Luis Gutiérrez Rodríguez
El pasado lunes 6 de junio, las noticias terminaron por convertirse en un lugar común: “Derrota histórica del PRI” en los comicios locales del domingo anterior, efectuados en 13 entidades federativas.
En ellos se eligieron 12 gobernadores y 60 diputaciones para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México; además 239 diputados de mayoría relativa, 149 de representación proporcional y 965 ayuntamientos de los dos mil 445 municipios que hay en el país.
Ciertamente el descalabro del partido en el poder fue de llamar la atención. No hay registro de tantas gubernaturas perdidas en una sola jornada electoral ante partidos políticos de oposición: perdió siete de 12.
Otros factores formaron parte del debate que se abrió en medios entre analistas, comunicadores, empresarios y dirigentes políticos: a) el abstencionismo, que particularmente en la Ciudad de México, significará una asamblea constituyente deslegitimada, y b) el sorprendente triunfo de los candidatos del Partido Acción Nacional (con algunos aliados) al llevarse siete de las 12 gubernaturas en disputa.
En cuatro de las siete entidades federativas el partido derrotado había gobernado durante 86 años consecutivos: Veracruz, Tamaulipas, Durango y Quintana Roo. Hay en ellas, además, un curioso factor común: la presencia activa de bandas criminales dedicadas al asesinato, el secuestro, la extorsión y el narcotráfico, que se disputan por igual territorio y dinero, así como un caldo de cultivo ideal para quienes están dispuestos a atizar el fuego de la ingobernabilidad: la profunda desigualdad social, la miseria de millones de compatriotas, inadvertida o soslayada por quienes ejercen el poder en autos blindados, rodeados de guaruras.
Sin embargo, se impone encontrar y ubicar respuestas para algunas interrogantes: dados los triunfos proclamados, ¿se derechiza el país? ¿Fue en realidad aplastante la derrota infligida al partido en el poder? ¿Cuál fue el factor decisorio en el electorado? ¿Por qué la abstención? ¿Está a la vista una gran oportunidad de crecimiento para la oposición, especialmente para Movimiento Ciudadano, la organización política que propicia y alienta el espacio de libertad de que disfruta El Ciudadano? ¿Es llegada la hora de empoderar realmente al ciudadano, lograr el cambio y darle un nuevo rumbo a México?
Sabido es que después del proceso revolucionario en Francia, al acomodarse en el recinto de la Asamblea Legislativa para debatir la continuidad de la monarquía o el cambio de régimen, quienes estaban a favor del continuismo se sentaron a la derecha, en tanto que los defensores de la república, de los derechos civiles y de la democracia, lo hicieron a la izquierda. De este hecho anecdótico derivaron dos definiciones históricas del pensamiento político: la conservadora, proclive a la desigualdad, a la preservación de privilegios y por ende a la diferencia de clases; y de otra parte la progresista, que está por la justicia social, en contra de la pobreza y a favor de los derechos ciudadanos implícitos en toda democracia.
¿Ganó la derecha en las elecciones locales del 5 de junio último?
No. La decepción y la irritación popular son evidentes. El domingo 5 de junio se impuso el llamado voto útil, el voto de la insatisfacción y del descontento, que acude a las urnas a manifestar su rechazo a un mal gobierno y a depositar su esperanza en quien cree que puede derrotar al poder y lograr el cambio, en ese orden. Así impiden, más por intuición que por consigna, la dispersión del voto, fenómeno que favorecería al grupo gobernante y a sus compañeros de viaje: los poderes fácticos.
Ante las derrotas sufridas, el partido en el poder ofrece lo que ha ofrecido retóricamente durante décadas: acercarse a los intereses ciudadanos, pero no hay señales convincentes de que esta conducta vaya a cambiar.
Pero el partido en el poder no está liquidado. En agosto del año 2000, vibrante todavía el país por lo que se creyó “transición democrática” (la conquista, esta sí histórica, aunque frustrante a la postre durante los dos sexenios subsecuentes), un connotado dirigente priista le comentó al autor de estas líneas: “Con nuestros gobernadores, nuestros legisladores y nuestros alcaldes, seguimos en el poder; serán muy p… si nos dejan vivos”.
El partido ganador en el año 2000 tuvo 12 años para consumar la transición y no lo hizo. Hoy, el dinosaurio sigue vivo. Obtuvo el 5 de junio, entre otros triunfos, las gubernaturas de Hidalgo, Oaxaca y Zacatecas. Con todo y el abstencionismo registrado, su voto cautivo sigue siendo importante. Coaligado, logró mayoría en siete de las 12 legislaturas que se renovaron.
