Justicia y Sistema Penitenciario
Entre el aparato impartidor de justicia y el sistema penitenciario mexicano, funciona una enmarañada red de interconexión por cuyas arterias fluyen contaminantes perniciosos para la vida democrática nacional. El fenómeno actúa igual que el viejo principio de física descubierto en el siglo XVII por el genial francés Blaise Pascal: el de los vasos comunicantes.
Por los vasos de esa red fluye una mezcla de amplio espectro letal: corrupción, impunidad, componendas, justicia por consigna y/o al mejor postor (a cargo de prevaricadores que con la mano en la cintura transgreden leyes y violan impúdicamente derechos humanos “por órdenes superiores”), complicidades, tráfico de influencias y un vastísimo etcétera que (otra vez Pascal) se transmite íntegramente y con la misma intensidad en todas direcciones.
En cuanto concierne al aparato impartidor de justicia, ese mismo flujo lleva aguas negras a las procuradurías o fiscalías estatales, que con el Ministerio Público, las policías investigadoras y las preventivas, así como las policías estatales (que están convertidas en tapaderas de complicidades, cuando no en temibles instrumentos de terror), tienen dos obligaciones fundamentales: representar y defender los intereses ciudadanos ante el Estado e investigar y perseguir los delitos de los órdenes federal y común.
Según el Índice Global de Impunidad 2015, México tiene en promedio 355 policías por cada 100 mil habitantes, lo que lo sitúa por encima del índice internacional que es de 332 guardianes del orden por cada 100 mil habitantes. No estamos tan mal. Pero ¿a manos de quiénes van a dar estos detenidos?
Los jueces
Contaminada por los efluvios de la corrupción, hace años que la justicia cojea en México. Con muy honrosas (y por fortuna no pocas) excepciones, hay ejemplos de cómo los jueces de consigna han sido: cómplices de represión criminal en contra de disidentes; desamparan al débil, protegen al poderoso y acallan voces críticas. En los peores casos, esos jueces están convertidos en negociantes de sentencias, dispuestos a atender en cuestión de segundos una “orden superior” mientras miles de procesados permanecen meses, años encarcelados, en espera de veredicto en cualquier sentido: absolutorio o de culpabilidad.
¿Quién los vigila? ¿Quién les exige cuentas? ¿Quién investiga y castiga sus desvíos? ¿Qué juez los reconoce antes de juzgar?
No son vanas las preguntas que suelen hacerse algunos abogados defensores antes de tomar un caso: ¿Quién es el acusador? ¿Qué juez va a llevar la causa?
Hay datos que pueden dar respuesta, así sea parcialmente, a estas interrogantes.
De acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2015, presentado ese año por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y otras organizaciones, en nuestro país hay apenas cuatro jueces por cada 100 mil habitantes. Es decir, en manos de cuatro jueces está el veredicto de inocencia o culpabilidad por cada 100 mil mexicanos. El estudio compara esta proporción con el caso de Croacia (el país con menor impunidad, con una población inferior a 4.5 millones de croatas), que tiene 45 jueces por 100 mil habitantes, mientras que el promedio internacional es de 17 juzgadores por 100 mil habitantes.
México ocupa el segundo sitio a escala mundial entre los 59 países con el mayor índice de impunidad que fueron medidos y comparados. Estamos por debajo de Filipinas y por encima de Colombia. La investigación concluye que tenemos policías de sobra (aparte la calidad de nuestros policías) para detener presuntos delincuentes, pero no hay jueces suficientes para procesar los casos.
En promedio, por cada juez se abren cada año aproximadamente 500 expedientes nuevos. El Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2014, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revela que en el país hay cuatro mil 171 jueces y magistrados del fuero común (sin contar los federales) de las distintas ramas: penal, civil, familiar y mercantil.
“Si se toma en cuenta que en 2013 se abrieron poco más de dos millones 43 mil juicios (señala la misma fuente), esto arroja una proporción de 490 nuevos casos por cada magistrado en un año, eso sin contar los que ya estaban en curso o pendientes”.
¿Y qué hay de la tortura? La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena que si un detenido denuncia que fue torturado, el juez debe investigar la acusación. También dispone la Corte que antes de cerrar cualquier caso, los jueces deben tener certeza de si hubo o no actos de tortura. ¿Cumplen todos los jueces con esta disposición de nuestro tribunal supremo?
Absolutamente no. En cárceles y penitenciarías hay miles de procesados cuyas declaraciones fueron arrancadas por los viejos procedimientos, por lo menos, de encapucharlos con bolsas de plástico para crearles sensación de asfixia, y con golpes en el estómago… donde no queden huellas.
