Laura Hernández García y Guillermo Revilla
El 4 de noviembre del año en curso, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó por unanimidad conceder la protección y el amparo de la justicia federal a las comunidades mayas de los estados de Yucatán y Campeche dedicadas a la apicultura, mediante un fallo que revocó el permiso que el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) otorgó al gigante trasnacional Monsanto para el cultivo de soya transgénica en 253 mil 500 hectáreas del territorio nacional distribuidas en siete estados del país.
La Corte basó su decisión en el incumplimiento de la ley que establece el derecho de los pueblos indígenas a la consulta pública ante cualquier decisión de carácter legislativo y administrativo que pueda afectar de manera directa a los pueblos y comunidades.
Esta decisión, que garantiza el derecho humano a la consulta previa, libre e informada, es un logro histórico para el pueblo maya y para la construcción del estado pluricultural en México, pues se une a otras previas que marcan el camino hacia un cambio en la legislación y en la política pública en el país, donde la consulta debe ser el mecanismo que posibilite la construcción de puentes para el diálogo en una sociedad cultural diversa.
Cabe destacar que aunque nuestro máximo tribunal reconoció el hecho de que al no llevarse a cabo el proceso de consulta que marca la ley se afectó el territorio y la vida de los pueblos, no se pronunció sobre el tema de los daños que el cultivo de la soya transgénica provoca al medio ambiente, a la biodiversidad y a la salud, y que también era parte de los argumentos de las comunidades mayas al solicitar el amparo.
Un círculo virtuoso de desarrollo sostenible: la apicultura de los pueblos Mayas en la península de Yucatán
Las comunidades mayas viven de la miel y otros productos o subproductos forestales, lo cual les permite mantener niveles dignos de desarrollo humano y refuerza su cultura ancestral. Preservan su tejido social con los ingresos de la apicultura, protegen la biodiversidad de la selva y el hábitat de la abeja que produce miel de calidadque se exporta a Europa. Esta actividad da a los padres la certeza de que económicamente pueden brindar a sus hijos una mejor educación.
México es el tercer exportador mundial de miel; el 85% de esta se consume en la Unión Europea. En 2014, la Península de Yucatán produjo casi el 40% de la miel en México, lo que, de acuerdo con la SAGARPA, generó ingresos de aproximadamente mil millones de pesos en ese año. La apicultura es una actividad ancestral y tradicional del pueblo maya: en los tres estados peninsulares hay más de 15,000 familias mayas dedicadas a esta actividad.
México es un país extremadamente rico en abejas nativas, con 1,800 especies conocidas y probablemente un gran número de especies aún por conocer, las cuales son fundamentales para el adecuado funcionamiento de los ecosistemas. Esto constituye en sí un patrimonio natural invaluable, el cual también tiene gran importancia cultural y económica. Varias de estas especies se han ido cultivando desde tiempos prehispánicos, y su miel se considera una poderosa herramienta para el desarrollo sustentable dado que, al mismo tiempo, es soporte de miles de familias en situación de pobreza y es una forma de valorizar la biodiversidad que caracteriza a México; además, las abejas son responsables, a través de la polinización, de una fracción importante del valor de la producción agrícola, lo cual cobra gran importancia en una país de gran tradición agrícola como México. Este círculo virtuoso estaba amenazado por el permiso de siembra de soya transgénica.
Principales antecedentes del caso
El 6 de septiembre de 2011, un fallo de la Corte de Justicia de la Unión Europea en Alemania, determinó que si el contenido de polen transgénico sobrepasa 0.9% del polen total en la miel, debería indicarse en la etiqueta la leyenda: “contiene ingredientes modificados genéticamente”.
