DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA
El mundo está adoptando la estrategia de Respuesta Rápida para erradicar la epidemia del SIDA hacia el 2030 en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Laura Hernández García
Una de las enfermedades más graves que ha enfrentado nuestra sociedad es el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), causado por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). En el mundo, 36.9 millones de personas viven con VIH y 1.2 millones de personas murieron a causa de enfermedades asociadas al SIDA durante 2014.
De acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-SIDA (CENSIDA), en México se estima que viven 190 mil personas con VIH; el 75% de los casos detectados son hombres y el 25% son mujeres, sin embargo, sólo 103 mil 726 personas están en tratamiento. La razón principal por la que los restantes no lo están es porque no se han hecho la prueba, ya que de acuerdo con el mismo CENSIDA, sólo el 62.7% conoce su diagnóstico. Según el mismo informe, 4 mil 965 personas murieron a causa de enfermedades asociadas al SIDA en nuestro país durante 2013. El estado con mayor registro histórico de casos es el Distrito Federal, con 26 mil 431, después el Estado de México con 18 mil 782, Veracruz con 15 mil 680, Jalisco con 12 mil 738 y Chiapas con 8 mil 999 casos.
La primera reacción ante la irrupción de la epidemia del SIDA en el país a inicios de los años ochenta, provino de la sociedad civil, específicamente de las personas que vivían con VIH, ante la indiferencia e incluso la abierta omisión de parte del gobierno mexicano. Los logros alcanzados en algo tan básico para cualquier política pública en salud como son la atención médica, medicamentos y la protección física, se consiguieron a contracorriente.
El estigma y discriminación relacionada al VIH y el SIDA surgió prácticamente al mismo tiempo que se descubrieron los primeros casos, al encontrarse que los pacientes en los que se detectó el nuevo virus tenían en común ser gay. Al poco tiempo, se empezó a referir a la enfermedad como un síndrome relacionado a la población homosexual, pero pronto se empezaron a reportar casos de hombres y mujeres heterosexuales.
Los grupos sociales históricamente excluidos (homosexuales, mujeres, internos e internas en reclusorios o penitenciarias, jóvenes, niños y niñas, indígenas, migrantes, personas con discapacidad, trabajadoras sexuales, población transgénero, usuarios de drogas inyectables, etc.) fueron el blanco de esta estigmatización. Los sectores sociales más pobres y marginados son vulnerables a la infección no por su orientación sexual, sino porque su entorno social, cultural y económico los aleja de la información, de las campañas de prevención y de los servicios de salud
En 1988, la Organización Mundial de la Salud aprobó una resolución encaminada a evitar la discriminación contra las personas infectadas con VIH/SIDA. Ésta enfatizaba el carácter vital del respeto a los derechos humanos para el éxito de las campañas nacionales de control y prevención en materia laboral, sanitaria y de movilidad social. El 1º de diciembre de 1994, los representantes de 42 Estados, incluyendo México, se reunieron en Francia para firmar la Declaración Cumbre de París sobre el SIDA. Los Estados firmantes reconocían que se trataba de una pandemia en expansión que amenazaba el desarrollo social y económico de los países, y que la discriminación y la pobreza eran factores que contribuían a su propagación. Con estas consideraciones, los países signatarios se comprometieron a proteger y promover mediante el entorno jurídico y social los derechos de las personas, en particular de los que viven con el VIH/SIDA o están expuestos a la infección, y en 2001 por primera vez se llevó a cabo una sesión especial sobre VIH/SIDA en la Asamblea General de Naciones Unidas, de la cual surge la declaración de compromisos en la lucha contra el VIH/SIDA conocida como la declaración UNGASS, en la cual los países miembros, entre ellos México, acuerdan una serie de compromisos y metas para dar una respuesta eficaz mediante la promoción de los derechos humanos para reducir la vulnerabilidad de los sectores marginados a contraer el VIH, la atención, apoyo y el tratamiento antirretroviral.
Este tratamiento antirretroviral ha transformado a la infección por VIH y al SIDA, de ser una enfermedad que se consideraba como mortal a una enfermedad crónica que les permite a las personas tener una vida normal y productiva. Sin embargo, es necesario un manejo integral que les permita a estas personas tener una buena calidad de vida en todos los aspectos, es decir, que vivir con VIH no debe ser una causa para que se niegue el acceso a la educación, a la cultura, al trabajo, a la vivienda, a la libertad de tránsito, a formar una familia y a la justicia.
Antes de la llegada a México de los tratamientos antirretrovirales, la supervivencia de las y los pacientes diagnosticados con VIH era de un año. A partir de 1996, el acceso progresivo a medicamentos logró retrasar el daño del sistema inmunológico y mejorar sustancialmente la calidad de vida de las personas con VIH. Por ello, desde 1998 se estableció un programa de acceso al tratamiento antirretroviral para los pacientes sin seguridad social. En el 2003, El gobierno federal se fijó la meta del acceso universal del tratamiento antirretroviral. A partir de entonces, el reto es mantener el acceso al tratamiento libre de estigma y discriminación como una política sustentable y permanente.
Finalmente, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas para la lucha contra el SIDA (ONUSIDA) ha definido tres grandes metas a alcanzar para lograr de manera efectiva detener la epidemia: la estrategia se llama 90-90-90, que significa que el 90% de las personas que viven con VIH conozcan su diagnóstico, que el 90% de las personas que conocen su diagnóstico estén en tratamiento antirretroviral y que el 90% de las personas que están en tratamiento antirretroviral logren una carga viral indetectable. Por ello, este 1º de diciembre, “Día Mundial de Lucha contra el Sida”, el compromiso del gobierno federal con todos los mexicanos y mexicanas para poner fin a la epidemia del SIDA debe incluir:
• Programar y asignar los recursos necesarios para avanzar de manera significativa en los objetivos de desarrollo sustentable avalados por México en las Naciones Unidas en el 2015, para poner fin a la epidemia de VIH y el SIDA en el 2030.
• La política pública para el control y prevención del VIH y el SIDA debe centrarse en que los programas en los tres niveles de gobierno, tengan mayor impacto en la prevención, detección, atención y tratamiento de las personas que viven con VIH.
• Realizar las acciones que sean necesarias para lograr que el 90% de las personas que viven con VIH en México, de manera libre e informada, se realicen la prueba de detección y tengan acceso inmediato a los servicios especializados de salud para recibir su tratamiento. Para esto es necesario incrementar de manera significativa la disponibilidad y acceso a pruebas rápidas de detección del VIH.
• Involucrar a organizaciones civiles y líderes locales con experiencia en VIH/SIDA en respuestas específicas, sostenibles y responsables para la prevención, detección, atención del VIH y reducción del estigma y la discriminación.
• Crear estrategias innovadoras y alianzas entre los sectores de salud, educación y desarrollo social para eliminar los obstáculos que las personas más vulnerables a la infección del VIH/SIDA enfrentan para tener acceso a los servicios de prevención, detección, atención y tratamiento.
• Compromiso absoluto por parte del sector educativo, cultural, laboral, y de los servicios de salud públicos y privados, con la protección de los derechos humanos y la igualdad de género de las personas que viven con VIH.
