Sistemáticamente y de manera común, las altas autoridades mexicanas, ante el reclamo reiterado de los ciudadanos por el mal comportamiento y abuso de funciones y poderes de los servidores públicos, protegen, alegan y ensalzan su desempeño. Así, con un manto protector impenetrable los servidores públicos son defendidos, desde el más básico hasta el más encumbrado de ellos.
Muchas de las veces esta protección se ha hecho por el mismo presidente de la República, secretarios y subsecretarios, pasando por gobernadores, presidentes municipales y altos mandos locales, incluidas las mismas autoridades judiciales y de justicia. Tal situación se ha hecho evidente en los últimos años, particularmente en la esfera de los derechos humanos, la seguridad pública, la impartición de la justicia, la protección ciudadana, entre otros casos más.
Hemos visto cómo las altas autoridades ciegamente asumen la protección y garantía de empleados públicos sobre los que difícilmente tienen cabal conocimiento de su desempeño. Tal protección es manifiesta sobre empleados encargados de proteger a los ciudadanos, y sobre aquellos avocados a la tarea de garantizar el buen uso y aplicación del gasto público, tal como los medios de comunicación lo han demostrado a lo largo y ancho del país.
De esta manera, resulta que el inicio de la cadena burocrática y de la función pública termina gobernado en cada una de las instancias de poder superiores, hasta terminar controlando a la misma cabeza de la dependencia y órgano de gobierno. Así, hemos visto cómo las autoridades defienden el grave y adverso comportamiento público de policías, ministerios públicos, jueces, magistrados, entre otros más. De igual forma, son protegidos funcionarios y empleados encargados de los caudales públicos.
Este comportamiento de las autoridades, brindando protección ciega a los empleados y funcionarios públicos, bien puede ser el resultado del sistema de corrupción e impunidad que prevalece en casi todo el país y los órdenes de gobierno. Un sistema que permea de arriba hacia abajo, haciendo finalmente que los altos funcionarios terminen siendo capturados por las instancias iniciales de la cadena de control y mando de la burocracia. Bajo este sistema, unos y otros se protegen y cada quien ve por los intereses compartidos.
Política y gubernamentalmente, bien se puede decir que en México la cola no sólo mueve al perro, sino que conduce al que lleva al perro y hasta al dueño del perro. Mientras, sigamos viendo y escuchando cómo nuestros políticos y funcionarios defienden la conducta y comportamiento de sus subalternos, aunque seamos objeto de tantos señalamientos internacionales institucionales.