Durante el Segundo Congreso Mundial de Apicultura Orgánica, celebrado en Chiapas en marzo del 2012, el laboratorio Intertek Group reportó haber encontrado 15 muestras de miel mexicana contaminadas con transgenes en los últimos meses. Exportadores mexicanos reportaron que esta medida indujo la reducción del precio de importación a Europa de la miel peninsular en un 15%, aun cuando la siembra de la soya transgénica no fue generalizada. Para los apicultores, el decremento del precio de la miel fue incluso mayor, llegando a ser hasta 30% menor al precio obtenido en la temporada 2011, de acuerdo con reportes de apicultores de Hopelchén, Campeche.
Ante el anuncio de que existía la solicitud de un permiso para siembra comercial de 253,000 hectáreas de soya transgénica a inicios del 2012, las comunidades mayas, las cooperativas de apicultores y las empresas privadas del sector, aliándose con organizaciones ambientales y de derechos humanos, realizaron varias acciones para establecer públicamente su postura en contra de dicho permiso, como fue la iniciativa de organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas y académicos para la presentación de un mensaje al mundo en ocho de las principales zonas arqueológicas, un monumento colonial y en una gran parcela agrícola de la Península de Yucatán: “Ma OGM”, donde “Ma” significa “no” en maya y OGM la abreviación de “organismo genéticamente modificado”.
La siembra de soya transgénica implica el uso de glifosato, herbicida clasificado en 2015 como probablemente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. El glifosato y otros químicos se están filtrando al subsuelo, contaminando la única fuente de agua de que dispone la Península de Yucatán, además de que afectan el crecimiento de especies no modificadas genéticamente. La siembra de soya transgénica, sobre todo por parte de grandes agricultores privados (de reciente inmigración desde el norte de México), ha presentado un proceso de deforestación acelerada de la última selva mexicana.
Expertos mundiales han mostrado que la siembra de soya transgénica en otros países ha traído como consecuencia la concentración de la tierra, la pérdida de empleos, daños a la salud, deforestación y desertificación de bosques y selvas.
A pesar del impacto negativo y la transformación sustancial que la siembra de soya transgénica conlleva en los modos de vida de los campesinos mayas de la región, las comunidades indígenas afectadas no fueron informadas sobre el particular, y nunca fueron consultadas sobre la pertinencia del permiso para sembrar este cultivo.
Siguiendo los procedimientos reglamentarios, la Comisión Nacional de Áreas Nacionales Protegidas (CONANP), el Instituto Nacional de Ecología (ahora INECC) y la Comisión Nacional para el Uso de la Biodiversidad (CONABIO) realizaron diferente análisis de riesgos, y determinaron en sus respectivos dictámenes que era inviable la siembra de soya transgénica en las zonas propuestas. El estudio de la CONABIO (007/2012) concluía: “no se considera viable la liberación en los polígonos solicitados, dada la coincidencia geográfica entre las zonas de producción de miel en la península de Yucatán y los polígonos propuestos de liberación al ambiente de soya genéticamente modificada”.
Sin tomar en cuenta las opiniones antes expuestas, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos (SAGARPA) aprobó en 2012 a Monsanto Comercial, S.A. de C.V., el permiso para cultivar soya transgénica a escala comercial en 253 mil hectáreas en la Península de Yucatán, la Planicie Huasteca y Chiapas.
Ante esto, los apicultores y grupos apícolas de Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Chiapas decidieron presentar un total de nueve juicios de amparo contra dicho permiso. Los argumentos centrales en los amparos fueron:
- La SEMARNATy la SAGARPA no efectuaron una consulta libre, previa e informada, a favor del pueblo maya en términos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
- La siembra de soya transgénica afectaba la apicultura, una práctica histórica y tradicional del pueblo maya.
- La siembra de soya transgénica viola el derecho a un medio ambiente sano por el uso excesivo de herbicidas y la deforestación que esta práctica implica.
