La legislación espacial no alcanza a regular los nuevos avances tecnológicos derivados de la investigación espacial
La conquista del espacio exterior nació en el marco del enfrentamiento bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La carrera espacial no sólo era una rivalidad política-mediática; era y sigue siendo una competencia tecnológica-militar. La Guerra Fría concluyó, pero la carrera espacial continúa como símbolo de superioridad científica.
La bipolaridad provocó que ambas potencias invirtieran millones de dólares en investigación. La carrera espacial es una extensión de la armamentista y se desarrolló de forma paralela a la “era nuclear”. Hasta la fecha, casi todos los proyectos científicos orientados a la investigación del espacio exterior son militares y tienen financiamiento gubernamental.
Desde el principio, la investigación sideral tuvo una finalidad estratégica: las potencias protagonistas del enfrentamiento bipolar buscaban desarrollar sistemas de defensa que les proveyeran de ventaja militar en el espacio ultraterrestre. La competencia espacial comenzó cuando la Unión Soviética puso en órbita el primer satélite artificial en el espacio exterior. El éxito logrado por el cosmonauta Yuri Gagarin en el Sputnik 1 significó el comienzo de la “era espacial”.
La Unión Soviética tuvo otras conquistas significativas. Se destacan la puesta en órbita del primer ser vivo, la perra Laika, en 1957; la primera comunicación de telemetría en 1959; el lanzamiento de los primeros satélites a la Luna en 1959, a Marte en 1960 y a Venus en 1961. Asimismo, la URSS realizó las primeras misiones tripuladas: el primer viaje alrededor de la Tierra en 1961; el primer vuelo doble tripulado; la primera mujer en el espacio exterior, Valentina Tereshkova, en 1963; la primera caminata espacial por Aleksei Leonov en 1965, y la colocación de la primera estación espacial permanente, Mir, que orbitó de 1986 al 2001.
Los avances científicos soviéticos generaron preocupación al gobierno de EU, que entonces consideró la investigación espacial parte fundamental del interés nacional, la seguridad nacional y la política exterior estadounidense. El lanzamiento del Sputnik provocó que el presidente Dwight David “Ike” Eisenhower apresurara en el Congreso la aprobación de un programa espacial: en 1958 se creó la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA)
La investigación espacial estadounidense también reportó avances significativos. Aunque la NASA fue creada con fines civiles, llevó a cabo los primeros proyectos espaciales en colaboración con la Fuerza Aérea y la Marina. El complejo militar-industrial se fortaleció con la incorporación de poderosos consorcios que contaron con importantes contratos industriales y la asesoría de los Think Tanks, respetables centros de investigación científica y universidades que alentaron la carrera espacial.
Esta gigantesca fusión gubernamental, militar, industrial y científica impulsó los primeros programas como el Proyecto Mercury, que llevó al astronauta Alan Shepard al espacio exterior y puso en órbita al Friendship 7, primer vuelo tripulado a cargo de la NASA. Desde 1960, el gobierno estadounidense se propuso como meta poner al primer hombre en la Luna, por lo que el presidente John Fitzgerald Kennedy urgió un proyecto especial que, años después, se denominó Programa Apolo, que costó aproximadamente 250 millones de dólares y permitió que Estados Unidos consolidara una victoria mediática con el alunizaje del Apolo 11 en 1961.
Otros proyectos científicos sobresalientes fueron el Programa Gemini, que preveía misiones tripuladas y de acoplamiento; el proyecto Skylab, que concibió la primera estación espacial estadounidense, así como el Programa de Transbordador Espacial que comenzó con el lanzamiento del Columbia en 1981 y completó 135 misiones hasta el regreso del Atlantis en 2011. Este programa permitió el lanzamiento del telescopio Hubble en 1993; el desarrollo binacional del proyecto Shuttle-Mir en 1995, que posteriormente dio origen a la Estación Espacial Internacional, así como el acoplamiento del Laboratorio Destiny en 2001.
Los logros alcanzados en materia espacial significaron un auténtico desafío para el derecho internacional, por lo que fue necesario crear un marco jurídico que regulara la investigación y el desarrollo industrial en la materia. Los primeros acuerdos y tratados se llevaron a cabo en la Guerra Fría, debido a la preocupación de la comunidad internacional por desmilitarizar el espacio ultraterrestre.