Imposible omitir a los agentes del Ministerio Público que deshonran su misión, ignoran denuncias de ciudadanos agraviados, extorsionan a las víctimas, cierran los ojos ante los abusos de las corporaciones policiacas, se hacen cómplices de las canalladas de las bandas criminales y propician, con su conducta, que se cometan arbitrariedades e injusticias sin fin. Dejan manos libres a los jueces venales y a sus jefes (administrativos y políticos), para que ejerzan arbitraria e impunemente el poder.
Sistema penitenciario en crisis
La teoría de Pascal asienta claramente que no importa cuál sea la forma y el tamaño de los recipientes; en todos ellos, el líquido común que contienen fluye por la red de interconexión y alcanza niveles similares en uno y otro.
Igual sucede con los vasos comunicantes que hay entre los sistemas de justicia y penitenciario de México. Tan viscoso es el fluido que los analistas y estudiosos del tema aseguran que ya es muy difícil moverlo. Que es improbable, dicen, desazolvar las cañerías. Que se antoja una tarea titánica para lograr que las penitenciarías dejen de ser modelos punitivos y “escuelas del crimen”, cotos de poder e impunidad, paraísos de complicidad entre las bandas que los controlan y autoridades corruptas, y se conviertan en genuinos centros de rehabilitación carcelaria y reinserción social.
Con la irremediable proclividad que tiene para aparecer en los primeros lugares de las estadísticas negras, México ocupa el sexto lugar en el mundo con mayor población en reclusión. Y por supuesto, está muy lejos de conseguir la reinserción de miles de presos a la sociedad.
Actualmente en México existen 387 cárceles de las cuales 4.4 % son federales y 73%, estatales. Tienen poco más de 200 mil espacios, pero la población interna es de más de 257 mil personas entre procesados y sentenciados. Es decir, la sobrepoblación sobrepasa el 26 %. Lo anterior se traduce en que hay 210 internos por cada 100 mil habitantes, cifra por encima de la media mundial que es de 144.
De 2001 a 2014, la población de los centros penitenciarios aumentó mil 648%, al pasar de 508 del fuero federal y 908 del fuero común a 23 mil 164 del fuero federal y mil 833 del fuero común.
La reinserción social, un fracaso
En su última evaluación (2014) del Sistema Nacional Penitenciario, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fue tajante: “Las políticas de reinserción social no están funcionando”. Apoya su afirmación con datos duros: en siete años, de 2007 a 2014, tan sólo en los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS), el número de presos reincidentes pasó de mil 484 internos en 2007 a más de 10 mil 900 en 2014. Es decir, el incremento fue superior a 600%.
Una de las causas más importantes estriba en la sobrepoblación: Según la misma fuente, al finalizar 2014 alrededor del 41% de los centros federales de reclusión tenían problemas de sobrepoblación, entre ellos estaban en condiciones críticas de aglomeración cuatro penales de alta seguridad. Otro factor lo constituyen los engorrosos trámites burocráticos de preliberación: de acuerdo con la ASF, en la actualidad sólo se concede uno de estos beneficios por cada 140 solicitudes. Y van a la baja: un informe del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), reportó que en 2007 se concedieron 4 mil 464 preliberaciones a internos que tuvieron buen comportamiento por lo menos durante la mitad de su periodo de reclusión; pero para el 2014 solamente fueron 150. La reducción fue del 97 por ciento.
Para la ASF la explicación simple y llana es que hay pocos avances porque son deficientes los tratamientos de reinserción, en detrimento de 24 mil 776 reclusos en los CEFERESOS que, en 2014, aguardaban por ese beneficio.
Aparte las deficiencias de control de reos en todos los órdenes, los jueces federales siguen mezclando a los acusados de delitos federales con presuntos delincuentes del orden común. Así, no sorprende encontrar a ladrones de autos recluidos con sicarios, traficantes de drogas o capos de los cárteles. La consecuencia de este desatino pudo verse en la matanza del penal de Topo Chico.
Se calcula que uno de cada dos internos en penales estatales es reo federal. En datos de la ASF, al cierre del 2014 había más de 58 mil internos hacinados en las penitenciarías estatales del país; de ellos, 26 mil 410 eran acusados por delitos federales que debían estar en un CEFERESO.
El mismo dictamen de la ASF hace ver que, por las condiciones señaladas, en los centros de reclusión estatales la sobrepoblación pasó de 22.5% en el 2010 a más de 34% en el 2014. En 24 de las 32 entidades del país hay exceso de reclusos y en 14 de ellas el hacinamiento es crítico, con índices de sobrepoblación superiores al 20%. Los casos más graves: el Estado de México con una sobrepoblación del 144%; Nayarit, con 140%; Hidalgo, con 108%; Morelos, con 81% y Jalisco con 80.5%.
