Del 20 al 23 de enero se llevó a cabo la cuadragésimo sexta edición del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en el que se reúnen los principales líderes políticos internacionales, empresariales, periodistas e intelectuales notables, para analizar los problemas más perentorios que afronta el mundo.
Es inevitable pensar en cierta ironía cuando, días antes, la organización no gubernamental Oxfam publicó un estudio titulado Una economía al servicio del 1% 1, cuyo contenido es abrumador: reporta que en 2015 sólo 62 personas poseían la misma riqueza que tres mil 600 millones (la mitad más pobre de la humanidad). Es también preocupante que en el año 2010 eran 388 las personas más adineradas, lo que indica que en sólo cinco años la brecha creció considerablemente.
El estudio de Oxfam abunda en que la riqueza en manos de las 62 personas más acaudaladas del mundo se ha incrementado 45% en apenas cinco años, algo más de medio billón de dólares (542 mil millones) desde 2010, hasta alcanzar 1.76 billones de dólares.
Y añade: mientras tanto, la riqueza en manos de la mitad más pobre de la población se redujo en más de un billón de dólares en el mismo periodo, un desplome del 38%.
En el caso de México el estudio de Oxfam revela que la riqueza conjunta de cuatro multimillonarios ha pasado del equivalente al 2% del PIB del país en 2002, al 9% en 2014. Tristemente es el mismo México que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, (Coneval 2) reportó en su informe de 2014 con un incremento de la población en pobreza de 53.3 a 55.3 millones de personas, es decir, dos millones más de pobres, en dos años 3.
El análisis de la ONG indica que buena parte de las fortunas de los cuatro mexicanos surge de sectores que se han privatizado o que dependen de la adjudicación de concesiones y/o la regulación del sector público. Cabe señalar que lo anterior otorga razón a quienes advertían, desde el proceso de discusión legislativo de las llamadas “reformas estructurales”, que éstas sólo beneficiarían a quienes más tienen.
De manera velada, Oxfam relaciona el crecimiento de la desigualdad con países en los que hay una alianza entre políticos y millonarios y también indica que la creciente evasión fiscal y la estructura mundial de paraísos fiscales ha favorecido en alto grado el enriquecimiento de quienes de por sí ya eran muy acaudalados.
La ONG explica que los impuestos no recaudados por la evasión y elusión fiscal generalizadas compromete los presupuestos públicos, lo cual se traduce a su vez en recortes de servicios públicos esenciales como la salud o la educación, e implica también que los gobiernos dependan en mayor medida de impuestos indirectos como el IVA, que afecta desproporcionadamente más a los sectores más pobres de la población.
Por lo anterior es de todos conocidos que mientras en México los niveles de perversión política e impunidad no se reduzcan, no habrá posibilidades de lograr un desarrollo económico sólido que beneficie a todos por igual, pues de manera lamentable el Ejecutivo moldea el sistema y otorga beneficios, excepciones y privilegios tributarios a los dueños de los grandes capitales.
Oxfam dice también que el sistema actual no es fruto de la casualidad, sino el resultado de decisiones políticas deliberadas, de que nuestros gobernantes presten oídos a ese 1% y a quienes les apoyan, en lugar de actuar en defensa de los intereses de la mayoría y de las necesidades de los más pobres.
En nuestro país ha sido evidente cómo la clase política en el poder ha favorecido desde varios sexenios atrás a empresarios nacionales e internacionales. En cada reporte mundial sobre niveles de corrupción resultamos sobresalientes no por descender, sino por mantenernos y aun subir en la vergonzosa lista.
Al analizar a 200 empresas, entre ellas las más grandes del mundo y las socias estratégicas del Foro Económico Mundial de Davos, Oxfam reveló que en nueve de cada diez están presentes los paraísos fiscales.
Posterior al Foro Económico Mundial en Davos, algunas instituciones europeas manifestaron su compromiso en la lucha contra la evasión y elusión fiscal; en México, nada.
Otro de los temas en los que Oxfam pone atención en su estudio es cómo el aumento de la desigualdad económica también agrava las desigualdades entre los grupos sociales, y especialmente la desigualdad de género.
La ONG ha constatado que la brecha salarial entre hombres y mujeres, según la cual las mujeres cobran menos que los hombres por el mismo trabajo, es mayor en sociedades más desiguales, lo que se agrava, además, por la segregación profesional y la carga de trabajo no remunerado.
De las 62 personas más ricas del mundo, 53 son hombres. En cambio, la mayoría de los trabajadores mal remunerados del mundo son mujeres, que se concentran en los empleos más precarios. En nuestro país, de los cuatro más acaudalados mencionados con anterioridad, ninguno es mujer.
La responsabilidad social de empresarios y de quienes ostentan el poder económico es casi nula; no basta crear fundaciones de ayuda a los más necesitados, hay que generar empleos bien remunerados y reducir la brecha entre salarios y productividad.
Oxfam insta en su reporte a los líderes mundiales a tomar medidas que pongan fin a la actual crisis de desigualdad, defendiendo los intereses de la mayoría. El estudio asegura que está en manos de los responsables políticos poner soluciones para acabar con una economía al servicio del 1% y empezar a construir una economía humana que beneficie a todas las personas, desde establecer unos salarios dignos a una mayor regulación de las actividades del sector financiero.
La misma Oxfam publicó en enero de 2014 un estudio que tituló: Gobernar para las Élites: secuestro democrático y desigualdad económica 4. No es casual que una ONG realice investigaciones de cómo la falta de control en las instituciones políticas debilita al Estado y de cómo los gobiernos sirven a las élites económicas en agravio de la ciudadanía de a pie.
No es fortuito que grandes instituciones expertas en la materia como la OCDE, el Banco Mundial y el FMI, llamen la atención sobre el mismo problema y coincidan en que ya es inaceptable e intolerante la desigualdad social a nivel mundial.
Este estudio de Oxfam debiera ser el parteaguas de una movilización global por los que menos tienen; no se trata de expresiones compasivas ni de beneficencia pública, sino de que los países actúen con alto sentido de la justicia y la responsabilidad social.
En el caso de México, con la mitad de su población en pobreza, se requiere de manera urgente que los gobiernos trabajen y atiendan la voluntad de la ciudadanía; es inadmisible que se antepongan los intereses de las grandes empresas.
Es probable que no se pueda acabar la pobreza de golpe, pero es claro que en mucho abona para su crecimiento que se alimente de la corrupción y la injusticia. Restablecer el equilibrio y garantizar el acceso a los recursos necesarios para mejorar el nivel de vida de la ciudadanía, es responsabilidad obligada de los gobiernos. Lamentablemente, la toma de decisiones en cuanto a políticas y estrategias económicas en los útimos sexenios, no ha favorecido en sentido alguno a la reducción de la desigualdad en nuestro país.
Hoy no se advierten en ningún gobierno intenciones reales para reducir y atenuar los efectos de esta brecha de disparidad y pobreza que ya ha alcanzado niveles intolerables. Tampoco advertimos compromisos genuinos para erradicar la corrupción y la mentira, cuya carga llevamos en nuestra vida cotidiana. Y la llevamos de manera tan natural que ya nos parece normal que así sea.