Verónica Delgadillo García
Disfrutan de una pensión cercana a los 205 mil pesos mensuales, pero puede llegar a costar hasta cinco millones de pesos
México es un país de contrastes: cuando prácticamente la mitad de la población vive en una situación de pobreza que no le permite acceder a una vida digna, la riqueza de muy pocas personas podría alcanzar para emplear con un salario mínimo al total de todos los desempleados de nuestro país. Es de contrastes, porque cuando se habla de legalidad, transparencia, rendición de cuentas y eficiencia en el gasto público, los encargados de implementar estas medidas se encuentran envueltos en escándalos de corrupción, opacidad y mal uso del dinero de todos los mexicanos.
De la misma manera, sólo cuatro de cada diez mexicanos podrán acceder a una pensión que les ayude a solventar sus necesidades básicas y quienes lo hagan deberán cotizar al menos mil 250 semanas ante el IMSS y haber cumplido 60 años, esto a pesar de que los mexicanos se encuentran entre los jubilados peor pagados del mundo al recibir sólo el 30% de su último salario cuando en otros países, en promedio, reciben hasta el 62% del mismo. Es decir, más del doble que en el nuestro.
En contraste, quienes ocuparon por seis años el cargo de presidente de México disfrutan de una pensión privilegiada cercana a los 205 mil pesos mensuales y que puede llegar a costar, de acuerdo con diversas investigaciones y estudios realizados, hasta cinco millones de pesos al incluir gastos médicos, seguros de vida, vehículos, servicios como luz, agua y el gasto por el personal a su cargo que puede representar hasta 425 personas que forman parte de la Armada, Fuerza Aérea, Ejército, Estado Mayor Presidencial y de los Servicios Generales de la Federación para realizar actividades de asesoría, ayudantía y seguridad para ellos y los miembros de sus familias.
La pensión y privilegios que reciben los expresidentes de México no sólo son ilegales al no tener fundamento alguno en nuestra Constitución o en cualquier otra norma jurídica, ya que los acuerdos en los que se contemplan estos apoyos no fueron firmados por ningún presidente (Luis Echeverría y Miguel de la Madrid) y tampoco fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Además un gasto injusto y excesivo que se realiza, mes con mes, con el dinero de todos los ciudadanos bajo un modelo de opacidad y falta de rendición de cuentas sobre esos gastos. Incluso si recurrimos a un ejercicio comparativo entre diversos países, los cinco millones de pesos que puede costar al mes un expresidente de México resulta un exceso contra los 560 mil pesos que se erogan en Chile; los 390 mil pesos que se gasta por el mismo concepto en Australia o los 147 mil pesos que cuesta un expresidente colombiano. Cabe mencionar que, a diferencia de México, en estos países sí se cuenta con un fundamento legal sobre las prestaciones y beneficios a los que puede acceder un expresidente.
Para ejemplificar lo excesivo de este gasto en nuestro país, podemos mencionar que con esa misma cantidad que puede costar al mes un expresidente mexicano, podría pagarse la pensión de 14 exprimer ministros de Canadá, pensionar mensualmente con más de un salario mínimo a cerca de mil 400 personas que no cuentan con seguridad social o capacitar a dos mil 500 mujeres al mes para que desarrollen su potencial y creatividad con el programa “Hecho por ellas” del gobierno municipal de Guadalajara.
Como legisladora, estoy convencida que una de nuestras mejores contribuciones a la sociedad debe ser la de darle voz a quienes no la tienen; hablar por quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad y también por los millones de mexicanos que, día con día, dan lo mejor de sí para hacer de éste un mejor país.
Ese es justamente el espíritu que nutre la iniciativa que hace días presenté a nombre de los Diputados Ciudadanos que busca eliminar y prohibir la pensión vitalicia y todos aquellos beneficios y prerrogativas ilegales que reciben los expresidentes de México, porque ante la grave situación socio-económica que vivimos no podemos permitir que el dinero de los ciudadanos sea malgastado en cosas que no atiendan a esa gran mayoría de mexicanos que se enfrentan a una realidad por demás desoladora. Resulta indignante e insostenible que la clase política de nuestro país se mantenga aferrada a sus privilegios y ajena ante las exigencias de todos los ciudadanos.
En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que esta iniciativa no es sólo una cuestión de ahorrar y utilizar de la mejor forma posible los recursos públicos, sino que también representa nuestra contundente propuesta de romper con un régimen de privilegios para unos cuantos, con un sistema perpetuado por décadas en el que la transparencia se encuentra secuestrada por la opacidad y la corrupción; y también de la voluntad que tenemos para dignificar la forma en cómo se hace política y de probar que sí se puede hacer lo que cualquier buen ciudadano haría en nuestro lugar.
Es por esto que, además de la iniciativa, mandamos una carta dirigida a cada uno de los expresidentes de nuestro país donde les pedimos que renuncien de manera voluntaria a su pensión vitalicia, alpersonal de apoyo y a todos los privilegios o prerrogativas que reciben, las cuales son pagadas con recursos públicos.
Es importante aclarar que nuestra intención no es demeritar el trabajo que hayan hecho quienes han ocupado la presidencia de nuestro país, ya que serán los mexicanos quienes se encarguen de juzgarlo, pero justamente como los servidores públicos que han ocupado la más alta representación del Estado mexicano, deben tener conciencia de que su servicio a nuestro país no es bajo ninguna circunstancia una justificación para hacerse de privilegios injustificados y exorbitantes.
Servir al pueblo de México no es sinónimo de servirse de él; porque hacer lo correcto es eliminar estos privilegios excesivos y estar a la altura de las exigencias que las circunstancias y millones de mexicanos demandan: no más pensiones a expresidentes.