Armando Lopéz Campa
Diputado Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Asamblea Legislativa
Construir una Constitución para la Ciudad de México es un ejercicio que implica un compromiso más allá de la redacción de leyes y preceptos para una entidad federativa. No se cuenta con mucho tiempo dado que se quiere que esté aprobada para el 5 de febrero de 2017, cuando se cumple un centenario de la Constitución Política.
Sin embargo, es una oportunidad única para poner al día ese espíritu ciudadano que ha fructificado en momentos históricos significativos que capturan la esencia democrática y que se plasman en basamentos como las Leyes de Reforma o la Constitución de 1917. Aunque es un anhelo de muchos y desde hace tiempo, la verdad es que bien a bien la ciudadanía no sabe para qué es ni para qué quiere una Constitución. Ello obedece a la falta de información y a lo enredado del proceso, que se caracteriza, una vez más, por obedecer a un reparto de cuotas partidistas.
Sin embargo, amén de los constituyentes que elijamos el próximo mes de junio, desde ya existen voces autorizadas e ineludibles, como la de Porfirio Muñoz Ledo, cuya su simple participación es un aval a los trabajos. La Ciudad de México no sólo está obligada a tener instituciones sólidas y de vanguardia, también tiene el compromiso frente al resto del país de abrir brecha en temas espinosos cuya consideración en algunos estados se dificulta.
Es contradictorio, pero no imposible, que un Constituyente emanado de cuotas partidistas pueda engendrar un decálogo para la ciudad que esté a la altura de la ciudadanía y que recoja las demandas más sentidas de la sociedad. No sólo debe equipararse a las constituciones de las 31 entidades restantes, por su carácter de capitalidad y al ser centro en el que confluye toda la República, la Ciudad de México es crisol en el que se debaten y se dilucidan temas con resonancia nacional, situaciones que históricamente la hacen una ciudad de vanguardia. Pero su tamaño, geografía, densidad poblacional y la falta de planeación y de recursos, generan un entorno en el que permanentemente vivimos en la saturación y al borde del caos. Ello hace que debamos repensar la ciudad y dotarla de un andamiaje legal ad-hoc con sus requerimientos, que sea incluyente, que permita la participación de sus habitantes en las decisiones.
Si queremos una mayor conciencia sobre los problemas y dificultades, se debe involucrar a la población en las decisiones, además de proveerla de recursos suficientes para hacer frente a sus retos y necesidades, y darle viabilidad. Sólo la planeación cabal y democrática hará que la Ciudad de México subsane sus rezagos, y comenzar con un Constituyente plural, incluyente, paritario y abierto a la ciudadanía podría ser el punto de inflexión.