Luis Gutiérrez
No se sabe a ciencia cierta cuántos seres humanos murieron en la Plaza de las Tres Culturas la noche del 2 de octubre de 1968; lo cierto es que fue una noche de represión brutal, con muertos, heridos y leva indiscriminada, en la que culminaron casi cuatro meses de violentas manifestaciones callejeras en la Ciudad de México, que sacudieron a todo el país y trascendieron sus fronteras; matanza que habría de dar paso a una etapa negra en la historia contemporánea de México: la llamada “guerra sucia” con más sangre derramada, ejecuciones sumarias e impunes violaciones a los derechos humanos.
Lo menos que se esperó entonces, es que nunca volvieran a repetirse aquellos amargos episodios en los que asomó el rostro autoritario, perverso y represor del fascismo a la mexicana.
El 14 de junio de 2008, casi 40 años después del 2 de octubre de 68, en un foro organizado por el Centro Cultural Universitario 68, don Juventino V. Castro y Castro (julio de 1918-abril de 2012), ministro jubilado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hizo graves señalamientos y advertencias:
- La derogación de los delitos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, en 1970, fue el único resultado del movimiento estudiantil de 1968.
- Advirtió sobre el renacimiento en México del delito de disolución social, que absurdamente sancionaba la legislación diazordacista.
- Lamentó que la investigación sobre la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, muriera en los tribunales.
¿Vuelta al Estado fascista y represor?
Tenía razón el maestro Castro y Castro: la tentación represora y hasta fascista del gobierno, con diversos tintes, no sólo se mantiene sino que aumenta peligrosamente. Ello, desde que en 2001 el gobierno estadounidense de George Bush declaró la guerra contra el terrorismo por la vía de la violación a las garantías individuales.
Cuando Juventino Castro y Castro hacía estos señalamientos, estaba por emitirse la resolución judicial respecto del amparo promovido entonces por el único gran señalado como culpable de la matanza en Tlatelolco: Luis Echeverría Álvarez. “No va a suceder nada. Va a ser la muerte (en tribunales mexicanos) de todo el tema de las sanciones por esos hechos”, precisó el ex ministro. Y no se equivocó. Así fue.
Tampoco parece haber errado don Juventino Castro y Castro con otro grave pronóstico: ahora por iniciativa del jefe del Poder Ejecutivo, secundada y aprobada en principio por sus aliados en el Congreso de la Unión y por gobernadores de pacotilla que ya criminalizaron la “perturbación del orden público”, el gobierno de México ha renovado su empeño por regresar al fascismo autoritario, a la mano dura, a la violación de garantías individuales mostrada por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, a pesar de su sangriento desenlace en la Plaza de las Tres Culturas.
Las Comisiones de Gobernación y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados ya emitieron un dictamen aprobatorio de la ley reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Mexicana, que normará la forma para declarar un Estado de Excepción y la suspensión de garantías individuales en cualquier parte del país.
Los siguientes derechos serán suspendidos cuando por razón de invasión, perturbación grave de la paz pública, “o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”, se declare un Estado de Excepción: la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, el derecho a una profesión lícita, la libertad de pensamiento y el derecho a la información, la libertad de escribir y publicar, el derecho de petición (manifestación pacífica), de asociación y reunión, poseer un arma en el domicilio, libre tránsito, prisión preventiva, detención por 72 horas.
El jefe del Poder Ejecutivo había enviado esta iniciativa desde octubre de 2013. De aprobarla el Senado, el presidente de la República podrá anular las garantías individuales cuando decrete un Estado de Excepción y, en 48 horas, el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, lo aprueben.
Lo increíble es que hace tiempo que las señales están a la vista: militarización y estado policiaco, de la mano; miedo y terror anulan o suplen torpes políticas públicas; proclividad del Ejecutivo (¿fatal e inevitable?) a arroparse más con las fuerzas armadas que con sus gobernados; intolerancia creciente a la disidencia y a la crítica; impopularidad en aumento y una vida institucional agrietada, al borde del derrumbe.
Si no se le pone un alto, la represión social (la legalizada) está a la vuelta de la esquina.