafo, que han sido detallados en diversos medios de comunicación, han hecho que se señale a esas entidades federativas como “estados en quiebra”. ¿Investigación a fondo? ¿Hasta las últimas consecuencias? ¿Caiga quien caiga? Colima es la punta del iceberg. Y la percepción pública es de que en todo lo aquí descrito hay vasos comunicantes.
