«El gran propósito de la reforma educativa es hacer de la educación la fuerza transformadora de México”, según expresión textual de un comunicado de la Presidencia de la República, a propósito del proyecto promulgado en febrero de 2013 (fruto directo del Pacto por México firmado en los albores del sexenio 2012-2018).
Han pasado más de tres años de vendavales callejeros. Tan publicitada e inexpugnable como controvertida e impugnada, la “reforma educativa” de 2013 avanza a rajatabla. Mientras la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE) se desgañita en contra, el gobierno dice que “no hay marcha atrás”.
En pleno diálogo de sordos, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ejecutó el miércoles 20 del pasado mes de julio un acto de prestidigitación: montó un espectacular escenario para presentar una propuesta a fin de cambiar la forma en que se dan clases en México, desde el nivel preescolar hasta el medio superior. La propia SEP presentó esta propuesta como “nuevo modelo educativo”. En pocas palabras, más de tres años después de proclamada la reforma educativa, la SEP presenta lo que debió ser la esencia, el meollo, el fundamento del proyecto promulgado en febrero de 2013 para, entonces sí, cumplir con el “gran propósito de hacer de la educación la fuerza transformadora de México”.
Nuestro país no puede seguir al garete, sometido a ocurrencias carentes de rumbo; sin un genuino proyecto de Nación que sólo puede lograrse con visión de futuro, sobre una amplia base de consenso social y mediante un cambio integral, pero sensato, del modelo político, económico y social.
Mucho más allá del paquete reformista e insuficiente diseñado desde Los Pinos, el nuevo proyecto de Nación debe incluir, por lo menos:
a) Combate frontal y efectivo contra la corrupción y sus agentes promotores. En las páginas centrales de esta edición se describe la vergonzosa situación de México en materia de corrupción e impunidad.
b) Castigo para quienes se enriquecen ilegítimamente, a expensas del erario público.
c) Disolución del fuero constitucional para legisladores y funcionarios públicos.
d) Rendición de cuentas con revocación de mandato para todo funcionario que no cumpla con eficacia sus obligaciones, previo referéndum a la mitad de su periodo de servicio: alcaldes, gobernadores y Presidente de la República.
e) Revisión integral y reestructuración, donde sea necesario, de las políticas públicas del Estado vinculadas al desarrollo social.
f) Segunda vuelta electoral. Es indeseable, por decir lo menos, que asuman el poder público quienes no alcancen al menos el 51% de los votos emitidos en una elección. No más gobiernos sin sustento ciudadano.
g) El diseño de una nueva política económica que, sin desconocer sus compromisos internacionales, privilegie la inversión pública en proyectos que produzcan empleos.
h) Una política fiscal justa y equitativa, que distribuya la carga impositiva en razón de los ingresos.
Como lo señala el artículo 3° constitucional, la democracia no debe considerarse solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Los ciudadanos mexicanos exigen gobiernos con visión de futuro, no improvisaciones.