Dinero, cárceles y educación
Como en muchos otros rubros (excepto en la compra de aviones para funcionarios y armamento para las fuerzas armadas), entre 2012 y 2015 hubo recorte al presupuesto destinado al Sistema Nacional Penitenciario, lo que al parecer repercutió en deficiencias de espacio y tratamientos de reinserción, entre otras.
Pero los auditores también advirtieron “irregularidades” en el gasto de poco más de 60 millones de pesos que se emplearían en fortalecer la infraestructura de los centros penitenciarios federales.
Guillermo Zepeda Lecuona, investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), publicó el año pasado el estudio “La transformación del Sistema Penitenciario Federal”, en cuyo diagnóstico señala que México gasta más en custodios, alimentos, medicinas, uniformes e inmuebles para los presos, que en apoyos para los estudiantes mexicanos.
En tanto la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destinó 115 pesos diarios a un alumno de bachillerato, el Sistema Penitenciario Federal erogó 140 al día por reo. El juicio, advierte el autor, no está sobre la delincuencia, sino sobre la inoperancia del Estado para abatir el crimen. En un país como México, donde priva el hambre y sobran las carencias, la educación es lo último que preocupa.
Mientras la educación superior sufre anoxia financiera y falta de cupo por culpa de la corrupción o de los recortes presupuestales, entre 2006 y 2015 México triplicó su gasto en seguridad pública. En el último año de gobierno de Vicente Fox se ejercieron 50 mil 936 millones de pesos en este rubro; pero en 2014 el gobierno federal dispuso para el mismo fin de más de 150 mil millones de pesos.
“Autogobierno” penitenciario
La majestad de los hechos se impone sobre la retórica hueca y persistente que insiste en la preocupación del Estado por tener un sistema penitenciario “a la altura de los mejores del mundo”.
¿Por qué se fugó El Chapo Guzmán (y con él, la credibilidad en el sistema penitenciario mexicano, escribió el 24 de julio del año pasado Francisco Medina en Al Momento Noticias)? ¿Por qué la carnicería del 11 de febrero último en el penal de Topo Chico, en Monterrey? ¿Por qué los ridículos aspavientos de cateos en los centros de reclusión cuando en ellos revienta la violencia, con su cuota de sangre y muerte? ¿Acaso desconocen los celadores y las autoridades de los penales que en el interior hay “puntas” con las que los reos dominantes “pican” a los que no se doblegan? ¿No saben que dentro de las cárceles se venden por igual mariguana, cocaína, heroína, privilegios y favores al mejor postor? ¿Que en las llamadas “aduanas” los celadores cobran cuotas a todo el que desee visitar a un interno? ¿Acaso desconocen las autoridades que dentro de los penales hay quienes venden protección a internos vulnerables? ¿Ignoran a manos de quiénes van a parar los depósitos que sufridas familias hacen para que sus parientes no sean agredidos? ¿Quién o quiénes mandan en los penales mexicanos?
Elena Azaola Garrido, especialista en sistemas carcelarios, doctora en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y autora de alrededor de 80 trabajos (artículos y libros) sobre violencia, criminalidad e instituciones carcelarias en México, publicó en abril pasado una investigación titulada “Situación de las Prisiones en América Latina”.
En el documento, la especialista apunta que el 65% de las prisiones de México tienen “autogobierno”, es decir, estructuras de poder paralelas donde no manda la autoridad, sino los propios reos. A causa de la descomposición y corrupción del sistema penitenciario en apenas cuatro años cerca de mil reos se han fugado de las cárceles locales y federales mexicanas; además, en cinco años, 600 reclusos murieron en motines, riñas y otros hechos violentos y delictivos al interior de las cárceles.
La doctora Azaola Garrido abunda: más de 260 mil personas están en prisión, de las cuales 95% son hombres y 5% mujeres; 102 mil presos se hallan bajo el esquema de “prisión preventiva”, lo que significa que esperan una sentencia judicial a cargo de un sistema legal “lento y corrupto”.
La sociedad mexicana está urgida de que el gobierno modernice el aparato impartidor de justicia y el sistema carcelario. Nada sería más saludable que sus vasos comunicantes fueran con la Constitución y la legalidad, que se buscaran alternativas de reclusión para los crímenes de baja intensidad, que se revisaran expedientes que tienen en la cárcel a víctimas inocentes y, sobre todo, que se combata a fondo, con hechos, la corrupción enquistada en las estructuras de la burocracia penitenciaria.