Conviene hacer memoria. Hace menos de un año, en agosto de 2015, una encuesta reveló que el 72% de los ciudadanos mexicanos interrogados tiene poca o ninguna confianza en el gobierno.
¿La causa? En 2012 el candidato presidencial del partido actualmente en el poder prometió:
- Reducir la violencia, combatir la impunidad, hacer valer la justicia y lograr la paz; recobrar la tranquilidad en ciudades, pueblos y carreteras del país; transitar con seguridad, sin temor de perder la libertad o la vida, a manos del crimen.
- Lograr un México incluyente. Combatir la pobreza y cerrar la brecha de la desigualdad, que aún divide a los mexicanos.
- Educación de calidad para todos. Enfrentar los rezagos educativos para estar al nivel de las naciones desarrolladas.
- Crecimiento económico sólido y sostenido en toda la geografía nacional para lograr un México próspero.
- Fomentar la cooperación entre las naciones y convertir a nuestro país en factor de estabilidad en un mundo convulso.
Nada de eso se ha cumplido. Y en algunos casos la situación ha empeorado, como lo constatan el avance de la corrupción y la impunidad.
La vida democrática no se agota en los procesos electorales. Es forma de vida en construcción permanente. En la democracia, los comicios sirven para que se ejerza la voluntad popular en la elección de los gobernantes, pero también para medir y valorar las expresiones ciudadanas, que dispone de la vía de las urnas para manifestar su apoyo, su inconformidad, su rechazo o su repudio a quienes llevó al poder para que fueran servidores públicos; para aprobar su desempeño cuando cumplen con su compromiso, o para manifestarles su repulsa cuando traicionan la confianza ciudadana e incluso lucran con ella.
Hace apenas tres años, de acuerdo con el Informe Latinobarómetro 2013, únicamente el 37% de la ciudadanía mexicana valoraba positivamente a nuestra democracia. Según la misma fuente, al final del sexenio anterior (2006) el 54% de los ciudadanos encuestados apoyaba decididamente a la democracia; al cierre de la administración de Felipe Calderón (2012) el indicador había descendido al 40%. Y un año después bajaría tres puntos más.
Dice el Informe Latinobarómetro que entre 1995 y 2013, México perdió 12 puntos porcentuales respecto del promedio latinoamericano de apoyo a la democracia, lo que lo sitúa como el segundo país de América Latina con mayor retroceso en la materia consultada.
Hay en aquel informe un dato adicional inquietante: alrededor del 50% de los encuestados manifestaron estar dispuestos a ceder libertades a cambio de un mayor bienestar. Además: el 34% aseguró que en los 12 meses anteriores a la consulta ellos o sus familias no tuvieron recursos suficientes para adquirir alimentos, en tanto que el 54% declaró que por lo menos una vez en ese periodo se quedó sin dinero para comprar comida.
La democracia, el sistema de justicia, el Congreso, los cuerpos policiacos y en general las instituciones están en entredicho (hay que decirlo: con notables excepciones, como las acreditadas conductas de los representantes de Movimiento Ciudadano en el Senado, en la Cámara de Diputados federal y en las legislaturas de los estados). Los ciudadanos desconfían de ellas y de quienes gobiernan al país.
Abstencionismo
De ahí proviene, en buena medida, el abstencionismo registrado en anteriores y en estas elecciones. En la Ciudad de México, por ejemplo, estuvieron debidamente acreditados 7 millones 529 mil 950 ciudadanos para votar el 5 de junio, pero solamente tres de cada diez lo hicieron. Como lo señalamos al principio de esta entrega, la consecuencia será que la Asamblea Constituyente encargada de redactar una nueva Constitución para 9 millones de mexicanos, estará deslegitimada por su escasa representación: 28.3% del padrón emitió su voto.
Recuérdese que de sus 100 diputados, 60 fueron electos por voto directo. El 40% restante se integrará mediante “cuotas” del Senado (14 senadores), de la Cámara de Diputados (14 legisladores), seis del Presidente de la República y seis del Jefe de Gobierno de la capital del país. Todo ello a un costo de 490 millones de pesos.
Los llamados candidatos independientes no corrieron mejor suerte: consiguieron el 8.3% del total de los votos, apenas .4% más de los sufragios que fueron anulados: 7.9%.
Hay una paradoja en el escenario de la abstención: no obstante las campañas sucias, pletóricas de descalificaciones y sin propuestas, millones de ciudadanos empiezan a percatarse del poder de su voto; pero también son millones los que aún no advierten ningún beneficio personal por acudir a las urnas.