En respuesta, el juez federal primero de distrito del estado de Yucatán otorgó la suspensión de oficio del permiso a nivel nacional, misma que estuvo vigente durante varios meses mientras avanzaba el juicio. Finalmente, en marzo del 2014, el juzgado segundo de distrito del estado de Campeche dictó sentencia en favor de las comunidades y asociaciones de apicultores mayas, y en julio del mismo año, el juzgado primero de distrito de Yucatán también amparó a las asociaciones de apicultores del estado de Yucatán.
Los argumentos fundamentales de ambos jueces al emitir sus sentencias favorables, fueron:
- La siembra de la soya transgénica y de sustancias indisolublemente asociadas, como el herbicida glifosato, pueden causar daño ambiental grave e incluso irreparable.
- Se violó el derecho a la consulta libre, previa e informada de las comunidades mayas.
- La SEMARNAT violó procedimientos al hacer caso omiso de tres dictámenes vinculantes de la CONABIO, la CONANP y el Instituto Nacional de Ecología que desaconsejaron la siembra de soya genéticamente modificada.
Con ello, el permiso para la siembra de soya transgénica quedaba cancelado y la SAGARPA debía asegurarse de que no se sembraría más soya transgénica. Sin embargo, en 2014, a pesar de la sentencia, algunos productores privados de la región persistieron en la siembra, ahora ilegal, de la soya transgénica. En 2015, los apicultores denunciaron pública y legalmente esta práctica.
En respuesta a los fallos a favor de los apicultores de varios de los juicios de amparo, la SAGARPA y la empresa Monsanto presentaron recursos de revisión impugnando las sentencias de los jueces federales, algunos de los cuales fueron tomados en cuenta.
Ante su argumentación y considerando la importancia ambiental y social del caso, éste fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La victoria
Las comunidades mayas, las cooperativas de apicultores y las empresas privadas del sector, aliándose con organizaciones ambientales y de derechos humanos como Indignación A.C., MA OGM Colectivo, Greenpeace México, la Red de Todos los Derechos para Todas y Todos, Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad Unión Nacional de Campesinas Autónomas Delegación Yucatán , El Centro Miguel Agustín Pro Juárez A.C., Sin Maíz no hay País, entre otras, concluyeron en su comunicado del día 4 de noviembre que ante este fallo de la Corte esperan que la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) cumplan con su obligación constitucional y convencional de garantizar una consulta previa, libre e informada, apegada a estándares internacionales.
En un país como el nuestro, donde la exclusión social, cultural, económica y social de grandes sectores de la población va en aumento, donde no se tiene un acceso expedito, gratuito y eficaz a la justicia, donde están en impunidad un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos de todos los mexicanos, y donde más de una vez han prevalecido los intereses económicos de los poderosos sobre los derechos de los sectores más vulnerables como son los pueblos indígenas, una noticia como esta es un triunfo histórico a nivel nacional e internacional: representa una de las más grandes victorias legales la sociedad civil organizada.
Es importante resaltar que las demandas interpuestas y ganadas por los ciudadanos no sólo son un gran revés a la empresa trasnacional Monsanto, sino también ponen en evidencia al Ejecutivo Federal representado en las secretarías y comisiones encargadas de velar por el medio ambiente y la biodiversidad como la SEMARNAT y la SAGARPA, quienes otorgaron los permisos a Monsanto sin respetar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, y omitiendo los dictámenes que advertían sobre el riesgo ambiental del cultivo de la soya transgénica.
Finalmente, cabe recordar que la empresa Monsanto tiene un turbio historial a nivel internacional, tanto por las afectaciones que sus productos causan al medio ambiente, como por sus relaciones ilícitas con los gobiernos de algunos de los países donde opera. En este sentido, baste decir que los productos de Monsanto están prohibidos en gran parte de Europa, mientras que en 2005 la empresa acordó pagar una multa de 1.5 millones de dólares por haber sobornado a un funcionario del gobierno de Indonesia.
La pregunta queda en el aire: ¿Por qué el gobierno mexicano querría hacer negocios con una empresa con un historial así?