Pocos autores como el doctor Juan Carlos Velázquez Elizarrarás han dedicado parte importante de su investigación al derecho cósmico internacional. En su libro El estudio de caso en las relaciones jurídicas internacionales plantea cuestiones de profunda reflexión y análisis para juristas, especialistas y estudiosos.
Sobre el derecho cósmico internacional o derecho espacial, Velázquez Elizarrarás sintetiza su función y desafíos: “Es posible afirmar que existe consenso entre la comunidad internacional por ubicar al espacio exterior como una zona desmilitarizada destinada a la exploración y explotación con fines pacíficos. Asimismo se considera al espacio ultraterrestre como res communis y parte integral del patrimonio común de la humanidad. Con respecto al ejercicio de la soberanía estatal, aún no se cuenta con una delimitación precisa acerca de dónde termina el espacio aéreo estatal y dónde comienza el espacio exterior. El derecho cósmico tiene un carácter eminentemente convencional debido a la rapidez con que se suscitan los avances en materias de ciencia y tecnología aplicadas a la investigación y uso del espacio ultraterrestre”.
El marco jurídico esencial del derecho cósmico se remonta al “Tratado sobre los principios que han de regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes”, firmado simultáneamente en Londres, Moscú y Washington el 27 de enero de 1967. Este tratado se adelantó a la llegada de EU y la URSS a la Luna al regular que los cuerpos ultraterrestres no fueran objeto de apropiación por parte de ningún país, y al mismo tiempo facilitó la desmilitarización y desnuclearización del espacio exterior. Este pacto de cooperación entre las potencias, impulsado por Naciones Unidas, obligaba a la asistencia de astronautas y cosmonautas, así como a la utilización de la investigación espacial con fines científicos y pacíficos. Asimismo, el “Acuerdo sobre salvamento y devolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre”, firmado en 1968, sintetiza el acercamiento de la potencias en materia de cooperación espacial internacional durante la Guerra Fría.
Los Estados han sacado ventaja de la ambigüedad del derecho cósmico internacional, mientras que la legislación espacial no alcanza a regular los nuevos avances tecnológicos derivados de la investigación espacial. Como lo refiere Velázquez Elizarrarás, tan sólo la existencia de una Estación Espacial Internacional en la que participan varios países, supone un desafío para el Derecho Público Internacional. La simple definición jurídica de una estación espacial internacional supone un reto jurídico ya que podría ubicarse en la definición de vehículos espaciales. Por otra parte, la Estación Espacial Internacional está regulada por el “Acuerdo Intergubernamental” de 1998, que según el autor, “incorpora temas nunca antes regulados por el derecho cósmico, como los conflictos de leyes en materia de propiedad intelectual, penal y civil que pueden surgir entre los Estados asociados al proyecto”.
La regulación de la investigación espacial resulta por demás compleja. Según el “Tratado del Espacio Ultraterrestre”, cada estado conservará la jurisdicción y el control sobre los elementos que registre y sobre el personal de su nacionalidad que se encuentre dentro o sobre dicha estación espacial. De acuerdo a Elizarrarás: “el ‘Acuerdo Intergubernamental’ presenta un elemento novedoso que es la extensión de la jurisdicción territorial sobre los objetos y personas (astronautas, científicos y técnicos que colaboren en el proyecto). Esto supone una ficción jurídica de extraterritorialidad en el ejercicio de la jurisdicción de los asociados”.
Más complejo es el registro de propiedad intelectual sobre los avances y descubrimientos científicos alcanzados en la Estación Espacial, así como la jurisdicción penal aplicable a los participantes del proyecto. Por ejemplo, cualquier estado asociado de la Agencia Espacial Europea puede considerar que un proyecto se desarrolló dentro de su territorio, mientras haya sido creado por algún científico europeo, sin importar su nacionalidad.
Los Estados tienen una responsabilidad jurídica absoluta y están obligados a responder de los daños causados por un objeto espacial que se encuentra en la superficie de la Tierra o las aeronaves en vuelo. Esto supone un desafío para el derecho internacional público, por la ambigüedad y la indefinición existente de los límites del espacio aéreo de los Estados y la exosfera.
