Luis Gutiérrez
Lo ocurrido el domingo 19 de junio de este año en Nochixtlán, Oaxaca, fue un suceso de extrema gravedad que se sumó, por un lado, a una penosa cadena de torpezas y excesos del poder público y, del otro, a una actitud de obcecación del magisterio disidente, afiliado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
La muerte de seis mexicanos y las lesiones conferidas a casi un centenar de personas no son, no deben ser consideradas un asunto menor. El diferendo entre el gobierno federal y la disidencia magisterial sobre la mal llamada “reforma educativa” se propaga peligrosamente y amenaza con contaminar la frágil gobernabilidad del país.
Reforma, por cierto, que ni es reforma ni es educativa. Desde que nació (la cobijó el Pacto por México), se percibió su propósito (torpe, impolítico), de aniquilar a la disidencia magisterial, con una pretendida evaluación acotada e insuficiente.
Los lugareños que salieron de sus viviendas a recoger piedras para unirse a los disidentes de Nochixtlán, significan una sonora voz de alerta, digna de ser escuchada y atendida. Es ridículo el eufemismo de llamar “mal humor” al hartazgo y a la indignación social.
No se trata solamente del conflicto con la CNTE. Son millones los focos rojos de advertencia que titilan en el seno de cada hogar agobiado por la miseria; en cada joven sin oportunidades; en cada mujer víctima de abusos; en cada ciudadano vejado, secuestrado, extorsionado; en cada inocente encarcelado mientras el poder público exhibe la impunidad con que protege a ladrones de cuello blanco; en cada asesinato; en cada saqueo impune de las arcas públicas. Una y otra vez, cien y diez mil veces más, se repite el ¡ya basta!
Desde el poder público se invoca, a rajatabla, el respeto a una Constitución que es reiteradamente violada por el autoritarismo y los abusos de ese poder, en tanto desde el magisterio disidente se insiste en “luchar por la causa” a despecho de los derechos de los demás: espectadores, víctimas indefensas de marchas, bloqueos, trifulcas callejeras, secuestros e incendios de vehículos, allanamiento de oficinas públicas…
Los ciudadanos al margen, pero víctimas del conflicto: padres de familia, maestras y maestros, niñas y niños, al igual que jóvenes de educación media y superior, exigen y merecen hoy:
A) Una genuina reforma educativa que incluya la revisión profunda de programas y métodos de enseñanza en todos los niveles, acordes con la evolución cultural, económica y política de la sociedad mexicana y del entorno internacional.
B) Una reforma educativa que no esté contaminada por los intereses de carácter político y laboral de cualquiera de las partes en conflicto, acuñados durante décadas de una relación corporativa corrupta y perversa, entre los maestros sindicalizados y el poder público.
C) Una reforma educativa que evalúe la calidad y autoridad académica de quienes hoy pretenden ser evaluadores del magisterio.
D) Una revisión profesional, de calidad y a fondo, de los programas de enseñanza en las Escuelas de Enseñanza Normal en todo el país.
E) Una reforma constitucional que ponga la educación pública de los mexicanos en funcionarios competentes y confiables; acreditados por su trayectoria docente, pero también por su capacidad para enfrentar las crisis que suelen concurrir en diversos niveles del ámbito educativo.
F) Una investigación profunda de la anacrónica relación política y laboral del gobierno con sus trabajadores, relación que desde hace décadas prohijó el surgimiento de liderazgos sindicales corruptos. La transparencia y la rendición de cuentas deben llegar al sindicalismo. Los trabajadores deben saber qué se hace con sus cuotas; a qué beneficios tienen derecho y cuáles les son escamoteados; debe garantizarse a obreros y burócratas la libertad de elegir, el derecho a decidir. No más líderes multimillonarios y trabajadores en la miseria. Es inadmisible e intolerable que se haga “justicia” selectiva: a la cárcel los no alineados y un manto de protección e impunidad para los que se disciplinan.
La Educación Pública de México, en fin, debe dejar de ser una concesión política, un ejercicio irresponsable de cuatismo.