Luis Gutiérrez
El 15 de diciembre de 2009, más del 90% de quienes integraban ese día el Pleno de la Cámara de Diputados, eligió nuevo Auditor Superior de la Federación para el periodo 2010–2017. La delicada responsabilidad recayó sobre el CPC (Contador Público Certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos), Juan Manuel Portal Martínez.
El acto y el recinto fueron ad hoc. Por mandato constitucional, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es un organismo coadyuvante de la Cámara de Diputados, con autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
Su principal objetivo, fiscalizar (indagar, investigar) que los recursos públicos sean usados con pulcritud y honradez, en tanto son dineros que los contribuyentes confían a los tres Poderes de la Unión, secretarías de Estado y organismos del gobierno federal, entidades federativas, municipios y, en general, a toda persona física o moral, pública o privada, que recaude, administre, maneje o ejerza (gaste o invierta) recursos públicos federales.
El pasado miércoles 17 de febrero, el auditor federal Portal Martínez entregó a la Cámara de Diputados su informe general sobre la Cuenta Pública, esto es, el ejercicio del gasto público correspondiente a 2014.
Es posible que la necesaria numeralia no le diga nada al ciudadano común: la ASF anuncia 8 mil 247 acciones: 3 mil 365 recomendaciones, mil 207 solicitudes de aclaración, 75 respetuosas solicitudes al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que ejerza sus facultades de comprobación fiscal, mil 871 “promociones” para que contralorías internas finquen responsabilidades administrativas “sancionatorias” y mil 641 pliegos de observaciones “con presunción de daño patrimonial”. Y el CPC Manuel Portal advierte: “El número de denuncias de hechos todavía podría incrementarse”.
Pero esta retahíla de la ASF conlleva y revela la persistencia del mangoneo impune, abusivo, ilegal, arbitrario y criminal que muchos servidores públicos, de todos los niveles, cometen con el dinero que el pueblo les confía. Abundan los analistas y críticos que lo llaman “saqueo”.
Según el informe de la revisión a la Cuenta Pública de 2014, al 5 de febrero de 2016 la ASF logró “recuperar” 6 mil 116.1 millones de pesos. Cabe la posibilidad (la esperanza, pues), de que esta cantidad pueda crecer durante los 30 días hábiles que la ley concede para solventar aclaraciones.
¿Por qué? Porque a la fecha del corte hecho por la SF (5 de febrero), todavía quedaban por aclarar 42 mil 702 millones de pesos, consignados por el informe en el rubro denominado “Recuperaciones Probables”. La ASF tendrá que valorar la información que reciba y manifestarse al respecto. Y aquí cabe una aclaración adicional: las acciones emitidas no son definitivas; el proceso de fiscalización no concluye con la presentación del informe.
De acuerdo con Manuel Portal, hay once áreas de riesgo. Entre otras, no se dispone de un padrón único de beneficiarios de programas sociales; en consecuencia hay “falta de control y calidad en la información de los receptores de los apoyos”; es necesario un registro puntual, adecuado y oportuno de las obligaciones financieras que enfrenta el Estado, para vislumbrar qué tan sustentables son las tendencias actuales de su gasto y de sus compromisos; hace falta efectiva participación ciudadana en la gestión de los programas públicos; las adquisiciones, contrataciones o inversiones se siguen realizando mediante adjudicación directa, lo cual se ha convertido en una clara fuente de corrupción.
¿Qué sigue? ¿Qué falta? ¿Que la partidocracia dominante en la Cámara de Diputados actúe (al fin) en consecuencia? Durante más de 130 años (1867-2000), desde que inició como Contaduría Mayor de Hacienda, nuestra autoridad auditora ha estado sujeta a intereses generalmente de orden político. Pero de 2000 a la fecha crecieron de la mano corrupción e impunidad, porque siguen privilegiados los intereses de la partidocracia, uncidos a gobernantes deshonestos.
Si en esta ocasión no pasa nada, si no se apresura una reforma que reestructure a fondo las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para que no solo investigue, sino que también castigue los delitos, el dinero del pueblo seguirá abultando bolsillos ajenos. ¿Qué otra cosa puede pasar cuando se pone a lobos a cuidar corderos?
Yo no sé nada
Hace unos días, la patética aclaración (y las penas) de un gobernante repudiado públicamente por sus paisanos, me recordaron la simpática y popular guaracha de los años 50 “Yo no sé nada”, del compositor puertorriqueño Pedro Flores Córdova, que tuvo célebres interpretaciones de su paisano Daniel Santos y de las hermanas Márquez, inolvidables cubanas: Cusa (Caridad), Trina (Albertina) y Nerza.
Esta es la letra del estribillo central:
Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo,
si algo pasó, yo no estaba ahí.
Que si lo cogieron, vamo’a ver,
que si alguien lo vio,
que si lo dijeron,
que si qué sé yo.
Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo.
Si algo pasó, yo no estaba allí.