En relación con lo anterior, esto supone un gran número de actividades siderales que aún no tienen un marco regulatorio específico. Elizarrarás expone otros problemas del derecho cósmico internacional como: los satélites de transmisión directa de televisión, que parecen vulnerar los principios de soberanía y libertad de comunicación; la teleobservación de la Tierra, tecnología reservada para países desarrollados y que permite realizar una evaluación de los recursos naturales existentes; la utilización de fuentes de energía nuclear en los satélites, tecnología que contraviene los tratados de desnuclearización y de uso pacífico del espacio; la delimitación del espacio cósmico con el espacio atmosférico, así como la regulación de las órbitas geoestacionarias.
Este último problema del derecho internacional es una muestra clara de la monopolización de las telecomunicaciones por parte de los países desarrollados, que concentran sus satélites en dichas órbitas. Es evidente que en materia espacial hay una competencia tecnológica asimétrica en la que los países desarrollados defienden su derecho a la investigación científica y a la libertad de comunicación, mientras que los países en vías de desarrollo, especialmente los que se encuentran en la zona ecuatorial, reclaman el derecho preferencial de su aprovechamiento por su ubicación geográfica.
Existe un amplio debate por la regulación de la órbita geoestacionaria, ya que para muchos no puede considerarse como un cuerpo celeste, debido a que tiene su origen en el magnetismo de nuestro planeta. Por otra parte, los países desarrollados afirman que los Estados ubicados en la zona ecuatorial no pueden reclamar dominio efectivo sobre ella porque no cuentan con satélites funcionales.
La disparidad científico-tecnológica llegó a la exosfera. En el marco de la Tercera Revolución Industrial, la investigación espacial está reservada a los países desarrollados. Desde el fin de la Guerra Fría, la multipolaridad provocó la diversificación de nuevos programas espaciales en Europa y Asia. Sin embargo, en el terreno espacial continúa una acentuada concentración de la investigación por parte de Estados Unidos y Rusia. Por ejemplo: en la Estación Espacial Internacional participan de forma activa al menos otros 15 países, casi todos europeos: Gran Bretaña, Francia, Alemania, Dinamarca, España, Italia, Holanda, Suecia, Bélgica, Suiza, Noruega, así como Japón, Canadá y Brasil.
Después de los accidentes de los transbordadores espaciales Challenger en 1983 y Columbia en 2003, la industria espacial experimentó una revigorización en la última década. La investigación del espacio ultraterrestre sigue siendo tan importante como en la Guerra Fría. El programa de Rusia 2016-2025 prevé un presupuesto de 19.8 mil millones de dólares para la puesta en órbita de al menos 155 objetos tripulados y de carga. En 2015 Estados Unidos aprobó en su presupuesto 18 mil millones destinados a la NASA, cuyo objetivo más ambicioso consiste en llevar a cabo la primera misión tripulada a Marte en los próximos 20 años: la Guerra Fría no ha concluido.
La Agencia Espacial Europea, fundada en 1975, tiene 22 países asociados y dispone de un presupuesto de 4 mil 282 millones de euros. Ha desarrollado importantes proyectos, como el sistema global de navegación satelital Galileo y el lanzador satelital Ariane. Por otra parte la agencia espacial japonesa completó exitosamente el envío de sondas a la Luna y Marte, mientras que China se convirtió en el tercer país en enviar a un hombre al espacio (taikonauta) en la nave Shenzhou en el 2003.
Mexicanos sobresalientes, como Rodolfo Neri Vela y José Moreno Hernández, han participado en proyectos conjuntos con la NASA. En nuestro país se creó la Agencia Espacial Mexicana, organismo descentralizado del gobierno federal, aprobado por el Congreso en 2010, con un presupuesto inicial de 10 millones de pesos. México se incorporó tarde a la carrera espacial, una competencia que parece exclusiva de una élite científico-militar. La investigación espacial y sus beneficios para las telecomunicaciones, así como la evaluación de nuestros recursos naturales desde el espacio exterior, no pueden, ni deben desaprovecharse.