Nueva cultura democrática
En este desafiante escenario, el esfuerzo resulta descomunal cuando en las alturas del poder se actúa a contracorriente. Sin embargo, está claro que avanzar hacia una nueva cultura democrática es responsabilidad de todos: gobierno, partidos, organizaciones sociales y ciudadanía.
Se trata de consolidar valores con ciudadanos de calidad, que participen en la construcción de una nueva cultura de respeto a la legalidad, de tolerancia y respeto a la diversidad, convencidos de que la vía democrática es la mejor para alcanzar bienestar y paz.
La pobreza
El deterioro democrático está asociado a las condiciones de pobreza, desigualdad e inseguridad pública vigentes en nuestro país.
Respecto de la primera condición, México aparece en el Latinobarómetro como uno de los países con mayor proporción de personas que sostienen que ellas o sus familias, alguna vez o de manera frecuente, no han tenido recursos para comer.
En efecto, el estudio sostiene que a la pregunta: “En los últimos 12 meses, ¿cuán seguido usted o su familia no han tenido suficiente comida para alimentarse?”, el 34% de las personas en México declara haber estado en esa situación “algunas veces” o “seguido”.
Datos del INEGI revelan que más del 65% de la población labora en condiciones de informalidad, y que alrededor del 30% del total de quienes trabajan lo hacen en la economía de la supervivencia en la vía pública.
La delincuencia y la inseguridad no son ajenas a estos datos. Casi el 30% de los mexicanos cree que se trata del segundo problema de mayor gravedad del país.
Para maquillar esta realidad o soslayarla, los gobiernos autoritarios han encontrado una fórmula terriblemente sencilla y cínica: negarlo o ignorarlo todo. Como dijo un cretino ex presidente de México en relación con los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa: “Hay que continuar adelante. La vida sigue”.
Pero los gobiernos autoritarios generan todo menos estabilidad y bienestar: detrás de la mal disimulada paz social, persisten la profunda corrupción, secuestros, extorsiones y asesinatos; la falta de oportunidades educativas y laborales, la desigualdad y la pobreza prevalecen.
Escribió Miguel Ramos Arizpe: “La educación pública es uno de los deberes de todo gobierno ilustrado; sólo los déspotas y los tiranos sostienen la ignorancia de los pueblos para más fácilmente abusar de sus derechos”. Con Ramos Arizpe coincide el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers: “Una nación con insuficiente educación tiene un triste porvenir”.
En lamentable contraste, el gobierno federal anuncia la construcción de cuatro penitenciarías más en el territorio nacional, mientras que hace más de tres décadas se suspendió la construcción de universidades públicas. La última fue la UAM, cuya primera unidad se inauguró en 1974.
Hacia el 2018
Independientemente de los comicios locales de 2017 cuando, entre otros cargos de representación, se elijan gobernadores en el Estado de México (más de 11 millones de ciudadanos empadronados), Coahuila y Nayarit, así como 212 alcaldes en Veracruz, habrá un nuevo escenario político para las elecciones presidenciales de 2018.
De hecho, los prolegómenos políticos de la contienda presidencial en 2018, ya empezaron.
Ciertamente, hay en ellos una gran oportunidad para millones de mexicanos proclives aún al “voto útil”, esperanzados en lograr la expulsión del poder de una fuerza política (como tal, no como partido), que ha permanecido en él durante casi nueve décadas.
Pero también hay una importante coyuntura para los genuinos promotores del cambio histórico con rumbo, en cuyo caso está inequívocamente Movimiento Ciudadano. La sociedad ha cambiado y sus ciudadanos reestructuran su fuerza y sus objetivos. También deben hacerlo las organizaciones mediante la ciudadanización de la política, a fin de lograr una democracia participativa para todos los mexicanos; una democracia que se traduzca en más sociedad y menos gobierno; en la apertura real de espacios políticos para los ciudadanos hasta empoderarlos, situarlos al frente de gobiernos honestos, transparentes, comprometidos con las libertades y el bienestar de los mexicanos.
Es necesario realinear fuerzas y construir el consenso en torno al proyecto.
Hay que acercarse al ciudadano. Más allá de la retórica, compartir en los hechos sus sueños, sus exigencias, sus esperanzas, garantizarle el acceso a la cultura democrática y hacerlo participar política y electoralmente a fin de allegarle las herramientas suficientes para elegir a sus propios líderes. Los hechos, los ejemplos, suelen ser el complemento clave y eficaz de una causa o una idea para lograr la unidad.
Luchar frontalmente contra el creciente abstencionismo es un objetivo prioritario. El declive en la participación electoral es un síntoma de decadencia de la democracia.