Ruth Rodríguez
Integrante Jóvenes en Movimiento Estado de México
¿La desigualdad será realmente un fenómeno indisoluble de la jerarquía del poder? o ¿será realmente que en México la población está tan acostumbrada a ciertos factores que ya siente inatacable esta situación? Cuando hago mención de la existencia de ciertos factores me refiero a que, si bien es cierto, la jerarquía que existe en el poder tiene una relación impresionante con la desigualdad, no quiere decir que sea inatacable, sino que del poder se derivan los factores que la propician.
La desigualdad en México tiene profundas raíces históricas y es cada vez más compleja; asume diversas expresiones y es multifactorial. El hecho de que nuestra nación sea producto de una conquista en lugar de una colonización, da origen a una serie de fenómenos sociales que explican de cierta manera el porqué de nuestra cultura y de algunos problemas, como la desigualdad.
La sociedad mexicana es profundamente clasista, a tal grado que nos guiamos por la capacidad adquisitiva para determinar nuestra valía e importancia. Tenemos un sistema legal que contempla una serie de garantías para aminorar este problema; sin embargo, sólo es un paliativo para mantener este orden. Al fin, ¿quiénes crearon este ordenamiento legislativo, sino los empoderados? Entonces, partiendo de que atiende los intereses de un grupo determinado, es lógico que se pretenda mantener sesgada esta desigualdad social.
Por un lado, un factor importante que propicia la desigualdad es la falta de trabajo, o peor aún, la mano de obra malbaratada, que tiene como consecuencia la migración del campo a la ciudad para encontrar un mejor trabajo o una remuneración adecuada, para poder solventar las necesidades básicas de una familia. Esto provoca el crecimiento desordenado de la población en las grandes ciudades del país y es así como surgen los enormes cinturones de miseria; y por consiguiente, la delincuencia.
Por otro lado, existen concesiones otorgadas por parte del gobierno a extranjeros para la explotación de recursos, bienes y servicios que han favorecido sólo a ciertos grupos de personas, dejando a un lado la posibilidad de crecimiento nacional y, por el contrario, aumenta la economía informal.
Lo mismo pasa con los monopolios o duopolios existentes en el país, que son una práctica prohibida y fundada en nuestra Constitución; al existir monopolios, estos son capaces de establecer precios a su conveniencia. Lo mismo ocurre con productos básicos, inalcanzables para la población más vulnerable o que se encuentra en situación de pobreza; estos actos monopólicos frenan la oportunidad de crecimiento de nuevas empresas mexicanas que bien podrían dar trabajo a gran cantidad de personas y darle un gran seguimiento a la competitividad del país.
Aunado a esto, vienen los impuestos, ¿qué pasa con el régimen fiscal de nuestro país? Siempre es más favorable para aquellas personas que perciben un mayor ingreso ya que éstas tienen la oportunidad de deducir impuestos. Un ejemplo de esto y al mismo tiempo otro derecho social, es la educación; las colegiaturas de las escuelas privadas son deducibles de impuestos mientras que un gran porcentaje de las escuelas públicas, mayormente en las zonas rurales, carecen de servicios básicos, lo que causa una gran desigualdad entre ambos sectores e implica una desventaja para la población que tiene menos recursos. Esto también tiene como resultado la delincuencia por parte de jóvenes que tienen pocas oportunidades de estudiar o trabajar.
¿Por qué no hacer válidos los principios reguladores del derecho tributario? Específicamente el principio de proporcionalidad, a mayor ingreso mayor cantidad de tributo, no de manera inversa para favorecer siempre a los que tienen la posibilidad de percibir una mayor remuneración. Aplicar ciertas exenciones a poblaciones vulnerables y aplicar también el principio de proporcionalidad a la cuota tributaria.
Nosotros como jóvenes y futuro del país, deberíamos empoderarnos para hacer un cambio en la sociedad, lograr que cada vez más mexicanos y mexicanas tengan un nivel de vida adecuado, lograr que los derechos sociales garantizados en nuestra Constitución sean realmente universales, ya que el poder no siempre es el que tienen los gobernantes, sino el que logra un impacto real y transformador en la sociedad.
